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Panorama

Gobernadora de Valverde recula y deja sin efecto comunicado donde obligaba a personal a vacunarse

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La Gobernadora de Valverde, Deysi Aquino, dejó sin efecto la comunicación donde obligaba a su personal a vacunarse contra el covid y que de lo contrario, serían suspendidos de sus empleos sin disfrute de sueldo.

Agregó, que la esencia de esa comunicación era la persuasión para que se acojan al llamado y confíen en el programa de vacunación anti covid-19.

En las redes sociales ha circulado una comunicación firmada y sellada por la funcionaria, fechada del 7 de junio (un día después de las declaraciones del presidente Luis Abinader  de que nadie sería obligado a inocularse), la cual fue dirigida al señor Orvin Rodríguez, encargado de la Zona de Riego del INDRHI, en la que advierte que todo personal bajo su mando debe estar debidamente vacunado de manera obligatoria contra la Covid-19, y de no hacerlo se suspendería dicha persona sin disfrute de sueldo, hasta que sea inmunizado.

“El fin esencial de esa comunicación era y es la persuasión a los valverdenses que ejercen cargos públicos, desde el más encumbrado hasta el más humilde, para que acojan el llamado y confíen en el programa de vacunación anti covid-19. Reitero mis excusas por no haberme percatado de los términos que han ocasionado las reacciones. Me comprometo a dejar sin efecto la referida comunicación y a redactarla y dirigirla nueva vez como debe ser”, precisó Aquino en un comunicado de prensa.

Añadió, que, con la revocación del comunicado, no pretende justificarse y dijo que no detallará las circunstancias en que se produjo ese texto, “porque es preferible admitir un error (directo o indirecto), que poner a volar las especulaciones”.

“No voy a pretender justificarme y mucho menos entrar en alegatos de errores sintácticos que, por mera confusión, desvirtuaron el espíritu de ese comunicado, convirtiéndolo, sin intención malsana, en algo que ha podido ser interpretado como de índole impositiva y antidemocrática. Lo admito y, reitero, las circunstancias en que se produjo ese texto, no las voy a detallar, porque es preferible admitir un error (directo o indirecto), que poner a volar las especulaciones”, indica el escrito.

Comunicado íntegro

DECLARACIÓN DE PRENSA

​El pasado lunes 7 de junio de 2021 en curso, a mi firma fue dirigida una comunicación a los hombres y mujeres que encabezan las instituciones gubernamentales que hacen vida en la provincia Valverde, de la que me honra ser la Gobernadora Provincial y, por consiguiente, representante del Poder Ejecutivo en esta demarcación.

​No voy a pretender justificarme y mucho menos entrar en alegatos de errores sintácticos que, por mera confusión, desvirtuaron el espíritu de ese comunicado, convirtiéndolo, sin intención malsana, en algo que ha podido ser interpretado como de índole impositiva y antidemocrática.

​Quienes me conocen como persona, como servidora pública, como mujer, no necesitan que me justifique; quizá no necesiten explicaciones; pero soy, reitero, una servidora pública que me consagro como demócrata, respetuosa de los derechos de los demás e identificada firmemente con el carácter y el ejemplo de apertura que vivifica nuestro excelentísimo señor Presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona.

​Los errores, aun se hayan cometido sin intención de dañar ni de herir susceptibilidades, son propios de los seres humanos. Quienes ejercemos funciones públicas somos seres humanos, propensos a cometer errores.

​Los términos de “obligatoriedad” de la vacuna anti COVID-19, jamás debieron aparecer en esa comunicación, como tampoco los que conminan a la “suspensión” de aquellos servidores que no se prestaran al deber cívico, solidario y humanista de inocularse contra esta terrible enfermedad.

Lo admito y, reitero, las circunstancias en que se produjo ese texto, no las voy a detallar, porque es preferible admitir un error (directo o indirecto), que poner a volar las especulaciones.

​Por el contrario, me satisface sobremanera saber que quienes ocupamos funciones públicas hoy en día, debemos actuar con más transparencia, cuidado, firmeza y apego a los principios éticos y morales. El escrutinio público es bueno en una democracia y saludo que este pueblo esté identificado con el compromiso de cambio integral que enarbola nuestro Presidente Luis Abinader. Por eso se ha constituido en el primer vigilante de la conducta de quienes servimos en la función pública y en férreo exigente del cumplimiento de las normas.

​El fin esencial de esa comunicación era y es la persuasión a los valverdenses que ejercen cargos públicos, desde el más encumbrado hasta el más humilde, para que acojan el llamado y confíen en el programa de vacunación anti COVID-19. Reitero mis excusas por no haberme percatado de los términos que han ocasionado las reacciones.

Me comprometo a dejar sin efecto la referida comunicación y a redactarla y dirigirla nueva vez como debe ser, sin renunciar a los esfuerzos para motivar a cada habitante de mi provincia, a vacunarse, como única forma de enfrentar exitosamente esta pandemia y volver a estar todos juntos, trabajando con ahínco para que el cambio se dé con firmeza.

10 de junio de 2021.

Deysi Aquino
Gobernadora de la Provincia Valverde

FUENTE: El Nuevo Diario

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Panorama

Renuncia el equipo completo de Comunicación Alcaldía SDE

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A solo horas del nombramiento de Jhonatan Liriano como vocero oficial de la Alcaldía de este municipio, renunció ayer el equipo completo de comunicación de dicha institución, por la falta de apoyo recibido por parte del alcalde Manuel Jiménez.

Así lo reveló una fuente este miércoles a El Nuevo Diario, la cual destacó que en más de un año que el equipo se mantuvo en la posición, nunca recibió el apoyo económico y logístico necesario para trazar sus políticas comunicacionales.

Los renunciantes son Nilda Alaniz, quien era la encargada de Comunicación y cuya decisión es “irrevocable”, de acuerdo a la fuente; Eloy Tejeda, encargado de Relaciones Públicas, y José Antonio Aybar, entre otros empleados.

“Ese equipo siempre tuvo muchas carencias para hacer el trabajo que debieron hacer, pero no lo tuvo”, manifestó la fuente.

La misma agregó que Alaniz, Eloy y José Antonio “sabían el trabajo que debían hacer, pero si no lo dejaban accionar, sino simplemente los llamaban cuando el lío estaba armado, no estaban haciendo su trabajo”.

Sumado a esto, la fuente reveló que los comunicadores nunca tuvieron un presupuesto asignado, lo que les imposibilitó ayudar a aquellas personas que siempre colaboraban con ellos.

Al hacer contacto con Alaniz y Eloy, estos confirmaron su renuncia y aprovecharon para agradecer a todos los comunicadores que siempre le apoyaron.

Asimismo, sostuvieron que pese a su renuncia, el alcalde Jiménez puede contar con ellos.

Dijeron que en lo adelante harían un comunicado público para ofrecer otros detalles sobre su decisión.

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Estado se querella contra Jiménez Bichara, hermano y dos cuñados de Danilo Medina

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Tras los hallazgos en las investigaciones y auditorias realizadas en las empresas distribuidoras de electricidad, el Estado dominicano ha presentado hoy por ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), una querella penal con constitución en actor civil contra un presunto entramado criminal de personas y empresas que estafaron al Estado a través de las EDEs más de RD$ 20,000 millones.

En un comunicado de prensa se indicó que se les acusa de estafa agravada en contra del Estado, coalición de funcionarios, prevaricación, lavado de activos, falsedad en documentos privados y uso de documentos falsos, asociación de malhechores y soborno a funcionarios.

Los imputados son Rubén Jiménez Bichara (ex vicepresidente ejecutivo de la CDEEE), Luis Ernesto de León Núñez (ex administrador general de Edeeste), Rubén Montás Domínguez y Radhamés del Carmen Maríñez (ambos (ex administradores generales de Edesur), Julio César Correa (ex administrador general de Edenorte), Maxy Gerardo Montilla Sierra y Alexander Montilla Sierra (ambos hermanos de la ex primera dama Candy Montilla de Medina), Juan Alexis Medina Sánchez (hermano del expresidente Danilo Medina) y Messin Elías Márquez Sarraff, Domingo Antonio Santiago, Miguel Antonio Reyes Reyes, Peter Alexis Francisco Tejada y Dileisi de Jesús Rivera, así como Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda (también imputados en el caso Pulpo) y más de 25 empresas nacionales que fueron presuntamente parte del entramado mafioso contra las cuales en el día de hoy se interpuso la querella.

Andrés Astacio, vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, señaló que “la presente querella tiene como objeto poner en conocimiento del Ministerio Público este entramado fraudulento destinado a cometer crímenes en contra del Estado Dominicano, en su calidad de accionista mayoritario de las empresas, así como de las propias EDESUR, EDENORTE y EDEESTE, a partir de las contrataciones públicas amañadas, fraudulentas y sobrevaloradas realizadas en violación de las leyes de la República”.

El equipo jurídico contratado, coordinado por el Dr. Miguel Valerio e integrado por prestigiosos abogados y firmas dominicanas de Derecho, ha realizado en los últimos meses auditorías en cada una de las EDEs, con la revisión de cientos de procesos, estudios de miles de páginas de documentos, entrevistas, análisis forenses, entre otras vías de actuación. Estos trabajos han evidenciado el modus operandi de la estructura mafiosa que operaba y han permitido cuantificar los montos envueltos en cada una de las operaciones realizadas.

Las intensas indagaciones han puesto en evidencia que EDESUR, EDENORTE y EDEESTE han acumulado un gran déficit funcional y operativo debido a las pérdidas insalvables producto de la corrupción y el manejo fraudulento de sus recursos por quienes estaban llamados a administrarlos de manera pulcra y honrada.

El entramado corrupto gestó un premeditado operativo basado en: a) contrataciones amañadas e ilegales, en donde se sobrevaloraban los costos de los bienes y servicios prestados; b) se adquirían bienes y servicios que no se necesitaban; c) se contrataban personas y empresas vinculadas que, muchas veces, no eran los mejores proveedores ni se encontraban capacitados para serlo, y, d) en muchas ocasiones se erogaban fondos de manera directa en manos de personas allegadas cuando no se correspondía.

El fraude contra el Estado, indica la querella, no se realizó únicamente a través de contrataciones ilícitas en las EDEs sino que también era ejecutado directamente con la CDEEE, a través de licitaciones manejadas a favor de los hoy querellados, incluso cuando dichos procesos eran realizados con fondos provenientes de facilidades crediticias otorgadas por organismos internacionales.

En la querella se solicita a la PEPCA que inicie las investigaciones pertinentes para determinar la ocurrencia de los hechos punibles y sus responsables, especialmente a los miembros de los comités de compras y contrataciones, y a los miembros de los Consejos de Administración de las EDEs que ocuparon sus cargos en el periodo 2012 a agosto de 2020. Asimismo, se pide al juez de instrucción la imposición de medidas de coerción, atendiendo a la gravedad de las circunstancias reveladas y ante el peligro de destrucción de evidencias por parte de los imputados.

Por último, el Estado, EDENORTE, EDESUR y EDEESTE, como actores civiles, solicitan evaluar, provisionalmente y de manera preliminar, en la suma de RD$ 50,000 millones el monto resarcitorio a ser pagado por los querellados como justa reparación por los daños y perjuicios ocasionados en perjuicio del Estado dominicano, más los intereses judiciales y accesorios que pudieren derivarse de dicha suma.

FUENTE: Diario Libre

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