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Fiscal del DN: “¿Cómo va a ser que en Google me salga un punto de drogas? Eso es una vergüenza”

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La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, condenó que en Google existan registros de ubicación de algunos puntos de venta drogas en la República Dominicana.

“¿Cómo va a ser que en Google me salga un punto de drogas? Eso es una vergüenza”, dijo la magistrada, quien explicó la facilidad con la que se puede instalar dicho negocio de sustancias controladas.

Al ser entrevistada en el programa «Sol de la Mañana», que se transmite por los 106.5 FM, la fiscal del Distrito precisó además que han hecho levantamientos respecto a la seguridad ciudadana, donde conversaron con el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), José Manuel Cabrera Ulloa, para buscar una salida al tema de los registros de los puntos de drogas en el citado buscador.

De acuerdo a los datos de la DNCD, en el año 2020, fueron decomisados un total de 12,875.65 kilos de diferentes drogas.

A pesar de eso, Ramos reiteró que el ciberdelito en la República Dominicana genera más recursos que el narcotráfico.

“Cuando comencé a investigar me horroricé al ver las cantidades de dinero que mueve ese delito, ya de manera general, porque cuando a ti te hablan del narcotráfico tú te asustas, igual que cuando se habla de homicidio, pero el delito de alta tecnología suena interesante y hasta inteligente, pero tiene mucho dinero, mucho más que el narcotráfico”, explicó.

FUENTE: Hoy.com.do

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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos

La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso

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A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.

La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.

Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación

La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.

El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.

Impulsarán alternativas biodegradables

Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.

La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.

También modifica el financiamiento del sistema de residuos

La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.

Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.

Aportes según el nivel de ingresos

La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.

Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.

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