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Venderán el pan a 10 pesos desde este martes

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El pan será vendido a partir de este martes a 10 pesos la unidad a los ciudadanos, lo informó la Asociación de Medianos, Pequeños y Micro Productores en Panaderías, Repostería y Ventas Dulces.

«Teníamos unos días haciendo estudio de costo para ver lo mínimo que podíamos aumentar, pero los costos no nos dieron otros, vamos hacer ese aumento, pero vamos seguir soportando los aumentos, porque los aumentos no se paran de la materia prima», expresó el coordinador general, Julián Polanco.

Atribuyen al incremento del costo de la materia prima para la preparación, el aumento del pan, que estará a 7 pesos a los colmaderos y el precio final de 10 pesos para la población.

«La materia prima que nosotros estamos comprando hoy, tenemos el mismo precio 15 años atrás en nuestros productos, por lo tanto nosotros entendemos que la acumulación que nosotros tenemos de la inflación está por encima de un 200%, por la cual nosotros no hemos obligado a cambiar de precio», indicó Polanco.

En la rueda de prensa, el asesor de la asociación Frank Soto indicó hay de más dos millones de empleados laborando en ese sector. Mientras, en el país hay un promedio 4,500 panaderías.

«Si nosotros no podríamos hacer esto, tendríamos lamentablemente que cerrar nuestros negocios, se verían afectados todos nuestros empleados y personas que tenemos compromisos con ellos», dijo el coordinador general.

FUENTE: Noticias SIN

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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos

La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso

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A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.

La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.

Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación

La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.

El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.

Impulsarán alternativas biodegradables

Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.

La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.

También modifica el financiamiento del sistema de residuos

La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.

Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.

Aportes según el nivel de ingresos

La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.

Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.

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