Panorama
Estado se querella contra Jiménez Bichara, hermano y dos cuñados de Danilo Medina

Tras los hallazgos en las investigaciones y auditorias realizadas en las empresas distribuidoras de electricidad, el Estado dominicano ha presentado hoy por ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), una querella penal con constitución en actor civil contra un presunto entramado criminal de personas y empresas que estafaron al Estado a través de las EDEs más de RD$ 20,000 millones.
En un comunicado de prensa se indicó que se les acusa de estafa agravada en contra del Estado, coalición de funcionarios, prevaricación, lavado de activos, falsedad en documentos privados y uso de documentos falsos, asociación de malhechores y soborno a funcionarios.
Los imputados son Rubén Jiménez Bichara (ex vicepresidente ejecutivo de la CDEEE), Luis Ernesto de León Núñez (ex administrador general de Edeeste), Rubén Montás Domínguez y Radhamés del Carmen Maríñez (ambos (ex administradores generales de Edesur), Julio César Correa (ex administrador general de Edenorte), Maxy Gerardo Montilla Sierra y Alexander Montilla Sierra (ambos hermanos de la ex primera dama Candy Montilla de Medina), Juan Alexis Medina Sánchez (hermano del expresidente Danilo Medina) y Messin Elías Márquez Sarraff, Domingo Antonio Santiago, Miguel Antonio Reyes Reyes, Peter Alexis Francisco Tejada y Dileisi de Jesús Rivera, así como Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda (también imputados en el caso Pulpo) y más de 25 empresas nacionales que fueron presuntamente parte del entramado mafioso contra las cuales en el día de hoy se interpuso la querella.
Andrés Astacio, vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, señaló que “la presente querella tiene como objeto poner en conocimiento del Ministerio Público este entramado fraudulento destinado a cometer crímenes en contra del Estado Dominicano, en su calidad de accionista mayoritario de las empresas, así como de las propias EDESUR, EDENORTE y EDEESTE, a partir de las contrataciones públicas amañadas, fraudulentas y sobrevaloradas realizadas en violación de las leyes de la República”.
El equipo jurídico contratado, coordinado por el Dr. Miguel Valerio e integrado por prestigiosos abogados y firmas dominicanas de Derecho, ha realizado en los últimos meses auditorías en cada una de las EDEs, con la revisión de cientos de procesos, estudios de miles de páginas de documentos, entrevistas, análisis forenses, entre otras vías de actuación. Estos trabajos han evidenciado el modus operandi de la estructura mafiosa que operaba y han permitido cuantificar los montos envueltos en cada una de las operaciones realizadas.
Las intensas indagaciones han puesto en evidencia que EDESUR, EDENORTE y EDEESTE han acumulado un gran déficit funcional y operativo debido a las pérdidas insalvables producto de la corrupción y el manejo fraudulento de sus recursos por quienes estaban llamados a administrarlos de manera pulcra y honrada.
El entramado corrupto gestó un premeditado operativo basado en: a) contrataciones amañadas e ilegales, en donde se sobrevaloraban los costos de los bienes y servicios prestados; b) se adquirían bienes y servicios que no se necesitaban; c) se contrataban personas y empresas vinculadas que, muchas veces, no eran los mejores proveedores ni se encontraban capacitados para serlo, y, d) en muchas ocasiones se erogaban fondos de manera directa en manos de personas allegadas cuando no se correspondía.
El fraude contra el Estado, indica la querella, no se realizó únicamente a través de contrataciones ilícitas en las EDEs sino que también era ejecutado directamente con la CDEEE, a través de licitaciones manejadas a favor de los hoy querellados, incluso cuando dichos procesos eran realizados con fondos provenientes de facilidades crediticias otorgadas por organismos internacionales.
En la querella se solicita a la PEPCA que inicie las investigaciones pertinentes para determinar la ocurrencia de los hechos punibles y sus responsables, especialmente a los miembros de los comités de compras y contrataciones, y a los miembros de los Consejos de Administración de las EDEs que ocuparon sus cargos en el periodo 2012 a agosto de 2020. Asimismo, se pide al juez de instrucción la imposición de medidas de coerción, atendiendo a la gravedad de las circunstancias reveladas y ante el peligro de destrucción de evidencias por parte de los imputados.
Por último, el Estado, EDENORTE, EDESUR y EDEESTE, como actores civiles, solicitan evaluar, provisionalmente y de manera preliminar, en la suma de RD$ 50,000 millones el monto resarcitorio a ser pagado por los querellados como justa reparación por los daños y perjuicios ocasionados en perjuicio del Estado dominicano, más los intereses judiciales y accesorios que pudieren derivarse de dicha suma.
FUENTE: Diario Libre

Panorama
La JAC aclara que aún está en proceso de evaluación la reanudación de vuelos comerciales hacia Venezuela

El presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC), Héctor Porcella, aclaró este sábado que la República Dominicana aún se encuentra en proceso de análisis para decidir sobre una eventual reanudación de los vuelos comerciales hacia la República Bolivariana de Venezuela.República Dominicana Souvenir shop
La declaración del funcionario se produce luego de que las autoridades venezolanas publicaran un comunicado oficial anunciando la supuesta reanudación de las operaciones aéreas entre ambos países, sin que haya concluido el proceso correspondiente en la República Dominicana.
“El gobierno dominicano, a través de la Junta de Aviación Civil, evaluará con responsabilidad y en estricto apego al interés nacional cualquier solicitud de restablecimiento de rutas aéreas, como es el caso de Venezuela. Hasta tanto se emita una decisión oficial, se mantienen suspendidas las operaciones aéreas entre ambos países”, precisó Porcella.
El presidente de la JAC reiteró que cualquier decisión en este ámbito será informada oportunamente por las vías institucionales correspondientes y a través de los canales oficiales del Estado dominicano.
La suspensión de los vuelos entre República Dominicana y Venezuela ha estado vigente desde 2021, en el marco de medidas adoptadas por motivos de seguridad y alineadas con recomendaciones de organismos internacionales.
Panorama
Condenan a la Policía Nacional a pagar RD$ 3.6 MM a viuda

El Tribunal Constitucional (TC) condenó a la Dirección de la Policía Nacional a pagar 3,610,000 pesos a Dulce María Lora Solís como sanción por el incumplimiento de una sentencia anterior que obligó a la institución a erogar otro monto de 2,631,383.04 pesos, lo que suma una deuda de 6,241,383.04.
El conflicto se origina en la negativa de la Policía de pagar a José Antonio Feliciano Castillo el monto de la pensión correspondiente al rango de general de brigada, al cual fue ascendido al momento de su retiro, en el año 2007.
Feliciano llevó su reclamo al Tribunal Superior Administrativo (TSA), que lo rechazó en 2019. Luego escaló al TC, pero falleció en el 2020 sin conseguir un fallo.
Detalla el Diario Libre que la Alta Corte finalmente emitió un dictamen favorable en el 2022, que obligó a la PN a pagarle como general y no como coronel, y a entregar el monto retroactivo dejado de percibir desde el 2007 hasta el 2019, lo cual sumó 2,631,383 pesos.
Adicionalmente, el TC impuso el pago de un astreinte de 5 mil pesos por cada día de incumplimiento de esa resolución.
Su viuda, Dulce María Lora Solís, heredó esos derechos y ha tratado en vano de conseguir el dinero.
El Tribunal Constitucional publicó la sentencia TC/0364/25 el 11 de junio de 2025, en la cual acogió su solicitud de liquidación del astreinte y conminó al cuerpo del orden a entregar 5 mil pesos multiplicado por 722 días, lo que totaliza 3,610,000 pesos.
Este es solo una de decenas de decisiones del TC desacatadas por la Policía, entidad que se destaca como la más reticente a cumplir las disposiciones de ese órgano.
Un balance hecho por el propio TC en marzo pasado señalaba 24 veredictos ignorados por esa entidad.
Estas violaciones no reciben ningún tipo de sanción, pues frecuentemente el TC castiga con el pago de astreinte que caen en el mismo paquete de sentencias incumplidas.
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