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Panorama

Estado se querella contra Jiménez Bichara, hermano y dos cuñados de Danilo Medina

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Tras los hallazgos en las investigaciones y auditorias realizadas en las empresas distribuidoras de electricidad, el Estado dominicano ha presentado hoy por ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), una querella penal con constitución en actor civil contra un presunto entramado criminal de personas y empresas que estafaron al Estado a través de las EDEs más de RD$ 20,000 millones.

En un comunicado de prensa se indicó que se les acusa de estafa agravada en contra del Estado, coalición de funcionarios, prevaricación, lavado de activos, falsedad en documentos privados y uso de documentos falsos, asociación de malhechores y soborno a funcionarios.

Los imputados son Rubén Jiménez Bichara (ex vicepresidente ejecutivo de la CDEEE), Luis Ernesto de León Núñez (ex administrador general de Edeeste), Rubén Montás Domínguez y Radhamés del Carmen Maríñez (ambos (ex administradores generales de Edesur), Julio César Correa (ex administrador general de Edenorte), Maxy Gerardo Montilla Sierra y Alexander Montilla Sierra (ambos hermanos de la ex primera dama Candy Montilla de Medina), Juan Alexis Medina Sánchez (hermano del expresidente Danilo Medina) y Messin Elías Márquez Sarraff, Domingo Antonio Santiago, Miguel Antonio Reyes Reyes, Peter Alexis Francisco Tejada y Dileisi de Jesús Rivera, así como Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda (también imputados en el caso Pulpo) y más de 25 empresas nacionales que fueron presuntamente parte del entramado mafioso contra las cuales en el día de hoy se interpuso la querella.

Andrés Astacio, vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, señaló que “la presente querella tiene como objeto poner en conocimiento del Ministerio Público este entramado fraudulento destinado a cometer crímenes en contra del Estado Dominicano, en su calidad de accionista mayoritario de las empresas, así como de las propias EDESUR, EDENORTE y EDEESTE, a partir de las contrataciones públicas amañadas, fraudulentas y sobrevaloradas realizadas en violación de las leyes de la República”.

El equipo jurídico contratado, coordinado por el Dr. Miguel Valerio e integrado por prestigiosos abogados y firmas dominicanas de Derecho, ha realizado en los últimos meses auditorías en cada una de las EDEs, con la revisión de cientos de procesos, estudios de miles de páginas de documentos, entrevistas, análisis forenses, entre otras vías de actuación. Estos trabajos han evidenciado el modus operandi de la estructura mafiosa que operaba y han permitido cuantificar los montos envueltos en cada una de las operaciones realizadas.

Las intensas indagaciones han puesto en evidencia que EDESUR, EDENORTE y EDEESTE han acumulado un gran déficit funcional y operativo debido a las pérdidas insalvables producto de la corrupción y el manejo fraudulento de sus recursos por quienes estaban llamados a administrarlos de manera pulcra y honrada.

El entramado corrupto gestó un premeditado operativo basado en: a) contrataciones amañadas e ilegales, en donde se sobrevaloraban los costos de los bienes y servicios prestados; b) se adquirían bienes y servicios que no se necesitaban; c) se contrataban personas y empresas vinculadas que, muchas veces, no eran los mejores proveedores ni se encontraban capacitados para serlo, y, d) en muchas ocasiones se erogaban fondos de manera directa en manos de personas allegadas cuando no se correspondía.

El fraude contra el Estado, indica la querella, no se realizó únicamente a través de contrataciones ilícitas en las EDEs sino que también era ejecutado directamente con la CDEEE, a través de licitaciones manejadas a favor de los hoy querellados, incluso cuando dichos procesos eran realizados con fondos provenientes de facilidades crediticias otorgadas por organismos internacionales.

En la querella se solicita a la PEPCA que inicie las investigaciones pertinentes para determinar la ocurrencia de los hechos punibles y sus responsables, especialmente a los miembros de los comités de compras y contrataciones, y a los miembros de los Consejos de Administración de las EDEs que ocuparon sus cargos en el periodo 2012 a agosto de 2020. Asimismo, se pide al juez de instrucción la imposición de medidas de coerción, atendiendo a la gravedad de las circunstancias reveladas y ante el peligro de destrucción de evidencias por parte de los imputados.

Por último, el Estado, EDENORTE, EDESUR y EDEESTE, como actores civiles, solicitan evaluar, provisionalmente y de manera preliminar, en la suma de RD$ 50,000 millones el monto resarcitorio a ser pagado por los querellados como justa reparación por los daños y perjuicios ocasionados en perjuicio del Estado dominicano, más los intereses judiciales y accesorios que pudieren derivarse de dicha suma.

FUENTE: Diario Libre

Panorama

Director PN y Diputada dan por ‘superado’ incidente en Elías Piña

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El director general de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García, y la diputada Millys Martínez sostuvieron un encuentro en el que abordaron el incidente ocurrido en la provincia Elías Piña entre agentes y la legisladora.

De acuerdo con un comunicado, ambas partes acordaron dar por «superada» la situación, «reafirmando su compromiso con el diálogo, el respeto mutuo y la colaboración institucional en beneficio de la ciudadanía».

Durante el pasado fin de semana, Martínez protagonizó un encontronazo con varios policías durante el pasado fin de semana, en el cuál terminó esposada junto a otra persona.

“Me están apretando, suéltenme…”, se escuchó decir la diputada en un video de la trifulca.

Un día después, la Policía Nacional comenzó una investigación para «esclarecer» las circunstancias incidente.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, comunicó que el inspector general de la Policía Nacional, general Martín Tapia Sánchez, se movilizó a la zona por instrucciones del director general, Ernesto Rodríguez García, para realizar un levantamiento y escuchar las versiones involucradas.

Asimismo, Pesqueira aseguró que si se comprueba que algún agente «incurrió» en excesos, los responsables serán sometidos a la jurisdicción correspondiente y se aplicarán las sanciones, según las normas de la institución.

REACCIONES DE LOS DIPUTADOS
La noche del incidente, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, condenó el «intento de arresto» de la legisladora.

“Condenamos la agresión. El respeto a la Constitución y a las garantías que protegen la función legislativa debe prevalecer en toda actuación de las autoridades”, manifestó a través de X.

Además, en la sesión del pasado martes en la Cámara Baja, los diputados abandonaron el hemiciclo en protesta de la «agresión» de la que fue objeto Martínez.

LA VERSIÓN DE Millys Martínez
En la referida sesión, la diputada ofreció su versión de lo ocurrido.

La legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) dijo que intentó ayudar a un joven que fue intervenido por miembros del cuerpo policial.

«Este joven lo vi en peligro. A las 5:00 de la tarde, cuando la policía (dice) que no se puede (poner música), aún yo habiendo querido intermediar con (la policía), les digo que no se puede”, exclamó.

Sin embargo, Martínez afirmó que a pesar de que acató la limitación emitida por los agentes policiales, el joven iba a ser «maltratado».

La congresista utilizó su ponencia en la sesión legislativa para cuestionar el accionar de los agentes, afirmando que fue víctima de un “agresión y un atropello”.

“Si una diputada es víctima de semejante abuso…, ¿qué se puede esperar del agricultor, motorista o cualquier ciudadano que tiene una tribuna para denunciarlo?”, manifestó.

De manera similar, la representante de Elías Piña le solicitó al presidente Luis Abinader que garantice una investigación exhaustiva e imparcial de los hechos.

NO SE HAN PUBLICADO LA INVESTIGACIÓN
A pesar de que en el mencionado comunicado la Policía Nacional y la diputada, ambas partas dan por «superado» el incidente, al momento de la publicación de este texto no se ha hecho público los resultados de la investigación anunciada por la entidad del orden y solicitada por Millys Martínez.

LD

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Diputados abandonan sesión en rechazo a agresión policial a legisladora

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La diputada Millys Martínez utilizó este martes la sesión ordinaria del órgano legislativo para hablar sobre la “agresión policial” que recibió mientras participaba en las fiestas patronales de su pueblo, Elías Piña.

Tras más de 24 horas de silencio, la congresista compartió su versión sobre cómo fue “atropellada” el pasado domingo en las celebraciones realizadas en el municipio Comendador.

Diputada del PRM por la provincia de Elías Piña, Millys Martínez.

Además, cuestionó el silencio de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien antes solía “hablar sobre derechos y calla”, ante la situación que le afectó.

Tras terminar sus declaraciones desde una de las curules del hemiciclo, los congresistas se pusieron de pie, levantaron sus manos y giraron las muñecas, simulando aplausos por las palabras de Martínez.

En cuestión de segundos, el salón situado en el Congreso Nacional se convirtió en un espacio grande vacío, ya que los diputados decidieron salir para utilizar sus ausencias como una muestra de solidaridad con la diputada “agredida”.

El presidente diputado, Alfredo Pacheco, no tuvo otra opción que suspender la sesión, ya que no contaban con el cuórum requerido por la Constitución para continuar conociendo los proyectos de resolución y de ley.

Únicamente, 23 de 190 diputados se mantuvieron presentes. La mayoría de los legisladores, sin importar partidos políticos, se unificaron.

“Esto es un vejamen a la Constitución. No creo que sea una política de la Policía Nacional, pero ese comportamiento no puede pasar por alto. Más allá de a la persona (la agresión policial a la diputada) es una violación a la Constitución”, expresó el diputado Wandy Batista.

Pacheco deploró que los diputados hayan abandonado la sesión, ya que, según considera, “ninguna situación que ocurra extra hemiciclo da razones para que se abandonen los trabajos legislativos”.

“Ante una situación mal hecha no debemos responder con otra mal hecha”, dijo a los reporteros presentes en el Congreso.

Aseguró que en sus funciones como diputado siempre ha sido partidario “de que los trabajos del pleno nunca se abandonan por ninguna circunstancia”.

“Cuando fui vocero de bancadas del PRD y PRM, casi nunca marqué la retirada porque entiendo que ante cualquier circunstancia el trabajo debe prevalecer”, precisó.

Pacheco entiende que la prudencia debe regir la forma en que se reclaman los derechos.

“Hay muchas veces que uno, teniendo la razón en la forma como reclama, entonces puede perder la razón”, indicó.

¿Un diputado puede ser detenido por la policía?
Los 190 diputados y 32 senadores de la República Dominicana disponen de una inmunidad parlamentaria que les otorga la Carta Magna.

La protección está situada en el artículo 84, que establece únicamente dos causales para que estos puedan ser apresados por la Policía y el Poder Judicial.

La anteriormente mencionada: debe ser sorprendido cometiendo algún delito o enviar una misiva a la cámara legislativa que pertenece el representante solicitando el retiro de la protección.

No obstante, la norma suprema aclara en el artículo 87 que la intención no es ofrecerle al congresista un “privilegio personal”, sino garantizar el correcto desarrollo del período legislativo.

Vía Listín Diario

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