Panorama
Fiscal Rosalba Ramos denuncia es acosada por Inspector de la Procuraduría
La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, acusó al Inspector General del Ministerio Público, Juan Medina, de incurrir de forma ilegal, ilegítima, arbitraria e inquisidora, en prácticas de acoso moral y laboral en su contra.
En una comunicación enviada a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, la fiscal del Distrito dijo que el procurador adjunto con su accionar incurrió en delito de violencia de género, consagrado en el artículo 309-1 del Código Penal, por lo que solicitó que se abra una investigación sobre ese caso.
Sostuvo que el acoso está siendo disfrazado en una serie de investigaciones contra el personal bajo su mando, tanto de carrera como administrativo, y contra su persona por supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones como fiscal titular.
Según Ramos, el inspector cuestiona su participación en una serie de programas de televisión, donde la invitan a hablar de su trabajo como fiscal del Distrito Nacional, sin la autorización de la Procuraduría General de la República.
Indicó que el 25 de mayo pasado, con motivo de una reunión que sostendría con la directora de Persecución y la directora de Carrera, fue abordada por el Inspector quien la «acusó falsamente» de hacer entrega de tickets de combustible a una supuesta periodista que ni ella conoce, así como a la ex encargada de prensa de la Fiscalía, Kenia Carmona.
Además sostuvo que durante los días 8 y 9 del presente mes, encontró varias llamadas perdidas a su celular personal, desde diversos números telefónicos, todos desconocidos para ella, motivo por el cual no respondió a las mismas, debido la posición delicada en la que está actualmente como Fiscal Titular del Distrito Nacional y por motivos de su seguridad, en razón de los diversos procesos penales que ha investigado.
Expresó que fue convocada por el Inspector por intermedio de la magistrada Laura Vargas, para el día 10 de junio pasado a través de WhatsApp, para una “reunión” en el despacho de éste, donde supuestamente trataron temas concernientes a un caso importante de la fiscalía, así como otros temas que “solo eran del dominio del magistrado Juan Medina”.
Empero, sostuvo que, una vez allí, se encontró con la sorpresa de que el inspector pretendía interrogarla en presencia de la también inspectora, Laura Vargas, por una investigación de oficio por su participación en diversos medios de comunicación y por el supuesto mal manejo dado por ella a las informaciones respecto del caso “familia Rosario”.
Caso familia Rosario
Conforme con el inspector, la fiscal anunció a través de los medios de comunicación al imputado Johnny Portorreal, que estaba siendo buscado para ser arrestado, respondiendo ella que ciertamente ocurrió, pero, luego de dos meses de seguimiento por la Policía Nacional bajo su supervisión.
“No era un secreto para el prófugo que estaba siendo buscado por las autoridades; de lo cual le anexé un informe de la Procuradora Fiscal Investigadora Evelyn García”, acotó la fiscal Ramos.
Además sostuvo que fue cuestionada en Inspectoría por su comentario en un programa radial matutino sobre los puntos de drogas que aparecían en la aplicación “Google Maps”, información que asegura fue ofrecida previamente por la DNCD y no por ella, corroborado por el programa semanal “Nuria”, transmitido el pasado sábado 12 de junio de los corrientes, que puede ser consultado en la plataforma de YouTube.
Igualmente, por supuestamente haber incurrido en faltas al enviar a los medios de comunicación notas de prensa «sin previamente comunicarnos a la dirección de comunicaciones de la Procuraduría General de la República» y que por ello podía “ser destituida».
La fiscal del Distrito señala que eso es totalmente falso, «ya que yo nunca ha enviado una nota de prensa a ningún medio de comunicación, ni siquiera a la Dirección de Prensa de la Procuraduría General de la República.
“Como puede ver, Honorable Magistrada, todo gira en torno a mi reciente participación en diversos medios de comunicación, coartando mi libertad de expresión y vulnerando la independencia el Ministerio Público que tanta sangre, sudor y lágrimas nos ha costado a los fiscales de carrera”, adujo.
Investigación
La fiscal manifestó que el 18 de junio pasado acudió a presentarse en compañía de su abogado a la cita pautada, y en la cual se les reiteró, que estaba siendo investigada de oficio por los hechos antes descritos, por lo que su abogado solicitó que se le entregara el pliego de cargos por los que estaba siendo investigada, así como los elementos de pruebas, a lo que se habría negado de forma rotunda el Inspector, «en franca violación a lo dispuesto por la Ley orgánica que rige nuestra institución y el debido proceso de ley».
Señaló que dado este panorama, su abogado solicitó un plazo, el cual le fue otorgado y se dispuso una nueva fecha para la entrevista que se le realizará el 2 de julio de los corrientes.
“Es evidente, Honorable Magistrada, que el Inspector General del Ministerio Público, Juan Medina de los Santos, Procurador General Adjunto, está haciendo un uso indebido, ilegal e irracional de su cargo para hostigarme y acosarme así como al personal de la Fiscalía del Distrito Nacional, hasta el punto de llegar a amenazar a parte de mi personal con tomar retaliación en su contra, si no acceden a proporcionarle información sensitiva de la Fiscalía, que él pueda usar para abrirme un expediente disciplinario tendente a mi destitución”, precisó.
FUENTE: Eldia.com.do
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VIDEO: Enfrentamiento entre comunicadoras
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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos
La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso
A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.
La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.
Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación
La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.
El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.
Impulsarán alternativas biodegradables
Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.
La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.
También modifica el financiamiento del sistema de residuos
La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.
Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.
Aportes según el nivel de ingresos
La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.
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