Panorama
Fiscal Rosalba Ramos denuncia es acosada por Inspector de la Procuraduría
La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, acusó al Inspector General del Ministerio Público, Juan Medina, de incurrir de forma ilegal, ilegítima, arbitraria e inquisidora, en prácticas de acoso moral y laboral en su contra.
En una comunicación enviada a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, la fiscal del Distrito dijo que el procurador adjunto con su accionar incurrió en delito de violencia de género, consagrado en el artículo 309-1 del Código Penal, por lo que solicitó que se abra una investigación sobre ese caso.
Sostuvo que el acoso está siendo disfrazado en una serie de investigaciones contra el personal bajo su mando, tanto de carrera como administrativo, y contra su persona por supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones como fiscal titular.
Según Ramos, el inspector cuestiona su participación en una serie de programas de televisión, donde la invitan a hablar de su trabajo como fiscal del Distrito Nacional, sin la autorización de la Procuraduría General de la República.
Indicó que el 25 de mayo pasado, con motivo de una reunión que sostendría con la directora de Persecución y la directora de Carrera, fue abordada por el Inspector quien la «acusó falsamente» de hacer entrega de tickets de combustible a una supuesta periodista que ni ella conoce, así como a la ex encargada de prensa de la Fiscalía, Kenia Carmona.
Además sostuvo que durante los días 8 y 9 del presente mes, encontró varias llamadas perdidas a su celular personal, desde diversos números telefónicos, todos desconocidos para ella, motivo por el cual no respondió a las mismas, debido la posición delicada en la que está actualmente como Fiscal Titular del Distrito Nacional y por motivos de su seguridad, en razón de los diversos procesos penales que ha investigado.
Expresó que fue convocada por el Inspector por intermedio de la magistrada Laura Vargas, para el día 10 de junio pasado a través de WhatsApp, para una “reunión” en el despacho de éste, donde supuestamente trataron temas concernientes a un caso importante de la fiscalía, así como otros temas que “solo eran del dominio del magistrado Juan Medina”.
Empero, sostuvo que, una vez allí, se encontró con la sorpresa de que el inspector pretendía interrogarla en presencia de la también inspectora, Laura Vargas, por una investigación de oficio por su participación en diversos medios de comunicación y por el supuesto mal manejo dado por ella a las informaciones respecto del caso “familia Rosario”.
Caso familia Rosario
Conforme con el inspector, la fiscal anunció a través de los medios de comunicación al imputado Johnny Portorreal, que estaba siendo buscado para ser arrestado, respondiendo ella que ciertamente ocurrió, pero, luego de dos meses de seguimiento por la Policía Nacional bajo su supervisión.
“No era un secreto para el prófugo que estaba siendo buscado por las autoridades; de lo cual le anexé un informe de la Procuradora Fiscal Investigadora Evelyn García”, acotó la fiscal Ramos.
Además sostuvo que fue cuestionada en Inspectoría por su comentario en un programa radial matutino sobre los puntos de drogas que aparecían en la aplicación “Google Maps”, información que asegura fue ofrecida previamente por la DNCD y no por ella, corroborado por el programa semanal “Nuria”, transmitido el pasado sábado 12 de junio de los corrientes, que puede ser consultado en la plataforma de YouTube.
Igualmente, por supuestamente haber incurrido en faltas al enviar a los medios de comunicación notas de prensa «sin previamente comunicarnos a la dirección de comunicaciones de la Procuraduría General de la República» y que por ello podía “ser destituida».
La fiscal del Distrito señala que eso es totalmente falso, «ya que yo nunca ha enviado una nota de prensa a ningún medio de comunicación, ni siquiera a la Dirección de Prensa de la Procuraduría General de la República.
“Como puede ver, Honorable Magistrada, todo gira en torno a mi reciente participación en diversos medios de comunicación, coartando mi libertad de expresión y vulnerando la independencia el Ministerio Público que tanta sangre, sudor y lágrimas nos ha costado a los fiscales de carrera”, adujo.
Investigación
La fiscal manifestó que el 18 de junio pasado acudió a presentarse en compañía de su abogado a la cita pautada, y en la cual se les reiteró, que estaba siendo investigada de oficio por los hechos antes descritos, por lo que su abogado solicitó que se le entregara el pliego de cargos por los que estaba siendo investigada, así como los elementos de pruebas, a lo que se habría negado de forma rotunda el Inspector, «en franca violación a lo dispuesto por la Ley orgánica que rige nuestra institución y el debido proceso de ley».
Señaló que dado este panorama, su abogado solicitó un plazo, el cual le fue otorgado y se dispuso una nueva fecha para la entrevista que se le realizará el 2 de julio de los corrientes.
“Es evidente, Honorable Magistrada, que el Inspector General del Ministerio Público, Juan Medina de los Santos, Procurador General Adjunto, está haciendo un uso indebido, ilegal e irracional de su cargo para hostigarme y acosarme así como al personal de la Fiscalía del Distrito Nacional, hasta el punto de llegar a amenazar a parte de mi personal con tomar retaliación en su contra, si no acceden a proporcionarle información sensitiva de la Fiscalía, que él pueda usar para abrirme un expediente disciplinario tendente a mi destitución”, precisó.
FUENTE: Eldia.com.do
Panorama
Aumentan las sentencias a centros de salud por supuestas malas prácticas médicas
Las sentencias condenatorias en contra de clínicas y hospitales del país, por presuntas malas prácticas médicas, han aumentado sustancialmente en los últimos días.
El más reciente de los casos, es el de la Clínica Corazones Unidos, que fue condenada al pago 6 millones 875 mil pesos en compensaciones y costos acumulados por negligencia médica en dos pacientes.
Angelina María Hernández y Milagros del Socorro Alba F. fueron las afectadas.
Hernández fue indemnizada con un millón 590 mil pesos tras sufrir un deterioro en su visión debido a la implantación incorrecta de lentes intraoculares para corregirle un problema de visión, lo que le dejó daños permanentes.
La sentencia 035-2023-SSEN-00954 fue emitida el 9 de octubre del año 2023 por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
Reseña el periódico Hoy que la decisión judicial incluyó intereses acumulados desde la notificación el 16 de noviembre de 2023, calculados al 1.5 por ciento mensual.
Mientras que la sentencia civil, número 1303-2023-SSEN-00407, favoreció a Del Socorro Alba F. con el pago de un millón 750 mil pesos, que se incrementó en 3.5 millones de pesos con el duplo de 1.5 por ciento del monto dictado por el dispositivo judicial.
El mismo además ordena el pago del monto como compensación después de que se descubrió una gasa dejada en su pecho cerca del corazón durante una operación en la misma clínica.
Había acudido al centro de salud para colocarse un stent para corregir un problema cardiovascular, le fue dejada una gasa en la cirugía para colocarle el dispositivo, error que fue corregido mediante una intervención quirúrgica en Estados Unidos.
Como consecuencia de ambas sentencias, fueron embargadas las cuentas de Clínica Corazones Unidos en diferentes bancos comerciales.
Uno de los abogados de las pacientes, licenciado Gilberto Objío Subero, explicó que la clínica no cuenta con un seguro de responsabilidad civil médica que respalde estos casos, por lo que se procederá a continuar con las acciones judiciales necesarias para asegurar la compensación.
Ney Arias Lora
En el caso del Hospital Traumatológico Doctor Ney Arias Lora, este fue condenado por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) al pago de 10 millones de pesos a favor de Félix Julián Encarnación Feliz, quien perdió su pierna derecha luego de adquirir una bacteria tras ser operado en este centro de salud.
Encarnación Feliz incoó una demanda en responsabilidad patrimonial, dictando la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo, la sentencia núm. 0030-1642-2023-SSEN-00268, de fecha 31 de marzo de 2023, la cual fue objeto del recurso de casación.
La misma también obliga al pago de un interés judicial del 1.5% mensual sobre las sumas indicadas previamente, a título de indemnización compensatoria por los daños correspondientes a la amputación y prótesis de su pierna derecha.
El demandante fue ingresado por emergencia el 19 de enero de 2016, tras sufrir un siniestro de tránsito en el municipio de Baní, provincia Peravia, recibiendo un golpe en la cara, específicamente en el tabique nasal y una fractura abierta en la tibia y el peroné de su pierna derecha.
El 20 de noviembre de 2017, el paciente es ingresado nueva vez, vía emergencia, con un absceso en la pierna derecha y dolor, a lo que se procedió a evaluarlo y realizarle algunas imágenes, de las cuales no mostró lesiones óseas, refriéndolo a Gerencia de Ortopedia para consulta con un diagnóstico de osteomielitis de tibia derecha, osteomielitis de pierna derecha y resultado positivo al cultivo de la bacteria K.Pneumoniae.
CECIP
A la lista también se agrega el Centro de Cirugías Plásticas y Especialidades (CECIP), sentenciado a pagar 2 millones de pesos a la paciente Sulandy Altagracia Crucet.
La jueza Clara Almonte, de la Segunda Sala del Tribunal Penal del Distrito Nacional, también impuso un mes de prisión al cirujano plástico Asmín Aquino por mala práctica médica.
Cabe destacar que en los últimos años, los grandes centros se han visto precisados a obligar a sus médicos a tener un seguro que cubra los efectos de posibles demandas, debido a que cada vez son más los casos que van a los tribunales.
Panorama
Dictan prisión domiciliaria a mujer acusada de mandar a matar a su esposo
La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago impuso prisión domiciliaria a Daneris Pérez Espinal, acusada de pagarle a dos hombres para que asesinaran a su esposo Julio Cesar Rodríguez Paula en 2020.
Además, le fue impuesta presentación periódica y el uso de un dispositivo electrónico a Pérez Espinal, por presuntamente mandar a matar a Julio Cesar Rodríguez Paula, en un hecho ocurrido en el municipio de Tamboril, de Santiago.
La jueza Yiberty Polanco, quien estuvo a cargo de la coerción, tomó la decisión de enviar la imputada a su casa a cumplir la medida, por problemas de salud, por lo que ya Daneris Pérez, no podrá ser víctima ni testigo en el caso que se conocía por la muerte de su esposo.
Reseña el Listín que Carlos Villanueva, abogado de la familia de las víctimas, explicó que Daneris Pérez Espinal ahora será una imputada más en el proceso.
Tanto a Joan Giancarlo Acosta y Fabricio Antonio Báez Pérez, estos dos últimos están cumpliendo un año de prisión preventiva por el mismo hecho.
Mientras que las hermanas del fallecido mostraron su descontento por la decisión del tribunal, entendiendo que debió ir a prisión, ya que fue la que coordinó la muerte de su pariente.
Ana Dolores Rodríguez, hermana del fallecido, dijo que existían pruebas suficientes para imponer prisión a la asesina de su hermano.
“Habían pruebas suficientes para que ella estuviera presa, no mandarla a la casa, ya que hubo manipulaciones de los hijos, indicando de que ella estaba enferma y que está siendo medicada, ¿entonces su madre está enferma y nuestro hermano dónde?», dijo Dolores Rodríguez.
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