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Procuraduría investiga a fiscal del DN por presunto manejo irregular del caso César “el Abusador”

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El procurador adjunto Juan Medina de los Santos aclaró este lunes que, en el caso de la fiscal del Distrito Nacional, como con otros integrantes del Ministerio Público, solo cumple con sus obligaciones legales de agotar las investigaciones disciplinarias internas correspondientes.

Medina de los Santos informó que, efectivamente, la Inspectoría General del Ministerio Público lleva una investigación disciplinaria contra la fiscal Rosalba Ramos relativa al caso de César Emilio Peralta (César el Abusador), denuncias sobre compras y contrataciones de la Fiscalía del Distrito Nacional, así como de otras acciones.

Dejó claro que hace referencia a la investigación porque la decisión de abordar los temas internos sobre el proceso la tomó primero Ramos, con un documento que entregó a la prensa y que luego hizo llegar a la Procuraduría General de la República.

Sostuvo que seguirá cumpliendo con su deber apegado a las normas aunque dejará de referirse a ese caso en específico para permitir que las investigaciones internas sigan su curso.

Medina de los Santos aprovechó la ocasión para desmentir que la Inspectoría General del Ministerio Público busque silenciar a los fiscales, como de forma aviesa, plantea Ramos en un documento que depositó a las 8:59 de la mañana de este lunes en la Secretaría General del Ministerio Público, pero que ya estaba reseñado por la edición impresa de un importante matutino.

En ese contexto, valoró el hecho de que, desde que inició su gestión al frente del Ministerio Público, la magistrada Miriam Germán Brito dejó claramente establecido que los fiscales pueden y tienen el deber de rendir cuentas a la ciudadanía sobre los casos que manejan, aunque siempre de manera oportuna y sin afectación de derechos de las partes involucradas.

“A diferencia de la gestión pasada de la Procuraduría General, en la que se prohibió expresamente a los fiscales, mediante una orden escrita, ofrecer cualquier declaración a la prensa, ahora lo que todos valoramos es un clima de respeto y apertura institucional”, dijo, en referencia a una instrucción impartida por el entonces procurador Jean Alain Rodríguez, en fecha 04 de abril de 2017.

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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos

La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso

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A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.

La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.

Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación

La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.

El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.

Impulsarán alternativas biodegradables

Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.

La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.

También modifica el financiamiento del sistema de residuos

La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.

Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.

Aportes según el nivel de ingresos

La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.

Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.

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