La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo desmintió que ese gobierno esté involucrado en el desarrollo o funcionamiento de la plataforma de inteligencia artificial “María”, que impulsa el empresario José Gómez Canaán (Jochi Gómez).

Gómez presentó un proyecto con algoritmos que, según argumenta, permitirá analizar millones de datos con patrones sospechosos en licitaciones públicas.

«La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo no mantiene ningún vínculo con el señor José (Jochi) Gómez Canaán. El Gobierno de los Estados Unidos no ha estado involucrado en el desarrollo ni en el funcionamiento de la plataforma de IA María”, comunicó Michelle Angulo, vocera del cuerpo diplomático, en respuesta al periódico Listín Diario.

Gómez, quien figura como imputado en el proceso judicial por supuesta corrupción en la red semafórica del Gran Santo Domingo, anunció a la prensa los detalles del prototipo en un acto donde compareció Roger Stone, pasado asesor político del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Mientras hablaba de la plataforma, aseguró que «no es un experimento», sino la «materialización de nuestra convicción de que la tecnología bien aplicada es la mejor aliada para la justicia, transparencia y rendición de cuentas».

Sostuvo que fue concebida con tres pilares fundamentales: alianzas internacionales con el Gobierno de Estados Unidos, organismos multilaterales para compartir información clave sobre funcionarios y empresarios. Al menos los primeros niegan estar involucrados.

Sin embargo, bajo el propósito de impulsar una tecnología que afirma acabará con “las comisiones que inflan bolsillos ajenos”, renunció a sus acciones en empresas que realicen negocios con el Estado dominicano.

Gómez está implicado en un supuesto entramado que incluye al exdirector del Instituto Nacional de Tráfico y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, en una investigación que les señala de estafa en la adjudicación de un contrato dirigido al control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo.

El presunto narcotraficante dominicano César Emilio Peralta, mejor conocido como “el Abusador”, entabló una demanda por $7 millones de dólares contra el gobierno de Estados Unidos y el Centro Metropolitano de Detención (MDC) en Guaynabo (prisión federal), publica El Nuevo Día, De Puerto Rico.

Peralta fue arrestado en Colombia en 2019 y permanece bajo custodia del Negociado de Prisiones de Estados Unidos (BoP) tras su extradición en diciembre de 2021 por un pesquisa que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) inició en 2018.

Posteriormente, un gran jurado en el estado de Florilda o incluyó como uno de varios acusados en un pliego de 2019, pero esos cargos fueron transferidos para ser procesados en el Tribunal Federal en San Juan.

Las acusaciones sostiene que, presuntamente, dirigió una enorme organización transnacional de narcotráfico en la región del Caribe desde 1997.

“(Peralta) fue registrado como un CPOT (Objetivo Organizacional Prioritario) en 2017, un narcotraficante de alto calibre, por así ponerlo. Es análogo a lo que era ‘el Chapo‘ (Joaquín Archivaldo Guzmán Loera). Es el único CPOT, así clasificado, en Puerto Rico y el Caribe”, manifestó Héctor Ramírez Carbó, subjefe de la Fiscalía federal de San Juan, en declaraciones previas.

“Esto significa que Peralta dirigía una de las organizaciones de narcotráfico y lavado de dinero más prolíficas, y que tenía un alto impacto en el suministro de drogas ilícitas en Estados Unidos”, añadió agente.

En noviembre de 2022, Peralta se declaró culpable por el segundo cargo del primer caso (conspiración para importar cocaína), y por los cargos uno y dos del otro caso, también por tráfico de cocaína, (conocimiento de que drogas serían importadas a Estados Unidos).

Desde entonces, la vista de sentencia en ambos casos se ha pospuesto en múltiples ocasiones, el más reciente por razones que no se conocen públicamente debido a que las mociones permanecen selladas.

Sin embargo, por el título de las mociones se desprende que la defensa sostiene que existe algún tipo de controversia con relación al descubrimiento de prueba.

Mientras, desde que fue arrestado, César «el Abusador» ha solicitado que se le provea tratamiento para varias condiciones médicas.

Cuando se declaró culpable, en el 2022, le informó al juez federal Pedro Delgado que la administración de la prisión no le proveyó atención a su situación de salud, acusación que repitió a principios de diciembre de 2024.

Entonces, Peralta escaló el reclamo al radicar una demanda civil por $7 millones en la que denunció violaciones a la Constitución de Estados Unidos por parte del exalcaide del MDC en Puerto Rico y de varios oficiales que laboran en la prisión.

Aunque la demanda sigue sellada, una orden y opinión de la jueza Camille Vélez Rivé – emitida en marzo – reveló que César el Ausador reclamó indiferencia deliberada a sus necesidades médicas y solicitó “tratamiento médico inmediato y adecuado”.

Los abogados de Peralta también solicitaron interdictos temporeros y preliminares para que se le conceda a su cliente el remedio solicitado de inmediato.

Según los documentos judiciales disponibles, Peralta argumentó que no necesitaba completar el proceso administrativo porque desconocía de los procesos, debido a que los demandados ignoraron sus denuncias médicas y obstruyeron sus quejas, y porque los oficiales del MDC “fallaron en tomar acción” después de enterarse de las querellas verbales y escritas.

Sin embargo, Vélez Rivé, tras evaluar el recurso y las réplicas de los demandados, denegó la medida de urgencia y dejó que el pleito tomara su curso regular.

La jueza de distrito señaló que la demanda fue radicada “sin algún tipo de evidencia en apoyo, sino con argumentos vagos del abogado”, mientras que los demandados presentaron una detallada declaración jurada de una empleada del área legal de MDC con una explicación del proceso y el señalamiento de que Peralta “no radicó ninguna petición para remedio administrativo”.

Con relación a la denuncia de obstrucción deliberada de tratamiento médico, Vélez Rivé apuntó que Peralta no presentó hechos o detalles específicos sobre sus quejas dentro de la prisión.

“Además, (Peralta) afirma que los funcionarios de MDC Guaynabo se negaron a procesarlas y sus solicitudes de tratamiento fueron ignoradas, pero el demandante no indica qué funcionarios se negaron a procesarlas y qué quejas fueron las que supuestamente fueron ignoradas. Por tanto, el Tribunal no puede discernir cuáles demandados supuestamente obstruyeron algún tratamiento médico en particular y cuáles fueron los roles de los demandados en dicha supuesta obstrucción», resaltó Vélez Rivé en la orden y opinión.

La jueza también indicó que el reclamo de Peralta no incluyó evidencia o algún precedente que lo exima de tener que cumplir con los trámites administrativos regulares dentro de la prisión para procesar sus quejas antes de radicar una demanda civil.

“El tribunal simpatiza con las condiciones médicas del demandante y las frustraciones que pueda tener relacionadas con el tratamiento médico que está recibiendo mientras se encuentra detenido. Sin embargo, esto no se puede extrapolar para argumentar, como lo ha hecho, que se le ha negado el tratamiento médico adecuado”, indicó la jueza.

Añadió que, “lamentablemente, el demandante se encuentra en esta situación porque es un delincuente convicto bajo la custodia de la BoP. Como tal, no puede tener un médico ni tratamiento médico de su elección, y tiene que agotar la vía administrativa antes de presentar un caso ante este tribunal”.

“Por lo tanto, el tribunal no está en posición de determinar, como el demandante desea que lo haga, que la atención médica y el tratamiento brindados al demandante […] no han sido adecuados y no han cumplido con el estándar de atención”, afirmó.

Al día siguiente, el abogado de Peralta acudió al Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston para revertir la determinación negativa sobre el interdicto preliminar. Los demandados tienen hasta el 27 de mayo para contestar la moción radicada.