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Estos son los 18 países a los que se les pedirá PCR negativa o tarjeta de vacunación para entrar a RD

República Dominicana pedirá pruebas PCR negativa o tarjeta de vacunación a viajeros de 18 países para ingresar al país, como una medida para detener el avance del coronavirus, informaron esta tarde las autoridades.
La decisión está contenida en una resolución de la Junta de Aviación Civil (JAC), donde endurece las medidas para contener la propagación de las variantes del COVID-19 en el país, al requerir la presentación de prueba negativa PCR o tarjeta de vacunación a pasajeros de 18 países que deseen ingresar a territorio dominicano.
“A partir de la fecha, se requerirá a todos los pasajeros que arriben a la República Dominicana, procedentes de Australia, Reino Unido (Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales), Indonesia, Irak, Irán, Kuwait, Irlanda, República Democrática del Congo, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Siria, Suecia, Mónaco, Tailandia, Túnez, Brasil, Sudáfrica e India la presentación de prueba negativa PCR tomada con no más de 72 horas antes de su llegada o presentación de tarjeta de vacunación con no más de 3 semanas de haber sido colocada la última dosis”, explicó Marte Piantini.
La medida aplica también a todos los pasajeros provenientes de dichos países que arriben a territorio dominicano desde un tercer país, y aquellos que hayan estado en dichos países hace catorce días o menos.
Las medidas dispuestas serán efectivas a partir del 28 de junio del 2021, pudiendo ser extendidas por la Junta de Aviación, informó José Marte Piantini, presidente de la JAC.
“A través de los esfuerzo que realiza nuestro presidente Luís Abinader con el, Plan Nacional de Vacunación, hemos logrado un manejo extraordinario de la pandemia con un total de 7,482,545 dosis aplicadas. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el esfuerzo hecho por nuestro gobierno coloca a la República Dominicana entre los primeros cinco países de la región que han manejado mejor la crisis derivada de la pandemia”, señaló Marte Piantini.
En la resolución, también se señala que los miembros de la tripulación procedentes de los países antes mencionados deben presentar su tarjeta de vacuna o prueba PCR, y en su defecto mantenerse en confinamiento dentro del hotel donde se hospeden.
Marte Piantini manifestó que estas nuevas restricciones a los países mencionados «mantendrán a la población resguardada del surgimiento de nuevas cepas de COVID-19 que han afectado a otras naciones».
La JAC está integrada, además de su presidente, por el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Turismo, el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, el Director General del Instituto Dominicano de Aviación Civil, el Director Ejecutivo del Departamento Aeroportuario; el Comandante General de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, el Director General del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil; Nasim Antonio Yapor Alba y Fernando Hiram Taveras, como representantes del Sector Privado, Andrés R. Marranzini Grullón, como representante del Sector Turístico Privado, y Paola Plá Puello, como secretaria de la JAC.
FUENTE: Listin Diario

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Zapete, Febles, Salazar y Álvarez se querellan contra otros comunicadores por supuesta difamación e injuria

Los periodistas Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y la productora de televisión Mariasela Álvarez presentaron querellas penales ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional por presunta difamación e injuria en medios digitales contra cuatro comunicadores.
La información fue ofrecida por un equipo legal representante de los querellantes y que está integrado por los abogados Edwin Acosta, Patricia Santana Nina, Dangela Ramírez Guzmán y Carlos Alberto Polanco Rodríguez.
Las querellas han sido dirigidas contra cuatro ciudadanos que ejercen oficio de comunicación en redes sociales y medios digitales.
Se trata de Juan Aníbal Arrendel Núñez, Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casals García y Aquiles Jiménez Fernández, a quienes los querellantes atribuyen la difusión reiterada de señalamientos difamatorios e injuriosos.
«Las expresiones de Arrendel, de la Cruz, Casals y Jiménez han traspasado los límites del ejercicio legítimo de la libertad de expresión para convertirse en ataques personales con consecuencias reputacionales graves», afirmaron los abogados en una declaración de prensa.
El documento señala que, aunque cada querella responde a circunstancias particulares, todas coinciden en un mismo propósito: «sanear el espacio público, promover un debate respetuoso y aportar a una cultura democrática donde las diferencias se tramiten con argumentos, no con agravios».
Los firmantes reiteraron su compromiso con el Estado de derecho y el uso correcto de los mecanismos institucionales para dirimir conflictos. «No puede confundirse la libertad con la impunidad», expresaron en su comunicado, enviado a esta redacción.
El pronunciamiento concluye con un llamado a la convivencia democrática, al respeto mutuo y al uso responsable de las libertades públicas como herramientas de construcción colectiva, no de destrucción personal.
Los abogados aseguran que estas acciones no buscan limitar el debate público ni restringir la crítica, sino proteger a la ciudadanía frente al uso abusivo de plataformas comunicacionales para difamar, injuriar y desinformar sin fundamento, afectando el honor y la dignidad de personas que ejercen funciones públicas.
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Procuraduría crea unidad para cobro de multas de tránsito y pide se cobre mora por las penalidades no pagadas

Más del 70 % de los multados por contravenciones de tránsitos incumplen con el pago y, la falta de consecuencias, contribuye a que el país siga registrando una alta cantidad de accidentes de tránsito, asegura la procuradora Yeni Berenice Reynoso al encabezar el primer encuentro extraordinario con fiscales y personal administrativo.
La procuradora general de la República destacó que el Ministerio Público dedicará mayores esfuerzos al cobro de las multas de tránsito, como una forma de que conductores temerarios tomen una mayor conciencia del régimen de consecuencias y, de esa forma, incidir en la reducción de los accidentes de tránsito que acarrean muertes y dolor a toda la sociedad.
El Ministerio Público informó que hay casos en los que una sola persona registra más de 300 multas sin pagar que, lamentablemente prescriben en el marco jurídico actual, por lo que se hace necesario fortalecer la ley para que sean un crédito para el Estado y que su impago en plazo razonable genere mora sin prescripción.
La magistrada Yeni Berenice Reynoso recordó que menos del 30 % de las multas de tránsito se cobran a nivel nacional, lo cual constituye un incentivo para que algunos desaprensivos sigan sin esforzarse en cumplir con las normas de tránsito, las cuales, además de reglamentar y organizar el desplazamiento, tienen el objetivo de llevar seguridad a las calles y, por lo tanto, reducir el número de muerte asociadas a los accidentes.
Además de la creación de una unidad especial para el tema de las multas, otro de los múltiples puntos que trató Reynoso se relaciona con la ejecución de la garantía económica que pesan sobre procesados declarados en rebeldía.
“Cuando se pide a un tribunal la declaratoria de rebeldía de un procesado, inmediatamente debemos completar el procedimiento pidiendo la ejecución de la garantía económica”, indicó.
Yeni Berenice convocó el sábado en la mañana a la primera reunión extraordinaria del Ministerio Público, la cual encabezó junto a los demás miembros del Consejo Superior del órgano persecutor.
En el encuentro, la procuradora compartió los lineamientos generales de la planificación estratégica que “nos permitirá definir la ruta en busca de materializar la visión holística orientada a resultados de excelencia, en beneficio de toda la sociedad”.
Al encuentro, celebrado en el edificio que aloja a la Procuraduría General de la República, fueron convocados, además de los integrantes del Consejo Superior del Ministerio.
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