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Sociedad de Infectología no fue consultada para aplicación de tercera dosis, pero apoya la medida
La presidente de la Sociedad de Infectología, Clevy Pérez, afirmó este viernes que la decisión tomada por el Gabinete de Salud sobre la aplicación de una tercera dosis combinada de la vacuna contra el COVID-19 no fue consultada con las sociedades especializadas; sin embargo, aclaró que desde el punto de vista de la inmunología la iniciativa es aceptable, por lo cual está de acuerdo con la medida.
“Nosotros no fuimos consultados, fue una decisión que tomó el Gabinete de Salud, pero realmente las sociedades médicas especializadas y especialmente infectología no fue consultada. Fue una decisión que ellos tomaron en medio de la crisis y entiendo que es una decisión audaz y que muchos la pueden ver como apresurada, pero no te puedo decir, que desde la evidencia que tenemos hasta hora no tiene cierta lógica”, explicó la infectóloga.
En ese sentido Pérez indicó que la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 si será necesaria en un momento determinado y que es un tema que se ha estado discutiendo en otros países. “Si bien no hay tanto datos publicados, desde el punto de vista inmunológico combinar vacunas que están aprobadas y probadas de forma individual puede resultar más efectivo”, dijo.
Indica el Diario Libree que la infectólogo explicó que la decisión de una tercera dosis trata de fortalecer el sistema inmunológico ante nuevas variantes y para evitar de manera efectiva la transmisión comunitaria, no solo parar evitar la hospitalización y la muerte.
Por otro lado, la doctora indicó que primero se debe priorizar completar el esquema de vacunación actual antes de pasar a la aplicación de una tercera dosis.
“Es una estrategia que no es descabellada, pero ahora mismo hay que priorizar a aquellos que no se han vacunado, que no tienen ni siquiera la primera dosis y muchos que apenas están administrando la segunda dosis”, indicó.
Sobre la aplicación en un mes de este refuerzo la doctora explicó que la decisión la tomó el Gabinete sin embargo el tiempo es discutible. “A veces cuando pones un intervalo mayo alcanzas un mejor nivel inmunológico que poniendo un intervalo tan corto, en que ellos basaron la condición del tiempo hay que preguntarles a ellos”, señaló
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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos
La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso
A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.
La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.
Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación
La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.
El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.
Impulsarán alternativas biodegradables
Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.
La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.
También modifica el financiamiento del sistema de residuos
La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.
Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.
Aportes según el nivel de ingresos
La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.
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