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Las ARS advierten afiliados podrían quedar sin cobertura en parte de servicios COVID-19

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Miles de afiliados podrían quedar sin cobertura, en parte de los servicios ofrecidos a pacientes COVID-19, a partir del miércoles, si el Gobierno no asume los gastos médicos, advirtió este lunes el presidente de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (Adars), José Manuel Vargas.

Vargas solicitó a las autoridades incluir este proceso médico en el catálogo de prestaciones del Plan de Servicio de Salud, para seguir ofreciendo cobertura.

Reseña Diario Libre que el próximo miércoles 30 de junio finaliza el acuerdo realizado entre la Adars y la Asociación de Clínicas Privadas (Andeclip), mediante el cual las aseguradoras asumen en su totalidad los copagos y todas las atenciones que requieran en internamiento los enfermos de COVID-19 que estén afiliados al Régimen Contributivo del Seguro Familiar de Salud del Sistema Dominicano de Seguridad Social.

“Estamos dispuestos a extenderlo (el acuerdo) siempre y cuando se costeé, porque ya nosotros no podemos con los recursos limitados que tenemos. Actualmente ya tenemos pérdidas al mes de mayo de 1,363 millones de pesos, lo que nos impide seguir ofreciendo los servicios, al menos que sean costeados e incluidos en el catálogo de Prestaciones del Plan del Servicio de Salud”, explicó Vargas.

El presidente de Adars indicó que se encuentran a la espera de alguna respuesta por parte del ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, quien coordina ese acuerdo.

“Ese acuerdo lo hemos extendido en varias ocasiones, pero eso tiene un costo y necesariamente hay que incluirlo en el catálogo de prestaciones y costearlo para nosotros seguir ofreciendo los servicios de salud que demandan los afiliados por COVID -19”, dijo.

Vargas indicó que el Estado dominicano debe asumir esa responsabilidad como ha sucedido en todos los países del mundo, ya que frente a una pandemia ningún sector tiene la capacidad de asumir los costos, porque todo lo relacionado a esta enfermedad es desconocido.

Por otro lado, Vargas aseguró que las seis ARS que conforman la Adars ofrecen total cobertura a sus afiliados, mientras que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) cubre a los que no pertenecen al régimen contributivo.

Andeclip pide al Gobierno resolver situación con las ARS
El presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip), Rafael Mena, indicó que el Gobierno debe tomar las medidas necesarias para resolver esta situación.

“Para nosotros este es un problema … muy serio, porque nosotros no podemos decirle al Gobierno lo que ellos van hacer con el asunto de la pandemia, pero sí creemos que deben tomarse las medidas necesarias”, explicó el galeno.

Además, Mena calificó de preocupante la deuda de más de seis mil millones de pesos contraída con los centros que han prestado servicios a estos pacientes.

“Quizá el tema sea un poco más profundo, porque yo le debo decir que a muchos de nosotros no nos han pagado, todavía la deuda está pendiente y nosotros estamos muy preocupados, porque tenemos informaciones de que el sistema podría ir a la quiebra y al colapso”, dijo.

Mena señaló que los centros nos son responsables de la situación que presentan los afiliados y que lamentablemente no pueden asumir los costos de estos pacientes, porque significaría el cierre de sus operaciones médicas.

“Desearíamos nosotros que antes de hacer o llegar a un nuevo acuerdo, porque ya se han hecho dos, se cubra y se cumplan los compromisos pactados, porque no se ha hecho. Entonces nosotros no sabemos en qué pie estamos parados, ni qué va a pasar”, indicó el galeno.

Por otro lado, Mena indicó que desde Santiago ha recibido información de que se está cobrando el 18% de impuesto del oxígeno a las clínicas que lo suministran a pacientes de COVID-19, algo que se contradice con lo que estaba estipulado.

“Habían quedado que a los pacientes de COVID-19 no se cobrara ese por ciento y estamos sorprendidos que también está pasando”, afirmó.

Con relación al depósito que algunas clínicas solicitan a los paciente para ser ingresados, el doctor explicó que ninguna de las clínicas afiliadas a Andeclip permite este cobro.

“Nosotros no lo estamos haciendo, nos hemos ajustado al acuerdo que hemos llegado, ARS y Gobierno”, aseguró .

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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos

La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso

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A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.

La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.

Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación

La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.

El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.

Impulsarán alternativas biodegradables

Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.

La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.

También modifica el financiamiento del sistema de residuos

La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.

Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.

Aportes según el nivel de ingresos

La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.

Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.

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