Panorama
Miriam Germán dice fue ilegal impedir salida del país a Jean Alain Rodríguez
La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, admitió este lunes que fue ilegal la alerta migratoria que impidió la salida del país del exprocurador Jean Alain Rodríguez.
Asimismo, dijo que tomará las medidas de lugar para impedir que esta situación se repita, «incluyendo aspectos disciplinarios».
Por otro lado, adelantó que se inhibirá de cualquier proceso que involucre al exprocurador.
«Deseo que conste, si alguna vez el señor Jean Alain tiene algún proceso en esta jurisdicción, me apartaré de el de manera legal, con la finalidad de que no haya lugar a argumentar supuestos desafectos», expresó Germán Brito mediante un comunicado enviado a los medios por la Procuraduría.
El procurador Jean Alain Rodríguez fue impedido de salir del país el pasado jueves tras permanecer más de cinco horas en el aeropuerto, bajo el alegato de que había un alerta migratoria en su contra.
El exfuncionario dijo que la acción era ilegal.
A continuación el texto del comunicado de la procuradora Miriam Germán Brito y que reprodujo el periódico El Día:
«En mi calidad de Procuradora General de la República, y frente a mi equipo de trabajo, he fijado con claridad mi postura sobre las denominadas «alertas migratorias» en la forma en que han venido siendo utilizadas en la historia reciente de la institución, al considerarlas reales impedimentos de salida en violación al debido proceso aún cuando se pretendiesen instrumentar únicamente con la supuesta finalidad de tener conocimientos de los movimientos migratorias de persona bajo investigación.
En ese sentido, instruí que todas fuesen levantadas o dejadas sin efecto, para lo cual compartí mi parecer con el director de Migración, quien estuvo de acuerdo.
Justo al día siguiente de haber tomado esta decisión recibimos la visita de dos funcionarios que no son del área judicial, presentes además a requerimiento mío estuvo el director de Migración y los titulares del PEPCA y la Dirección de Persecución.
En esa reunión reiteré que las alertas, que a fin de cuentas devenían en un real impedimento, estaban eliminadas, que no eran posibles en nuestra legislación actual; solo secundó mi criterio el director de Migración, en ese momento.
Les expresé claro que el proceder mencionado antes de impedimentos de salida colocados administrativamente solo era posible si la ley fuera modificada en este aspecto.
El jueves me entero por los medios que el señor Jean Alain Rodríguez le fue impedida la salida del país, en unas condiciones que resultan más que confusas porque tengo entendido que había abordado un vuelo, luego de haber pasado los controles migratorios de lugar, el avión retorna al aeropuerto debido a un desperfecto técnico, y cuando el señor Rodríguez intenta abordar el otro avión, le fue impedido, aún habido sido ordenado el levantamiento de las alertas por demás ilegales, y no teniendo el señor Rodríguez impedimento de salida ordenado por un juez.
Haciendo averiguaciones a lo interno de la Procuraduría, hemos procedido a tomar las medidas de lugar para que esta situación no se repita, incluyendo aspectos disciplinarios.
Es el interés de quien dirige este Ministerio Público, que las normas del debido proceso sean aplicadas a todos y todos los ciudadanos (as) sin importar quien sea.
Este interés está por encima de la valoración, que en términos éticos, nos merezca el eventual beneficiario.
No pretendo participar en investigación, ni decisión que involucre al Sr. Jean Alain Rodríguez, no quiero dar lugar a que se le quiera atribuir a alguna malquerencia con el indicado señor, he hablado en ocasiones de una cierta incapacidad mía para el rencor y viene muy bien al caso aqueloo de «no hablo de venganzas ni perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón».
Por último, deseo que conste, si alguna vez el Sr. Jean Alain tiene algún proceso en esta jurisdicción, me apartaré de él, de manera legal, con la finalidad de que no haya lugar a argumentar supuestos desafectos.
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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos
La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso
A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.
La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.
Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación
La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.
El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.
Impulsarán alternativas biodegradables
Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.
La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.
También modifica el financiamiento del sistema de residuos
La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.
Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.
Aportes según el nivel de ingresos
La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.
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