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Diputados aprueban Código Penal sin causales

Tras once meses de intensos trabajos legislativos, la Cámara de Diputados aprobó ayer en segunda lectura y con varios cambios el proyecto de ley que modificaría el Código Penal vigente.
La iniciativa legislativa fue aprobada con 128 votos a favor, 13 votos en contra y siete diputados se abstuvieron de votar.
El importante Código pasa al Senado de la República para su aprobación en dos lecturas.
La decisión se produjo tras unos 20 años de ser objeto de estudio en el Congreso Nacional.
El tema que se mantuvo siendo el centro de los debates y de una vista pública realizada el pasado 14 de mayo fue el aborto, el cual continúa penalizado y fue objeto de pequeñas modificaciones con respecto a la reducción de las penas contra los médicos, otros tipos de personal del área de la salud y parteras.
En la última ronda de debates realizada ayer participaron once diputados.
El primero en hablar fue el presidente de la Comisión Permanente de Justicia, Alexis Isaac Jiménez, quien solicitó al pleno aprobar la iniciativa porque contribuiría, entre otras cosas, a dotar al país de penas para castigar la corrupción administrativa, el sicariato, el feminicidio, el delito electrónico y la fabricación, expendio o despacho de medicamentos, bebidas o alimentos adulterados.
Informó que acogieron 329 sugerencias de forma y fondo presentadas por diversos sectores.
En tanto, que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, destacó el trabajo arduo realizado por ese hemiciclo para que el país cuente con un Código Penal que contribuya a modernizar los procesos penales.
Aunque reiteró que es partidario de la aprobación de las tres causales que permitirían el aborto, dijo que su rol era someter el referido proyecto de ley a votación para permitir que sus pares tomen su decisión democráticamente.
Recordó que planteó el endurecimiento de las penas por la corrupción administrativa y que invitó a juristas de prestigio y a otros sectores para que presentaran sus observaciones.
El vocero del bloque de diputados del PLD, Gustavo Sánchez, afirmó que siendo coherente con su partido no apoyaría la aprobación de ese proyecto de ley debido a que rechazaba la penalización del aborto.
Sobre el tema, el diputado José Horacio Rodríguez, de AlPaís, pidió a sus pares apoyar la enmienda presentada por la diputada Ivannia Rivera para permitir las tres causales.
Cuestionó la tozudez de un Congreso Nacional que no es capaz de aprobar leyes con carácter de humanidad.
Su discurso provocó que el vocero del PRSC, Máximo Castro Silverio, lo cuestionara al atribuir a sectores minoritarios querer obstaculizar la aprobación del Código Penal.
Otras cambios
También, fueron aprobadas otras modificaciones a esa iniciativa sobre el fraccionamiento de las penas, el trato cruel , inhumano y degradante y la discri- minación.
FUENTE: Diario Libre

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Zapete, Febles, Salazar y Álvarez se querellan contra otros comunicadores por supuesta difamación e injuria

Los periodistas Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y la productora de televisión Mariasela Álvarez presentaron querellas penales ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional por presunta difamación e injuria en medios digitales contra cuatro comunicadores.
La información fue ofrecida por un equipo legal representante de los querellantes y que está integrado por los abogados Edwin Acosta, Patricia Santana Nina, Dangela Ramírez Guzmán y Carlos Alberto Polanco Rodríguez.
Las querellas han sido dirigidas contra cuatro ciudadanos que ejercen oficio de comunicación en redes sociales y medios digitales.
Se trata de Juan Aníbal Arrendel Núñez, Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casals García y Aquiles Jiménez Fernández, a quienes los querellantes atribuyen la difusión reiterada de señalamientos difamatorios e injuriosos.
«Las expresiones de Arrendel, de la Cruz, Casals y Jiménez han traspasado los límites del ejercicio legítimo de la libertad de expresión para convertirse en ataques personales con consecuencias reputacionales graves», afirmaron los abogados en una declaración de prensa.
El documento señala que, aunque cada querella responde a circunstancias particulares, todas coinciden en un mismo propósito: «sanear el espacio público, promover un debate respetuoso y aportar a una cultura democrática donde las diferencias se tramiten con argumentos, no con agravios».
Los firmantes reiteraron su compromiso con el Estado de derecho y el uso correcto de los mecanismos institucionales para dirimir conflictos. «No puede confundirse la libertad con la impunidad», expresaron en su comunicado, enviado a esta redacción.
El pronunciamiento concluye con un llamado a la convivencia democrática, al respeto mutuo y al uso responsable de las libertades públicas como herramientas de construcción colectiva, no de destrucción personal.
Los abogados aseguran que estas acciones no buscan limitar el debate público ni restringir la crítica, sino proteger a la ciudadanía frente al uso abusivo de plataformas comunicacionales para difamar, injuriar y desinformar sin fundamento, afectando el honor y la dignidad de personas que ejercen funciones públicas.
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Procuraduría crea unidad para cobro de multas de tránsito y pide se cobre mora por las penalidades no pagadas

Más del 70 % de los multados por contravenciones de tránsitos incumplen con el pago y, la falta de consecuencias, contribuye a que el país siga registrando una alta cantidad de accidentes de tránsito, asegura la procuradora Yeni Berenice Reynoso al encabezar el primer encuentro extraordinario con fiscales y personal administrativo.
La procuradora general de la República destacó que el Ministerio Público dedicará mayores esfuerzos al cobro de las multas de tránsito, como una forma de que conductores temerarios tomen una mayor conciencia del régimen de consecuencias y, de esa forma, incidir en la reducción de los accidentes de tránsito que acarrean muertes y dolor a toda la sociedad.
El Ministerio Público informó que hay casos en los que una sola persona registra más de 300 multas sin pagar que, lamentablemente prescriben en el marco jurídico actual, por lo que se hace necesario fortalecer la ley para que sean un crédito para el Estado y que su impago en plazo razonable genere mora sin prescripción.
La magistrada Yeni Berenice Reynoso recordó que menos del 30 % de las multas de tránsito se cobran a nivel nacional, lo cual constituye un incentivo para que algunos desaprensivos sigan sin esforzarse en cumplir con las normas de tránsito, las cuales, además de reglamentar y organizar el desplazamiento, tienen el objetivo de llevar seguridad a las calles y, por lo tanto, reducir el número de muerte asociadas a los accidentes.
Además de la creación de una unidad especial para el tema de las multas, otro de los múltiples puntos que trató Reynoso se relaciona con la ejecución de la garantía económica que pesan sobre procesados declarados en rebeldía.
“Cuando se pide a un tribunal la declaratoria de rebeldía de un procesado, inmediatamente debemos completar el procedimiento pidiendo la ejecución de la garantía económica”, indicó.
Yeni Berenice convocó el sábado en la mañana a la primera reunión extraordinaria del Ministerio Público, la cual encabezó junto a los demás miembros del Consejo Superior del órgano persecutor.
En el encuentro, la procuradora compartió los lineamientos generales de la planificación estratégica que “nos permitirá definir la ruta en busca de materializar la visión holística orientada a resultados de excelencia, en beneficio de toda la sociedad”.
Al encuentro, celebrado en el edificio que aloja a la Procuraduría General de la República, fueron convocados, además de los integrantes del Consejo Superior del Ministerio.
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