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Envían a prisión a un joven por falsificar tarjetas de vacunación contra el COVID-19

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El juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva en contra de un acusado de falsificar y vender tarjetas de vacunación del Covid-19, un documento cuya emisión es exclusiva del Ministerio de Salud Pública.

El tribunal dispuso que el imputado Anthony Esterlín Martínez Sánchez cumpla la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís.

En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público sostiene que vendía las tarjetas falsificadas a RD$500 cada una, tras confeccionarlas en un estudio de fotografía del sector Valiente, de Boca Chica.

El expediente instrumentado por la fiscal Bianca Durán, del Departamento de Falsificaciones de esta Procuraduría Fiscal, explica que las investigaciones sobre el caso continúan en desarrollo en diferentes sectores de Santo Domingo Este y Boca Chica, de manera conjunta con agentes de la Policía Nacional.

En el marco de estas diligencias y tras una labor de inteligencia, el Ministerio Público realizó un allanamiento el 8 de julio pasado en el citado establecimiento de servicios, donde arrestó a Martínez Sánchez y le ocupó tarjetas de vacunación que intentaba destruir.

Además, los fiscales obtuvieron la plantilla utilizada para falsificar las tarjetas y un CPU marca HP.

A estos hechos, el órgano de la acusación les atribuye la calificación jurídica provisional contenida en la Ley 42-01 sobre Salud Pública, así como los artículos 147, 148, 150 y 151 del Código Penal y el Reglamento 1138-03, para la Habilitación de Establecimientos y Servicios de Salud.

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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos

La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso

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A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.

La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.

Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación

La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.

El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.

Impulsarán alternativas biodegradables

Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.

La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.

También modifica el financiamiento del sistema de residuos

La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.

Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.

Aportes según el nivel de ingresos

La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.

Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.

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