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Indotel sanciona a telefónica Viva al pago de RD$77.3 millones y US$5.1 millones
El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) sancionó a la compañía Trilogy Dominicana (Viva), que la obliga a pagar RD$77.3 millones y US$5.1 millones por supuestas faltas administrativas «tipificadas como muy graves y graves en la ley que regula el sector».
La empresa habría incurrido en la prestación de servicios de telecomunicaciones sin la correspondiente licencia y la utilización no autorizada del espectro radioeléctrico, infringiendo los artículos 105 y 106 de la Ley General de Telecomunicaciones núm. 153-98, dice el Indotel en un comunicado de prensa.
La decisión fue adoptada mediante la resolución 064-2021, aprobada por el Consejo Directivo del Indotel en fecha del 8 de julio de 2021 y comunicada hoy al país a través de un comunicado de la institución.
Indotel informó que las empresas Altice y Claro habían presentado denuncias por el uso ilegal de las frecuencias en el año 2017.
La compañía Claro había presentado nueva vez su denuncia formal ante Indotel contra Trilogy Dominicana el 11 de julio de 2020, reiterada el 8 de octubre del mismo año.
«Esta decisión es resultado de un proceso administrativo sancionador iniciado, de oficio, por Indotel el 9 de octubre de 2020, durante el cual se garantizó a Trilogy Dominicana (Viva) todos sus medios de defensa en el marco del debido proceso previsto en la legislación aplicable», indica el comunicado.
A continuación el resto del comunicado:
Desde el 4 de agosto de 2017 la Dirección Ejecutiva del Indotel viene notificando a la concesionaria que debía abstenerse de la prestación de servicios a través de las frecuencias propiedad del Estado, comprendidas en los segmentos de 2110 a 2120 MHz y 2130 a 2135 MHz. Con anterioridad, específicamente en 2018, las autoridades de entonces del Indotel iniciaron un proceso administrativo sancionador por las mismas causas contra Trilogy Dominicana (Viva), que fue declarado caduco el 15 de enero de 2020.
Mediante la resolucion 064-2021, Indotel condenó a Trilogy Dominicana (Viva) con 230 cargos por incumplimiento, que acarrea una sanción de RD$23.3 millones, mientras que por tasas correspondientes al tiempo en que usó las frecuencias de manera ilegal, la empresa deberá realizar el pago de RD$54 millones.
Los US$5.1 millones se refiere al monto que el Estado Dominicano dejó de percibir durante el período que la empresa utilizó, de manera ilegal, las frecuencias propiedad del Estado. La suma total adeudada en pesos dominicanos es de unos RD$369,167,167.00.
El órgano regulador ordena a Trilogy Dominicana (Viva) abandonar de forma inmediata las frecuencias, sobre las que, de manera ilícita, ha estado ofreciendo servicio a sus clientes.
La prestadora de servicios representa un 5.4% de la cuota total del mercado dominicano de las telecomunicaciones, con 530, 929 clientes, de los cuales 30,064 son usuarios post pago, según el más reciente reporte enviado al Indotel.
La autoridad reguladora de las telecomunicaciones dispuso, además, que Trilogy Dominicana (Viva) adopte las medidas pertinentes para que sus usuarios puedan continuar recibiendo los servicios contratados a través del uso de las frecuencias que le han sido autorizadas.
El artículo 99 de la Ley General de Telecomunicaciones dispone que los actos administrativos del órgano regulador son de obligado cumplimiento, salvo mandato judicial que expresamente señale lo contrario.
La resolución que sanciona a Trilogy Dominicana (Viva) está disponible para el público en el portal institucional del órgano regulador de las telecomunicaciones.
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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos
La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso
A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.
La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.
Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación
La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.
El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.
Impulsarán alternativas biodegradables
Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.
La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.
También modifica el financiamiento del sistema de residuos
La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.
Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.
Aportes según el nivel de ingresos
La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.
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