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Viva califica de improcedente y carente de base legal acción del Indotel en su contra

La empresa alega que la resolución que ordena pagar RD$77.3 millones y US$5.1 millones tiene partes que aún no se han decidido en el TSA

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La empresa de telecomunicaciones Trilogy Dominicana,S.A. (Viva) rechazó “categóricamente” la tarde de este jueves la resolución emitida por el Instituto de las Telecomunicaciones (Indotel) y anunció que “procederá a interponer en su contra los recursos jurídicos y administrativos que se encuentren a su disposición”.

Indotel, organismo regulador de las telecomunicaciones en el país, dio a conocer este día la resolución 064-2021, a través de la cual sanciona a la referida compañía telefónica al pago de RD$77.3 millones y US$5.1 millones por el alegado uso ilegal de frecuencias propiedad del Estado.

A través de un comunicado, Viva calificó el documento del Indotel como “improcedente y carente de toda base legal”.

“La decisión en cuestión ha sido dictada en violación al principio de legalidad y al debido proceso, a la vez que adolece de graves problemas procesales, los cuales fueron señalados oportunamente al Indotel”, refiere la empresa en el documento.

Agregó que la resolución “excede olímpicamente” las atribuciones sancionadoras que la Ley General de Comunicaciones ha otorgado a Indotel y que fue dictada a sabiendas de que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) “se encuentra apoderado de aspectos fundamentales del caso en cuestión que no han sido aún decididos”.

“Igualmente, la decisión dictada por el Consejo Directivo del Indotel contraviene los antecedentes institucionales con relación a la materia, situación que genera una clara discriminación en contra de esta empresa”, dijo Viva en el comunicado.

Reiteró que “procederá al ejercicio de las acciones legales que tiene a su disposición, muy particularmente al recurso de reconsideración ante el mismo Indotel”.

Aunque se dio a conocer este jueves 15 de julio, la resolución fue emitida el ocho de este mes.

El comunicado íntegro de Viva
La prestadora de servicios públicos de telecomunicaciones Trilogy Dominicana, S.A. (VIVA) rechaza categóricamente la decisión dictada por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) en su Resolución 064-2021 de fecha 8 de julio de 2021, la cual resulta improcedente y carente de toda base legal, por lo que procederá a interponer en su contra los recursos jurídicos y administrativos que se encuentran a su disposición.

La decisión en cuestión ha sido dictada en violación al principio de legalidad y al debido proceso, a la vez que adolece de graves problemas procesales, los cuales fueron señalados oportunamente al INDOTEL. En adición, la resolución no solo excede olímpicamente las atribuciones sancionadoras otorgadas al INDOTEL por la Ley General de Telecomunicaciones, sino que fue dictada a pesar de que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) se encuentra apoderado de aspectos fundamentales del caso en cuestión y que no han sido aún decididos.

Igualmente, la decisión dictada por el Consejo Directivo del INDOTEL contraviene los antecedentes institucionales con relación a la materia, situación que genera una clara discriminación en contra de esta empresa.

VIVA reitera que procederá al ejercicio de las acciones legales que tiene a su disposición, muy particularmente el recurso de reconsideración ante el mismo INDOTEL.

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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos

La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso

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A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.

La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.

Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación

La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.

El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.

Impulsarán alternativas biodegradables

Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.

La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.

También modifica el financiamiento del sistema de residuos

La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.

Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.

Aportes según el nivel de ingresos

La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.

Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.

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