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Libertad pura y simple a tres exoficiales imputados por intento de secuestro a dos empresarios

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El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional descartó la solicitud de prisión preventiva del Ministerio Público en contra de tres exoficiales acusados de intentar secuestrar a dos empresarios dueños de supermercados, y por el contrario, los dejó en libertad pura y simple.

El magistrado Juan Francisco Rodríguez Consoró consideró que la Fiscalía del Distrito Nacional y la Policía Nacional no presentaron pruebas suficientes para imponer una medida de coerción a los imputados, quienes fueron identificados como el exalférez de fragata de la Armada Dominicana Mario Rafael Bretón Santana, el excoronel de la Policía Nacional Luis Elías Cornelio Torres y el excapitán de la Policía Nacional Carlos de Jesús Minier.

Estos eran investigados por el seguimiento y vigilancia contra los dos empresarios dominicanos, y sus familiares con fines de secuestrarlos y pedir un rescate, según establece el expediente del Ministerio Público.

El Departamento de Investigaciones de Homicidios de la Fiscalía del Distrito Nacional indicó que los exoficiales fueron arrestados en flagrante delito mientras tomaban fotos y enviaban ubicaciones de las víctimas.

Luego de evaluar las circunstancias y condiciones de los encartados, el Ministerio Público solicitaba la prisión preventiva, ya que supuestamente estos no ofrecían garantías para presentarse a los actos del procedimiento, en razón de que no cuentan con el arraigo suficiente para descartar el peligro de fuga.

Vía Diario Libre

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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos

La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso

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A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.

La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.

Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación

La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.

El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.

Impulsarán alternativas biodegradables

Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.

La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.

También modifica el financiamiento del sistema de residuos

La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.

Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.

Aportes según el nivel de ingresos

La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.

Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.

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