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Dirigentes comunitarios definen como burla que aeropuerto de Bávaro no pague impuestos por 15 años

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Dirigentes comunitarios de la provincia La Altagracia calificaron como una burla y una falta de respeto que el pasado gobierno haya aprobado una exoneración del pago de impuestos al Aeropuerto Internacional de Bávaro por 15 años, ya que sus residentes atraviesan múltiples precariedades que se podrían resolver con ese dinero.

“En vez de cobrarles los impuestos, el gobierno pasado se los exoneró a una gente que tienen muchísimo dinero y nunca han hecho nada por la comunidad y nosotros necesitando de todo aquí”, dijo María Villa Villaplywood.

Replicó que los gobernantes deben velar por el bienestar de los más desposeídos, no por los bolsillos de los tutumpotes como se ha hecho en este caso, pues no se ha pensado en la masa pobre a la que siempre se le carga con el cobro de los impuestos.

“Para hacer una casita a mí me cobran una balsa de impuestos y también me cobra el gobierno los impuestos. Y ahora a una gente multimillonaria le exoneran 15 años. Eso es un abuso”, señaló.

Asimismo, expresó que “darle ese permiso por 15 años a un aeropuerto donde Verón Punta Cana no tiene hospital, no tiene planta de tratamiento, acueducto, no tiene alcantarillado, faltan muchísimas escuelas, faltan muchísimos liceos, aquí lo que hay es una policlínica que la hizo Antonio Guzmán en 1978 y aquí hay como 100 mil habitantes mal contados y eso no da abasto para nada”, detalló.

De igual manera, cuestionó que se les hayan “exonerado los impuestos a esos multimillonarios en lugar de hacer todo el proceso legal correspondiente.

En tanto, el empresario y dirigente comunitario, Uridy Marte expresó que esa obra no es lo que sus promotores han estado diciéndole al país pues lo primero que debieron hacer fue comenzar por el pago de sus impuestos.

“Yo no estoy de acuerdo con que se haga una obra que se exonere del pago de impuestos y nosotros como comunidad no nos estamos beneficiando”, puntualizó.

Destacó que contrario a algunos hoteles que han recibido exenciones fiscales, los mismos sí generan nuevos empleos, pero al construir un segundo aeropuerto, lo que provocaría es dividir los empleos que ya hay en la zona.

De igual manera, Débora Marte, presidenta de la Junta de Vecinos Samaritano dijo que con los impuestos que les van a exonerar a esas personas en caso de construirse esa mega estructura se harían muchas cosas no solo en Bávaro-Verón-Punta Cana, sino también en gran parte del país, por tratarse de grandes sumas de dinero.

De su lado, Victoriano Guzmán, presidente de la Junta de Vecinos Friusa y de la Defensa Civil dijo sentirse asombrado por la exoneración del pago de los impuestos por parte de CONFOTUR al Aeropuerto Internacional de Bávaro ya que su comunidad tiene muchas carencias y necesidades para andar regalando los recursos.

“Yo como comunitario estoy asombrado porque una comunidad como ésta con muchas carencias, con muchas necesidades, exonerar a una compañía de esa magnitud del pago de impuestos por 15 años es una falta de respeto”, dijo.

Asimismo señaló que como “comunitarios que no debe ser así, que se necesita igual que todas las demás y si nosotros regalamos lo que por derecho nos corresponde como comunidad entonces dónde vamos a parar”, destacó.

Guzmán manifestó que, aunque los recursos que le correspondería pagar a esa empresa no entrarían directamente a la comunidad, sí ingresarían al gobierno central y de ahí se podrían destinar ciertos fondos para obras sociales en la demarcación.

En iguales términos se pronunció Miguel Ángel Marcial presidente de la Junta de Vecinos Nuevo Amanecer de los Altos de Friusa quien hizo un llamado al presidente Luis Abinader a que acuda en auxilio de esas comunidades ya que están abandonados de autoridades y las pocas obras que tienen son gracias a donaciones privadas.

“Exonerar por 15 años una obra a una empresa de esa magnitud millonaria sin antes venir aquí y hacer algo por nuestra comunidad yo entendería que es como una burla a nuestra comunidad”, afirmó.

Entre las obras y servicios que requieren los barrios y municipios de la provincia, los líderes comunitarios citaron las aceras, contenes, asfaltados, centro de capacitación, hospitales, acueductos, play deportivos, entre otras.

De acuerdo a informaciones del Ministerio de Hacienda, como parte del análisis costo-beneficio del Aeropuerto de Bávaro, hecho a solicitud del CONFOTUR, “en ausencia de los incentivos tributarios el proyecto no sería financieramente rentable, debido a que este no compensa la inversión inicial realizada”.

El informe señala también que “los incentivos tributarios representarían un sacrificio fiscal para el Estado de RD$4,403.9 millones durante los años considerados, de los cuales el 73% corresponde al impuesto sobre la renta; el 20.4% al impuesto sobre los activos; el 4.0% al impuesto a la transferencia inmobiliaria; y el 2.6% al arancel e impuestos a las importaciones”.

Consultados respecto a los privilegios fiscales otorgados por el Consejo de Fomento del Turismo (CONFOTUR) a finales de julio del año pasado a la prevista terminal, diversos líderes comunitarios manifestaron su rechazo a esa decisión y expresaron que con esos recursos el actual gobierno pudiera construir las obras sociales que tanta falta hacen en sus localidades.

Se expresaron en esos términos María Villaplywood, presidenta de la Junta de Vecinos Villaplywood; Uridy Marte, empresario y dirigente comunitario de Verón Punta Cana; Debora Marte, presidenta de la Junta de Vecinos Samaritano; Victoriano Guzmán, presidente de la Junta de Vecinos Friusa y de la Defensa Civil y Miguel Ángel Marcial, presidente de la Junta de Vecinos Nuevo Amanecer de los Altos de Friusa y secretario general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos

La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso

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A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.

La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.

Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación

La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.

El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.

Impulsarán alternativas biodegradables

Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.

La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.

También modifica el financiamiento del sistema de residuos

La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.

Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.

Aportes según el nivel de ingresos

La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.

Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.

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