El economista Henri Hebrard reveló que el Ministerio de Hacienda habría realizado un informe a finales del pasado gobierno en el cual advertía que el Aeropuerto Internacional de Bávaro no sería rentable y que los incentivos fiscales que les serían otorgados por 15 años representarían un enorme “sacrificio del Estado” de casi RD$4,500 millones, los cuales ahora obligan a que los mismos sean ofrecidos en iguales condiciones y por el mismo tiempo a todos los aeropuertos privados del país.

Herbard manifestó que las conclusiones del informe señalan que los resultados del “análisis costo-beneficio” evidencian que en ausencia de los incentivos tributarios el proyecto no sería financieramente rentable, debido a que éste no compensa la inversión inicial realizada; por lo que se espera que la inversión no pudiera ser realizada sin el otorgamiento de dichos incentivos.

“Los incentivos tributarios representarían un sacrificio fiscal para el Estado de RD$4,403.9 millones durante los años considerados, de los cuales el 73% corresponde al impuesto sobre la renta; el 20.4% al impuesto sobre los activos; el 4.0% al impuesto a la transferencia inmobiliaria; y el 2.6% al arancel e impuestos a las importaciones”, argumentó el economista durante su intervención en el programa Telematutino 11.

Este explicó que el informe bajo el título “Análisis costo-beneficio de los incentivos fiscales a otorgar al proyecto máster plan Aeropuerto Internacional de Bávaro” fue realizado por la Dirección General de Política y Legislación Tributaria del Ministerio de Hacienda en julio de 2020 por solicitud del Consejo de Fomento Turístico (Confotur) de fecha 30 de junio de 2020.

Además indicó que otro aspecto que el Ministerio de Hacienda también abordó en su informe fueron los escasos beneficios generales que tendría éste para la sociedad versus el sacrificio fiscal.

“Los beneficios indirectos del proyecto a la sociedad ascenderían a RD$222.1 millones. Por lo que estos cubren el 5.0% de los incentivos a otorgar. Es decir que los beneficios indirectos que aportaría el proyecto son inferiores al sacrificio fiscal generado para el Estado”, agregó el economista.

Hebrard deploró que, pese a las advertencias del Ministerio de Hacienda, los promotores del Aeropuerto Internacional de Bávaro obtuvieron en la transición del pasado gobierno, por parte del Confotur, privilegios o exenciones fiscales como impuestos sobre la renta e impuesto sobre activos; impuesto por constitución de sociedades y aumento de capital de sociedades constituidas; impuestos sobre transferencias inmobiliarias; impuestos municipales; impuestos por la importación (arancel, selectivos, ITBIS, entre otros) o por la compra en el mercado local de las maquinarias, equipos, materiales y bienes muebles que sean necesarios para la construcción y el primer equipamiento y puesta en operación del proyecto; retención por intereses pagados al exterior y nuevas cargas impositivas, arbitrios, tasas o contribuciones establecidas durante el período de exención fiscal.

“Las estimaciones que se han realizado indican que esto le costará al Estado dominicano más de 15 mil millones de pesos si esa decisión no es derogada”, dijo Herbrard.

El economista también destacó que el informe reza que, tras analizar el flujo de caja, “los datos del estudio de factibilidad económico-financiero revelan que el valor actual neto (VAN) del flujo de caja sin considerar los incentivos tributarios resulta negativo en RD$1,729.3 millones. Por tanto, desde el punto de vista financiero, bajo un escenario de pago de impuesto, este proyecto no sería financieramente rentable debido a que el mismo no compensa la inversión inicial realizada de acuerdo con un costo de oportunidad del dinero utilizado de 12.0 por ciento”.

El Ministerio de Hacienda señaló en el informe que el análisis costo-beneficio para ese proyecto fue elaborado sobre la base de la metodología desarrollada por esa entidad con el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI), y el Centro Regional de Asistencia Técnica para Centroamérica, Panamá y República Dominicana (Capta-DR), “a los fines de orientar las decisiones de otorgamiento de incentivos y prevenir abusos en el uso de los mismos”.