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Panorama

Pro Consumidor no tiene facultades para sancionar empresas, según la Suprema

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La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia estableció que el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) no tiene facultad para dictar sanciones administrativas.

Mediante la sentencia de fecha 30 de junio del año 2021, el tribunal instruyó que el otorgamiento de la facultad sancionadora a la administración pública es un tema reservado a la ley.

“Es decir, que nuestra carta magna ha creado como garantía ciudadana que sea la ley la que establezca o no la facultad sancionatoria con respecto a una administración en específico… la potestad sancionatoria de la administración pública debe ser configurada como una competencia legal atribuida a esta última, razón por la que se verifica la relación íntima existente entre el principio de legalidad y el de competencia en la actuación administrativa”, reza el comunicado de prensa.

El tribunal considera que en la especie es preciso indicar que, salvo los casos comprendidos en el artículo 43 de la Ley núm. 358-05, la normativa reguladora no dota de potestad sancionadora expresa al Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, sino de una facultad de comprobación administrativa previa al apoderamiento de los órganos jurisdiccionales con facultad para la imposición de multas.

“Por lo que resulta oportuno señalar aquí que del análisis de los artículos 17 (funciones del Consejo Directivo), 23, 27, 31 y 42 (los dos últimos sobre las funciones del director ejecutivo) de la citada Ley núm. 385-05 no se vislumbra una explícita -y sin lugar a dudas- habilitación a Proconsumidor para dictar sanciones administrativas, sino que las sanciones por la comisión de infracciones deberán ser dictadas por los jueces de paz conforme expresa el artículo 132 de la referida ley”, argumenta el tribunal.

La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, competente para conocer las materias de tierra, laboral, contencioso administrativo y contencioso tributario, la conforman los magistrados Manuel Alexis Read?Ortiz, presidente; Manuel R. Herrera Carbuccia, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Rafael Vásquez Goico y Nancy I. Salcedo Fernández, jueces miembros.

Vía Listín Diario

Panorama

Mujer denuncia que su esposo fue al cuartel a devolver un conejo y terminó preso

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Una mujer identificada como Genesis Adames, denunció ayer que su esposo, Carlos Peña, acudió a un cuartel de Moca a devolver un conejo que apareció en el patio de su vivienda y presuntamente lo dejaron arrestado bajo argumento de robo.

Según expresó Adames, durante una entrevista para el programa El Show del Mediodía, su conyugue recibió tres meses de medida de coerción, situación que, a su juicio, representa una injusticia.

“El conejo llegó a mi casa y él lo fue a devolver al cuartel y ahí lo dejaron preso, yo me siento muy indignada con la justicia de Moca y ya le cantaron coerción sin fianza”, dijo.

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Panorama

Wilson Camacho sobre caso Senasa: Es el más siniestro y cruel que hemos tenido

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El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa) como uno de los más grandes que ha tenido el Ministerio Público, al tiempo que lo catalogó como “siniestro y cruel”.

“Este es uno de los casos más grandes que hemos tenido en el Ministerio Público, y de hecho es el caso más siniestro y cruel, sobre todo porque afecta algo tan esencial como la salud, pero en este caso la salud de un seguro que tiene incluido a más de a ocho millones de dominicanos”, indicó Camacho.

A través de una publicación en la red social de X indicó que “una estructura que es capaz de arrebatarle la medicina a los enfermos, sobre todo a los más pobres, es siniestra y es cruel”.

Explicó que hasta el momento se habla de un desfalco de 15 mil millones de pesos, pero esta cifra puede cambiar, al igual que la cantidad de personas imputadas, debido a que el caso está todavía en fase de investigación.

Parecido a estas declaraciones fueron las de Mirna Ortiz, titular de Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quien dijo que este caso era el “más grave que ha presentado el órgano en materia de corrupción”.

Este caso en el que el mayor implicado es el exdirector del Senasa, Santiago Hazim, fue aplazado para el jueves 11 del presente mes a las 2:00 de la tarde.

El Ministerio Público está pidiendo 18 meses de prisión preventiva contra Hazim Albainy; Rafael Luis Martínez Hazim, fundador del centro de telemedicina Mycare; Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera y Heidi Mariela Pineda Perdomo.

Al grupo se le acusa de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

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