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Albañil es liberado tras 10 años preso en cárcel dominicana sin haber sido procesado

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Luis Peña Valdez, quien estuvo preso en la Penitenciaría Nacional de La Victoria durante más de 10 sin haber sido sometido penalmente por la comisión de un delito, fue liberado luego de una denuncia hecha por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El ciudadano al que le violaron todos sus derechos, no posee cédula de identidad y electoral.

Aseguró que llevaba más de 10 años en La Victoria sin haber sido presentado ante un juez. Además, que al momento de su detención se desempeñaba como albañil en la provincia de Monte Plata, de donde es oriundo.

Indica Diario Libre que el hombre también argumentó que su apresamiento se produjo cuando acudió a la casa de un ingeniero a cobrarle por un trabajo realizado.

Explicó que éste llamó a la Policía Nacional y un sargento y un cabo se presentaron al lugar y se lo llevaron al destacamento de La Quinta Compañía, de Monte Plata, y, al día siguiente, lo trasladaron para La Victoria.

El caso fue denunciado por el presidente de la CNDH, Manuel María Mercedes, durante una de las jornadas médicas en las que aplicaron pruebas de laboratorios para identificar posibles casos de internos afectados por la COVID-19.

Esto motivó una investigación liderada por los procuradores de Corte de Apelación Jonathan Baró Gutiérrez y Francisco A. Berroa Hiciano, coordinador del Gabinete de Asuntos Penitenciarios y titular de la Procuraduría Regional de Santo Domingo, respectivamente.

Durante las indagatorias realizadas por Félix Castillo, procurador de Corte de Apelación, adscrito a la Procuraduría Regional de Santo Domingo, la Dirección General de Prisiones certificó al Gabinete Penitenciario que en sus archivos no había encontrado un expediente físico contra el interno.

Lo mismo planteó la Fiscalía de Monte Plata, por lo que el ciudadano fue liberado.

El Gabinete Penitenciario dijo en una nota de prensa que amplía la investigación de este caso y esperan otras informaciones de la Dirección de la Policía Nacional.

Sin embargo, en su interés por respetar la integridad del interno, adelantó su entrega a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante un acto administrativo y de conformidad con lo estipulado en la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Al hacer la entrega del hombre a la CNDH, Baró Gutiérrez informó que el Gabinete de Asuntos Penitenciarios sigue investigando si existen otros privados de libertad en las mismas condiciones.

“Desde el Gabinete de Asuntos Penitenciarios mantenemos el interés y seguiremos haciendo todos los esfuerzos necesarios para, que si encontramos otro caso similar, proceder conforme a la responsabilidad que nos puso sobre los hombros el Consejo Superior del Ministerio Público al encomendarnos velar por el correcto desenvolvimiento de la vida penitenciaria”, sostuvo Baró Gutiérrez.

Recordó que hace unas semanas el Gabinete Penitenciario adoptó una serie de cambios en la dirección de varios centros de privación de libertad para corregir distorsiones pasadas.

Se espera que, de identificarse casos similares, los nuevos directores alerten sin demora para coordinar las indagatorias de lugar con las procuradurías regionales correspondientes.

Agradecimientos
Manuel María Mercedes agradeció a la gestión de la magistrada Miriam Germán Brito, procuradora general de la República, y a todo el personal de la Procuraduría General. Reconoció que la directora de La Victoria, María Soriano, tiene grandes retos, pero aseguró con el esfuerzo del Ministerio Público, la CNDH y la Defensoría del Pueblo se pueden superar.

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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos

La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso

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A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.

La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.

Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación

La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.

El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.

Impulsarán alternativas biodegradables

Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.

La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.

También modifica el financiamiento del sistema de residuos

La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.

Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.

Aportes según el nivel de ingresos

La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.

Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.

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