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Una comerciante denuncia recibió bofetada de policía en Barahona

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Una propietaria de una cafetería en Barahona denunció que recibió una bofetada de un agente policial tras una discusión en cuando ella reclamaba que no la grabaran.

Franchesca Peña Medina, 28 años de edad, narró en su cuenta de Instagram que se disponía cerrar su negocio a la hora que disponen las autoridades por el toque de queda, cuando llegó allí una patrulla policial

Según Medina el agente supuestamente le causó una contusión en el rostro y que su esposo intervino para defenderla a pesar de que tenía cargado en su hombro derecho un niño de apenas 3 años de edad.

Según informaciones extraoficiales, el suceso se produjo la noche del martes en la calle Nuestra Señora del Rosario, al lado de la iglesia católica del centro de la ciudad de Barahona, cuando la joven supuestamente se preparaba para cerrar el negocio.

«¿Hasta cuando Dios mío? los comerciantes de Barahona vamos a seguir siendo víctimas de esta violencia represivas cuando lo único que queremos es ganarnos el sustento de nuestras familias. ¿Hasta donde el presidente permitirá este abuso inhumano?», escribió la dama en las redes sociales.

Expresó sentir impotencia al ver que todos los esfuerzos y los sacrificios que realiza por tener un negocio y hechar adelante, son, según ellla, frustrados por quienes están llamados a protegerlos.

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VIDEO: Enfrentamiento entre comunicadoras

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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos

La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso

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A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.

La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.

Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación

La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.

El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.

Impulsarán alternativas biodegradables

Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.

La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.

También modifica el financiamiento del sistema de residuos

La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.

Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.

Aportes según el nivel de ingresos

La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.

Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.

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