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Se desconoce el paradero de Luis Peña Valdez, quien duró 12 años preso sin haber pasado por un tribunal

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desconoce el paradero de Luis Peña Valdez, el hombre que fue liberado recientemente tras haber purgado 12 años de prisión en la cárcel de La Victoria sin haber sido procesado judicialmente y que permanecía bajo su cuidado.
Una fuente dijo al periódico Diario Libre que Peña Valdez abandonó las instalaciones de la CNDH, ubicada en el sector Cristo Rey, donde estaba radicado, la madrugada de este jueves.
En Monte Plata tampoco saben del paradero de Luis Peña Valdez.
Residentes en Batey Verde, Monte Plata, de donde es oriundo Peña Valdez, dicen no haberlo visto, ni saber que este ha ido a esa comunidad.
Osvaldo Santana, presidente de la Junta de Vecinos del Batey y quien dice conocer a Luis desde que eran pequeños, afirma que incluso él quiere contactarlo para canalizarle una ayuda que le han ofrecido.
“Aquí él no ha venido, ustedes pueden estar seguros de que el no ha llegado aquí, porque nosotros somos oriundos de aquí y no hemos salido de aquí y no hemos visto llegar a Luis Valdez a esta comunidad”, aseguró Santanano, quien dice que esperan que este llegue a ese lugar a saludar a sus amigos.
Afirma que Valdez ya no tiene familia en ese lugar y sólo conoce a dos primos de Valdez, los que le han dicho que tampoco tienen información de su paradero.
Luis Valdez salió la mañana de este jueves desde las instalaciones de la Comisión Nacional de Los Derechos Humanos (CNDH), donde se estaba quedando desde que fue liberado.
Representantes de la CNDH dijeron al periódico Diario Libre la mañana de este viernes que hace varios días habían acordado con este acompañarlo a Batey Verde, donde supuestamente tenía su residencia antes de haber sido apresado.
Sin embargo, indican que Luis se fue sin avisarles, por lo que entienden había partido hacia ese lugar, pero desconocen dónde se encuentra.
Según informaciones que maneja Diario Libre, Luis Valdez dejó su ropa y otras pertenencias que le habían sido donadas en el local de la CNDH y anda sin documentación de identidad ni comunicación.

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Zapete, Febles, Salazar y Álvarez se querellan contra otros comunicadores por supuesta difamación e injuria

Los periodistas Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y la productora de televisión Mariasela Álvarez presentaron querellas penales ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional por presunta difamación e injuria en medios digitales contra cuatro comunicadores.
La información fue ofrecida por un equipo legal representante de los querellantes y que está integrado por los abogados Edwin Acosta, Patricia Santana Nina, Dangela Ramírez Guzmán y Carlos Alberto Polanco Rodríguez.
Las querellas han sido dirigidas contra cuatro ciudadanos que ejercen oficio de comunicación en redes sociales y medios digitales.
Se trata de Juan Aníbal Arrendel Núñez, Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casals García y Aquiles Jiménez Fernández, a quienes los querellantes atribuyen la difusión reiterada de señalamientos difamatorios e injuriosos.
«Las expresiones de Arrendel, de la Cruz, Casals y Jiménez han traspasado los límites del ejercicio legítimo de la libertad de expresión para convertirse en ataques personales con consecuencias reputacionales graves», afirmaron los abogados en una declaración de prensa.
El documento señala que, aunque cada querella responde a circunstancias particulares, todas coinciden en un mismo propósito: «sanear el espacio público, promover un debate respetuoso y aportar a una cultura democrática donde las diferencias se tramiten con argumentos, no con agravios».
Los firmantes reiteraron su compromiso con el Estado de derecho y el uso correcto de los mecanismos institucionales para dirimir conflictos. «No puede confundirse la libertad con la impunidad», expresaron en su comunicado, enviado a esta redacción.
El pronunciamiento concluye con un llamado a la convivencia democrática, al respeto mutuo y al uso responsable de las libertades públicas como herramientas de construcción colectiva, no de destrucción personal.
Los abogados aseguran que estas acciones no buscan limitar el debate público ni restringir la crítica, sino proteger a la ciudadanía frente al uso abusivo de plataformas comunicacionales para difamar, injuriar y desinformar sin fundamento, afectando el honor y la dignidad de personas que ejercen funciones públicas.
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Procuraduría crea unidad para cobro de multas de tránsito y pide se cobre mora por las penalidades no pagadas

Más del 70 % de los multados por contravenciones de tránsitos incumplen con el pago y, la falta de consecuencias, contribuye a que el país siga registrando una alta cantidad de accidentes de tránsito, asegura la procuradora Yeni Berenice Reynoso al encabezar el primer encuentro extraordinario con fiscales y personal administrativo.
La procuradora general de la República destacó que el Ministerio Público dedicará mayores esfuerzos al cobro de las multas de tránsito, como una forma de que conductores temerarios tomen una mayor conciencia del régimen de consecuencias y, de esa forma, incidir en la reducción de los accidentes de tránsito que acarrean muertes y dolor a toda la sociedad.
El Ministerio Público informó que hay casos en los que una sola persona registra más de 300 multas sin pagar que, lamentablemente prescriben en el marco jurídico actual, por lo que se hace necesario fortalecer la ley para que sean un crédito para el Estado y que su impago en plazo razonable genere mora sin prescripción.
La magistrada Yeni Berenice Reynoso recordó que menos del 30 % de las multas de tránsito se cobran a nivel nacional, lo cual constituye un incentivo para que algunos desaprensivos sigan sin esforzarse en cumplir con las normas de tránsito, las cuales, además de reglamentar y organizar el desplazamiento, tienen el objetivo de llevar seguridad a las calles y, por lo tanto, reducir el número de muerte asociadas a los accidentes.
Además de la creación de una unidad especial para el tema de las multas, otro de los múltiples puntos que trató Reynoso se relaciona con la ejecución de la garantía económica que pesan sobre procesados declarados en rebeldía.
“Cuando se pide a un tribunal la declaratoria de rebeldía de un procesado, inmediatamente debemos completar el procedimiento pidiendo la ejecución de la garantía económica”, indicó.
Yeni Berenice convocó el sábado en la mañana a la primera reunión extraordinaria del Ministerio Público, la cual encabezó junto a los demás miembros del Consejo Superior del órgano persecutor.
En el encuentro, la procuradora compartió los lineamientos generales de la planificación estratégica que “nos permitirá definir la ruta en busca de materializar la visión holística orientada a resultados de excelencia, en beneficio de toda la sociedad”.
Al encuentro, celebrado en el edificio que aloja a la Procuraduría General de la República, fueron convocados, además de los integrantes del Consejo Superior del Ministerio.
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