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Panorama

Lo que dijo Leonel Fernández en su discurso

Destaca esfuerzos del Gobierno, pero también lo critica

Publicado hace

4 años

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El expresidente Leonel Fernández afirmó anoche que el gobierno del presidente Luis Abinader, de un total de gastos de 468 mil 342 millones de pesos, sólo ha destinado 30 mil 552 millones a gastos de capital, una cifra que le parece insignificante.

En un discurso valorativo del desempeño del Gobierno, dijo que reconoce y valora “que el gobierno ha desplegado encomiables esfuerzos por mitigar los efectos de esa enfermedad contagiosa, así como el de reactivar el crecimiento de nuestra economía nacional”.

Sin embargo, recomendó utilizar la inversión pública como mecanismo para dinamizar la economía.

Fernández resaltó la importancia que han tenido para la reactivación económica las remesas enviadas por los dominicanos en el exterior.

Asimismo cuestionó cinco logros que se atribuye el gobierno de Luis Abinader en el primer año de gestión, al conside­rar que, por el contrario, la recuperación real de la economía será de solo 0.3%, contrató un nivel de endeudamiento sin prece­dentes, la inflación sacu­de los bolsillos del pueblo, son inciertas las cifras del rescate del empleo y las metas de vacunación an­ticovid han quedado por debajo de las expectativas.

Al pronunciar un dis­curso al país por una cade­na de emisoras y platafor­mas digitales, el líder del partido Fuerza del Pueblo (FP) respondió los aspec­tos esenciales de la rendi­ción de cuentas que hizo el presidente Abinader el pasado miércoles.

Fernández citó que se­gún el Banco Central, du­rante los primeros seis me­ses de 2021, la economía creció 13.3% y proyecta que crecerá en 7.5% en el año, pero lo consideró “un rebote estadístico que compara la reactivación del crecimiento de este año con el colapso experi­mentado en nuestra eco­nomía en el 2020, que fue de -6.7% del PIB”.

Explicó que cuando se relaciona el crecimiento económico de 2021 con el 2019 que es el anterior a la pandemia, “resulta que la proyección real de cre­cimiento para el 2021 es tan solo de 0.3%. Fíjense ustedes, de una proyec­ción de crecimiento, por rebote estadístico, de un 7.5% a una realidad de so­lo 0.3%”, agregó.

Fernández reconoció que las autoridades han mantenido la estabilidad macroeconómica y un buen clima para la inver­sión, “todavía estamos en una fase embrionaria de re­cuperación de lo que había­mos alcanzado antes de la pandemia”.

Saludó el empeño del gobierno en recuperar el tu­rismo, “pero aún tenemos un camino que recorrer pa­ra la total recuperación de la industria sin chimeneas”.

Baja inversión pública
El expresidente Fernández recordó que con el impac­to del Covid-19, la econo­mía del país, que en 2019 tenía un PIB de 89,000 mi­llones de dólares, perdió 10,000 millones dólares en 2020, por lo que al hablar de crecimiento económico, hay que partir de “recupe­rar esos 10,000 millones de dólares perdidos en nuestra capacidad de producción de riquezas”, lo que estimó no se logrará antes de 2023.

Al analizar el aporte del gobierno a la reactivación económica, Fernández la­mentó que el mejor desem­peño debió ser la inversión pública, pero “durante los primeros siete meses de es­te año, el gobierno, de un total de gastos de 468,342 millones de pesos, sólo ha destinado 30, 552 millones a gastos de capital… equi­valente a un pírrico 6.5% del gasto total”.

Afirmó que con un presupuesto de 959,093 millones de pesos, el gobierno puede invertir 132,355 millones, pero ha quedado muy por debajo de su meta.

Endeudamiento
Al analizar el endeuda­miento, Fernández dijo que el nivel de la deuda de los sectores públicos financiero y no financiero se ha dispa­rado de forma significativa.

Señaló que “con un cre­cimiento de 18.7 puntos porcentuales durante la pandemia, (el endeuda­miento) es el de mayor re­gistro de América Latina y el segundo más alto en cre­cimiento del mundo”.

Citó que en junio del 2020, la deuda pública do­minicana era de 46,700 mi­llones de dólares, igual al 59.2% del PIB, pero a junio de este año, “era de cerca de 59,700 millones de dó­lares, equivalentes al 68% del PIB, esto es, 13,000 mi­llones más que en junio del año pasado”.

El líder de FP recordó que del 2004 al 2012 que él gobernó enfrentado tres crisis, el país incrementó la deuda en solo 1,800 millo­nes de dólares por año.

El empleo
En lo relativo a la recupera­ción del empleo, Fernández dijo que el gobierno sostie­ne que en un año han re­colocado 714,551 puestos de trabajo de la pre-pan­demia, pero citando la En­cuesta Continua de la Fuer­za de Trabajo (ECFT) sitúa en solo 470,000 los cesan­teados.

Consideró impo­sible que se hayan recupe­rado 714,551 puestos de trabajo, “si en realidad so­lo se perdieron alrededor de 470,000”, porque en ese caso habría recolocado a todos los que perdieron su empleo y creado 245,056 puestos adicionales, cuan­do en mejores tiempos solo se ha creado la mitad.

Señaló que pese a los programas de asistencia so­cial, 268,515 dominicanos cayeron en la pobreza.

Inflación
Para el exmandatario, los “mayores niveles de angus­tia, ansiedad y frustración en la población dominica­na, es el alza de los precios de la canasta familiar”, ci­tando como un caso espe­cial el alza del precio del po­llo que se ha colocado por encima de 75 pesos por li­bra, entre otros productos que también se han encare­cido.

“El gobierno dominica­no ha pretendido atribuir las alzas de los alimentos al incremento de los pre­cios internacionales de los insumos y materias primas utilizadas en la producción como los fertilizantes, los granos básicos y el petró­leo”, expresó Fernández, quien apuntó que “esos mismos factores internacio­nales están presionando ha­cia el alza de los precios de los alimentos a todos los de­más países de América Lati­na”, pero tienen una infla­ción alimentaria moderada.

Covid-19 y vacunación
En lo relativo al desempeño del gobierno frente al Co­vid-19, Fernández indicó que reconoce que se han he­cho “encomiables esfuerzos por mitigar los efectos de esa enfermedad contagiosa, así como el de reactivar el crecimiento de nuestra eco­nomía nacional”, pero ha quedado por debajo de su meta de vacunar a 7.8 mi­llones de dominicanos.

Ex­presó que “de una meta de vacunar a 7.8 millones de personas para fines de este año, el 80 por ciento de es­tos, es decir, 6,2 millones, para junio, en la actualidad han recibido una dosis 5.7 millones y dos dosis 4.5 mi­llones de ciudadanos”, por lo que aun faltan 1.7 millo­nes por vacunar para llegar la meta para junio.

Descarta nueva reforma constitucional
El líder de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, favoreció la construcción del consenso de todos los sectores nacionales por considerarlo “la vía más idónea para que el país pueda avanzar en la supe­ración de la actual crisis sanitaria, económica y so­cial causada por la pande­mia del Covid-19, así co­mo por la supervivencia frente a males ancestrales que todavía aparecen co­mo fantasmas en el hori­zonte nacional”.

“Estimamos en toda su justa dimensión el deseo del presidente Luis Abi­nader de hacer nuevos aportes a la consolidación de la institucionalidad democrática de nuestro país; y por tal motivo, la Fuerza del Pueblo ve con simpatía y beneplácito la invitación que formula a distintos sectores de la vi­da nacional para que par­ticipen en un proceso de diálogo con relación a 12 propuestas de reformas sugeridas por el Poder Ejecutivo”, afirmó Leonel.

No obstante, Fernández dijo que su partido no comparte la idea de re­forma de la Constitución de la República para es­tablecer la independen­cia del ministerio público, porque “ya en su Artículo 170, nuestra Carta Mag­na precisa que esa institu­ción goza de autonomía funcional, presupuestaria y administrativa” al igual que la Ley Orgánica del Ministerio Público.

“Como los términos au­tonomía e independencia significan lo mismo, care­ce de sentido pretender modificar la Ley de Leyes para introducirle algo que ya existe. Constitucional y legalmente el Ministe­rio Público en la Repúbli­ca Dominicana es inde­pendiente”, puntualizó el exgobernante.

Fernández manifestó que “frente a todos los gran­des desafíos históricos, nuestro pueblo siempre ha salido airoso”, por lo que estimó que frene al Covid y sus secuelas eco­nómicas y sociales, “no será una excepción”.

El dirigente político advir­tió que frente a cualquier crisis “hay que procurar ser moderado y cautelo­so. Se requiere establecer un balance entre el opti­mismo de la voluntad y el realismo de la razón”.

FUENTE: Listin Diario y El Día

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Panorama

Cholitín propone otra ‘ley mordaza’ dizque para frenar el ‘discurso de odio’ en plataformas digitales

Publicado hace

5 horas

en

mayo 11, 2025

Por

El Senado de la República recibió el pasado 2 de mayo un proyecto depositado por el Poder Ejecutivo que busca reformar la Ley 61-32 sobre Libertad de Expresión y Difusión del Pensamiento, adaptándola a los desafíos actuales ocasionados por los medios de comunicaciones digitales.

A este suma otro proyecto que fue entregado también a la cámara alta. Aunque no alteraría la Ley 61-32, crearía una nueva para regular el contenido difundido a través de las plataformas masivas, incluyendo los tradicionales y digitales: Una pieza que pretende “prevenir, tipificar y sancionar los discursos de odio” en el país.

El documento legislativo elaborado por el senador de La Altagracia, Rafael Duluc, coloca de definición al “discurso de odio” toda expresión oral, escrita, gráfica, audiovisual o digital que incite al odio, “hostilidad, discriminación o violencia contra una persona o grupo por motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, etnia, religión, discapacidad, condición migratoria, lengua, condición socioeconómica o cualquier otra condición de identidad o pertenencia”.

Castigos
Las sanciones para quienes cometan este delito serían prisión de uno a tres años y una multa de 10 a 50 salarios mínimos del sector público.

Mientras que para los que “nieguen, minimicen o justifiquen públicamente” crímenes de odio, genocidios o de lesa humanidad reconocidos por tribunales serían penalizados con cárcel de seis meses a dos años, junto a una multa de hasta 30 salarios mínimos.

Asimismo, establece que cuando el discurso de odio se difunda por redes sociales, plataformas digitales, medios electrónicos o servicios de mensajería, además de las penas previstas, el juez podría imponer la prohibición de uso de dichas plataformas por hasta tres años.

Las penas recibirían en los tribunales agravantes en los casos en que el hecho sea cometido por un funcionario público, docente, líder religioso o autoridad comunitaria. Además, cuando este ocurra en centros educativos, sanitarios, religiosos o penitenciarios y el discurso incite a cometer actos de violencia física o material contra personas o bienes.

Derechos y garantías
Según sugiere el proyecto, las víctimas de discurso de odio tendrían derecho a recibir medidas de reparación integral, incluyendo disculpas públicas, compensación económica, medidas de restitución y garantías de no repetición.

De aprobarse la ley en ambas cámaras del Poder Legislativo, el Congreso Nacional le ordenaría al Ministerio Público crear una unidad especializada en la investigación y persecución del discurso de odio, con personal capacitado en derechos humanos, tecnologías digitales y análisis del lenguaje discriminatorio.

“Las personas que denuncien hechos de discurso de odio o colaboren con las autoridades tendrán garantizada la protección de su identidad, integridad y privacidad, conforme al marco de derechos humanos”, dispone la propuesta de ley.

También, obligaría a las plataformas digitales a colaborar con las autoridades dominicanas en la detección, reporte y remoción de los contenidos tipificados.

Prevención
El Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura implementarían programas educativos permanentes que promuevan la diversidad, el respeto a los derechos humanos, la igualdad y la prevención de discursos de odio en todos los niveles del sistema educativo.


Libertad de Expresión
Mientras tanto, el proyecto de ley depositado por el Gobierno, que modificaría la regulación al derecho de Libertad de Expresión dictado en el artículo 49 de la Constitución, continúa generando rechazo en diversos sectores de la sociedad, asegurando una supuesta vulnerabilidad de derechos fundamentales.

Aunque aún no es una decisión, los miembros de la comisión especial del Senado han confirmado que están en disposición de realizar vistas públicas para garantizar el consenso de la sociedad.

El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) entregó el pasado miércoles un análisis crítico al pleno del Senado de la República, encabezado por Ricardo de los Santos, en el que declaró la “inconstitucionalidad e inconvencionalidad” de la pieza entregada por el Gobierno.

Además, aseguran que el documento legislativo elaborado por el Poder Ejecutivo, junto a una comisión honorífica integrada por representantes del periodismo nacional, incurre en violaciones a “principios y valores que sustentan la democracia”.

Para fundamentar su posición, el presidente del CARD, Trajano Vidal Potentini, explicó que únicamente los considerandos, 15 primeros artículos de la pieza, al igual que las vistas de las leyes y tratados, están acordes con la carta magna.

Sin embargo, en los 60 artículos restantes, afecta disposiciones imprescindibles para el correcto ejercicio de la comunicación en la sociedad dominicana, como lo son “la cláusula de conciencia, el secreto profesional, la no censura previa, la doctrina de la doble dimensión de la libertad de expresión, el derecho a la reserva de las fuentes de información, el derecho de rectificación o respuesta, protección de niños, niñas y adolescentes”.

Vidal Potentini lamentó también que infligiera las garantías dictadas en el artículo 69 de la Carta Magna, en el cual permite a “toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, el derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso”.

Puntualizando que la capacidad sancionadora que tendría el Instituto Nacional de la Comunicación (Inacom), entidad que propone crear la Presidencia de la República a través de la modificación legislativa; excede los límites constitucionales.

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Panorama

Popular, ADN, UNIBE y AMPE apoyan a menores huérfanos tras tragedia del Jet Set

Aporte solidario de RD$5.5 millones financiará terapias psicológicas, transporte y alimentación de beneficiarios

Publicado hace

1 día

en

mayo 10, 2025

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El Banco Popular Dominicano firmó un acuerdo de colaboración con la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y la Asociación Mundial de Psicología en Emergencias (AMPE), para ofrecer acompañamiento psicosocial a los niños y adolescentes huérfanos, a causa de la trágica madrugada del pasado 8 de abril.

Gracias a esta alianza interinstitucional, se ampliará la cobertura para la ejecución de un protocolo integral de intervención sociofamiliar que priorizará la atención para las familias con mayor nivel de vulnerabilidad.

Como parte del acuerdo, el Banco Popular realizará un aporte de RD$5.5 millones, que cubrirá tres meses de terapias psicológicas, servicios de transporte y alimentación para los menores beneficiarios y sus tutores.

La iniciativa la implementarán equipos interdisciplinarios del Ministerio de Salud Pública, Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) y Supérate, en coordinación con las entidades aliadas.

Las terapias se impartirán cada sábado de 11: 00 a.m. a 1:00 p.m. en el monumento Fray Antonio de Montesino, los interesados pueden solicitar información a través del correo rossy.trinidad@adn.gob.do

*Una alianza solidaria*

El presidente ejecutivo del Popular, señor Christopher Paniagua, expresó que esta alianza solidaria multiplicará el impacto positivo sobre los beneficiarios.

“Nos honra poder aportar desde nuestro rol de empresa socialmente responsable y poner en alto la solidaridad que necesita el país”, dijo, y añadió que este acuerdo es “un compromiso colectivo con la dignidad humana, para aliviar el peso emocional que cargan hoy muchas familias afectadas”.

La alcaldesa del Distrito Nacional, señora Carolina Mejía, manifestó su agradecimiento al Banco Popular, así como a las otras entidades, por su genuino interés en apoyar a las víctimas de la tragedia, “estamos aquí hoy sentados por iniciativa del Banco Popular, quienes se nos acercaron para darnos la noticia que nos estarían apoyando, quiero agradecer el buen corazón y la buena disposición de la familia Popular”.

La directora de AMPE, señora Vanessa Espaillat, expresó la importancia de poner en manifiesto la solidaridad en momentos como estos. “Nuestra misión es servir a las familias dominicanas, en situaciones de emergencia, para apoyar la salud mental de los afectados y ayudar a superar el duelo colectivo como el que nos ocupa”.

Por su parte, la señora Odile Camilo Vincent, rectora de UNIBE, dijo que cree en el poder de la unidad. “Creo en el poder de las alianzas público privada, la academia y la sociedad civil. Solo trabajando juntos podemos lograr transformaciones reales”.

Este esfuerzo coordinado busca asegurar un acompañamiento digno, humano y sostenido en el tiempo, que ofrezca no solo contención emocional, sino también rutas de atención social y de salud para cada niño y adolescente impactado por esta tragedia.

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