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Imputado en caso Lotería seguirá preso
William Rosario, expresidente de la Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca), uno de 10 implicados en el caso 13, intentó ayer lograr la variación de su medida de coerción, pero fracasó cuando los jueces de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional resolvieron mentenerlo en prisión.
Reseña Listin Diario que en la audiencia, la defensa de Rosario, propietario del consorcio de Banca Ortiz, había pedido al tribunal variar la prisión preventiva por una libertad pura y simple o una medida cautelar menos grave.
Por su parte, el Ministerio Público, representado por la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, había pedido rechazar el recurso de apelación y mantenerlo en prisión, al entender que no han variado los presupuestos que dieron origen a la prisión preventiva.
El recurso de apelación fue interpuesto en contra de la decisión de la jueza del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, quien dictó prisión preventiva en su contra.
Por el caso fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, el exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, y Eladio Batista.
El tribunal dictó arresto domiciliario en contra de la presentadora Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigu¨ete y Felipe Santiago Toribio.
Mientras que, en cuanto a Rafael Mesa, Miguel Mejía y el camarógrafo Edison Manuel Perdomo Peralta, les impuso presentación periódica e impedimento de salida y al tercero el pago de garantía de medio millón de pesos e impedimento de salida.
El tribunal declaró el caso complejo a petición de Wilson Camacho, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa.
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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos
La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso
A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.
La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.
Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación
La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.
El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.
Impulsarán alternativas biodegradables
Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.
La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.
También modifica el financiamiento del sistema de residuos
La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.
Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.
Aportes según el nivel de ingresos
La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.
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