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Panorama

Director de la Policía asegura que robos bajan un 24% en República Dominicana

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El promedio mensual de los delitos de ratería ha bajado un 24% en todo el país, desde 7,853 durante el 2019, último año previo a la pandemia, a 5 mil 993 en los primeros ocho meses del 2021, aseguró el director general de la Policía Nacional, mayor general Edward Sánchez González.

En un comunicado de prensa del Gobierno, los delitos clasificados de ratería son los atracos, arrebatos, hurtos y roturas para penetrar en casas y edificios y hurtas cosas de poco valor con maña y cautela. De estos en el 2019 se registraron 94 mil 239, la gran mayoría de ellos en el Distrito Nacional (más de 20 mil) y en la provincia Santo Domingo (más de 43 mil).

En los demás delitos clasificados como “ratería”, en los casos de atracos el promedio mensual bajó de 2 mil 728, en el año 2019, a 1,946 en los meses enero-agosto del 2021; en los arrebatos, el promedio pasó de 910 al mes a 803; los hurtos de 2,728 mensuales a 2,160, y las roturas bajaron de mil 487, en promedio mensual, en 2019, a 1,083 en lo que va del año en curso.

El mayor general Sánchez González informó que en los primeros ocho meses del año la Policía ha registrado 37 mil 526 casos, de los cuales ya ha resuelto 22 mil 188 (59%) y ha llevado a la justicia a 15,831 personas.

En los primeros cuatro meses el promedio de cierre de casos supera el 53%, y en los otros cuatro meses ha superado el 60%.

Respaldo del Ministerio de Defensa
El mayor general Sánchez González agradeció el apoyo que recibe del Ministerio de Defensa (MIDE) para mantener los operativos de prevención y persecución del delito en todo el país, principalmente en el Gran Santo Domingo, Santiago y las ciudades con mayor número de habitantes; diariamente más de 4,000 soldados participan en el programa de apoyo a la Policía Nacional.

El ministro de Defensa teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, dijo que la pandemia ha demandado el mayor operativo de apoyo a la Policía para cumplir su labor de seguridad. El MIDE y la Policía, además apoyan los programas del Ministerio de Salud relacionados con al coronavirus.

El informe de estadísticas compiladas por el C5i del Ministerio de Defensa, en colaboración con la Policía Nacional, indican que en los meses agosto 2020 a julio del 2021 los retenes y patrullas ejecutados por agentes de la Policía con apoyo de personal militar, registraron 1.3 millones de personas en todo el país (suma que representa alrededor del 10% de la población), un promedio diario de más de 4500 personas. Además, detuvieron 240,081 personas (777 promedio diario) y 1,856 indocumentados.

También se registraron 789 mil motocicletas y se detuvieron 176,344; se registraron 426 mil vehículos y se detuvieron 32, 293.

También se incautaron 2,374 porciones de cocaína y 4,334 de marihuana; 2,476 armas blancas y 2,628 armas de fuego.

En el patrullaje diario del mes de junio se utilizaron 3,913 vehículos y 4,087 motocicletas.

El mayor general Sánchez González explicó que la Policía ha seguido el proceso de reclutamiento y entrenamiento para suplir el déficit de personal encontrado y sustituir a lo que se han dado de baja, para poder completar la cantidad estimada de agentes de policía nacional. Igualmente se sigue aumentando la cantidad de vehículos para disponer del servicio de patrullas motorizadas necesario.

Todo esto, aseguró, al mismo tiempo que seguimos avanzando en aspectos de la reforma policial y ampliando el Plan de Seguridad Ciudadana.

El mayor general Sánchez González dijo que igualmente un equipo de expertos trabaja para establecer nuevos mecanismos que faciliten a los ciudadanos colaborar en le persecución del delito, simplificando el proceso de recibir y dar seguimiento a las denuncias y querellas que se presentan.

El Director General de la Policía dijo que desde que asumió esa posición ha trabajado para corregir las debilidades institucionales encontradas en las diferentes áreas de la institución, pero es una tarea que demanda tiempo, y apoyo de todos los ciudadanos honestos.

Vía DL

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VIDEO: Alcalde de Higüey pide disculpas por declaraciones filtradas en audio

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El alcalde por Higüey, Rafael Barón Duluc, hizo un mea culpa y pidió disculpa a la sociedad dominicana por haber dicho lo que no debía decir, al referirse al “consejo” que le dio al periodista Wilquin Paniagua de que se abstuviera de no informar cosas internas del ayuntamiento porque alegadamente perjudicaba al oficial Alcántara, jefe seguridad del ayuntamiento, y podría tener consecuencia funestas.

Barón Duluc dijo que se trató de un audio interno con mensaje donde se mezclaron algunas cosas serias con cherca, “relajo”.

Explicó que los audios que envió al periodista Wilquin Paniagua, del que dijo es más político que comunicador y de un partido contrario al suyo, “era una forma de darle cuerda”

“Asumimos nuestra culpa de hablar cosas que no deberíamos hablar nunca. Decir cosas que no deberían y trataremos que no vuelva a ocurrir”, dijo Cholitín en un vídeo enviado a esta redacción.

Cholitín dijo del oficial Alcántara, que en mensajes anteriores había dicho que tenía un “cementero arriba”, porque “había matado a más de 15 o 20 personas”, ahora dice que es un militar serio, de carrera y que lamenta que los audios tergiversados del chat interno del ayuntamiento, pueda afectar su carrera.

“Lamentamos mucho la situación y que un militar de carrera, serio, este envuelto en esta situación y esperamos que no tenga repercusiones para su carrera.

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Según MP, a mujeres les exigían tener sexo hasta con 15 hombres en un día

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La presunta organización criminal que está siendo acusada por la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT), bajo la Operación Cattleya, iniciaba sus operaciones en el exterior y culminaba beneficiándose en el país a raíz de la explotación sexual de decenas de mujeres.

Dentro del expediente que solicita medidas de coerción en contra de los imputados, el Ministerio Pública explicó como operaba esta organización criminal.

Hasta 15 hombres en 24 horas era la cuota de las mujeres explotadas en varios centros de prostitución de Santo Domingo y la región este, según el expediente que presentó el Ministerio Público ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de Instrucción.

Esa cuota diaria era para que ellas pudieran saldar la deuda por 3 mil o 4 mil dólares que alegadamente contraían al llegar al país, procedentes de Venezuela y Colombia.

Todo inició, según el Ministerio Público, en el mes de diciembre de 2021, cuando comienza la recepción, trasporte y acogida de mujeres colombianas y venezolanas con estatus de “vulnerabilidad”.

Las mujeres, que según detalla el expediente, eran “pobres o con necesidades” eran abordadas por una persona del entramado criminal que les ofrecía mejores condiciones de vida en la República Dominicana, laborando como “camareras” en bares o restaurantes.

Tras tener el visto bueno de ellas, el entramado les costeaba la emisión del pasaporte, boleto aéreo, hospedaje y alimentos, pero una vez llegaban a República Dominicana les exigían saldar esa “deuda” que ascendía entre 3,000 a 4,000 dólares.

Al no tener como pagar, el entramado exigía a las mujeres mantener relaciones sexuales con clientes para así saldar la deuda contraída y, en caso de que se negaran, eran amenazadas con hacerle daño a sus familiares, deportarlas u otros ataques psicológicos.

No obstante, la “deuda” se mantenía permanentemente en aumento, alegando gastos de hospedaje y alimentación, siendo todo el dinero que cobraba el entramado destinado a “cubrir la deuda”.

Precio” y clientes
Las víctimas del entramado eran ofrecidas a clientes a un precio por hora de entre RD$5,000 a 7,000 en la zona de Santo Domingo, y entre 100 a 150 dólares en Punta Cana.

En lo que respecta a los clientes, estos eran captados por la organización, a quienes les mostraban catálogos generados con imágenes de las mujeres que eran exhibidas.

Las víctimas se hospedaban y recibían a sus clientes en Santo Domingo, o en Bávaro, Punta Cana.

No obstante, también personal de la organización trasladaba a las víctimas a sus destinos.

Otro detalle que ofrece el expediente, es que las mujeres no tenían libertad de acción, ni “tiempo libre”.

Se debían quedar en sus lugares de hospedaje y estar disponibles para un cliente las solicitará.

De igual manera, las mujeres víctimas supuestamente era. obligadas a consumir sustancias controladas, cuyo costo también se sumaba a la “deuda”,

FUENTE: Listin Diario

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