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Panorama

Pagán, Suriel y Christopher colaboran con el Ministerio Público en caso Antipulpo

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La jueza del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, se reservó para el próximo jueves, el fallo de solicitud de variación de medida de coerción a los implicados en el caso AntiPulpo.

En la audiencia de ayer el Ministerio Público solicitó la variación de la medida de coerción solo para tres de los implicados en el caso, debido a que los mismos han colaborado en las investigaciones.

Se trata de Francisco Pagán, Julián Esteban Suriel Suazo y Aquiles Christopher, quienes han favorecido en las investigaciones al Ministerio Público.

El procurador adjunto Wilson Camacho manifestó que la solicitud de prórroga que pidió el Ministerio Público fue «contundente» y ninguna de las defensas se opuso a que sea otorgada.

“En virtud del principio de justicia rogada, el Ministerio Público habrá de contar con una prórroga para seguir buscando evidencias para seguir presentando nuevas investigación con la que contamos, blindadas como las anteriores”, dijo.

Agregó que con relación a la medida de coerción, el Ministerio Público ha sido coherente en el sentido de que cuando los imputados colaboren con la investigación, deben recibir un trato diferente.

“Es por ello el Ministerio Público solicito que le sean variadas las medida de coerción de prisión preventiva a arresto domiciliario a tres de los implicados”, explicó Canacho, luego de finalizar la audiencia.

Los implicados
Además del hermano del expresidente Danilo Medina, Juan Alexis Medina Sánchez, están implicados en el caso el exdirector de la OISOE, Francisco Pagán; Fernando Rosa, expresidente del FONPER; Aquiles Alejandro Christopher; Julián Esteban Suriel Suazo; José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernabel Méndez, quienes guardan prisión preventiva en la cárcel Najayo Hombres.

También forman parte del expediente por estafa al Estado: Freddy Hidalgo, ex ministro de Salud Pública; Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor general de la República, y la también hermana de Danilo, Carmen Magalys Medina Sánchez, quienes guardan prisión domiciliaria.

De igual forma el señor Domingo Antonio Santiago, quien posee una medida de coerción consistente en presentación periódica.

A los implicados se les acusa de estafa contra el Estado, asociación de malhechores, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, y fueron apresados durante la ejecución de la «Operación Antipulpo», el 29 de noviembre del 2020.

FUENTE: Listín Diario

Panorama

VIDEO: Alcalde de Higüey pide disculpas por declaraciones filtradas en audio

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El alcalde por Higüey, Rafael Barón Duluc, hizo un mea culpa y pidió disculpa a la sociedad dominicana por haber dicho lo que no debía decir, al referirse al “consejo” que le dio al periodista Wilquin Paniagua de que se abstuviera de no informar cosas internas del ayuntamiento porque alegadamente perjudicaba al oficial Alcántara, jefe seguridad del ayuntamiento, y podría tener consecuencia funestas.

Barón Duluc dijo que se trató de un audio interno con mensaje donde se mezclaron algunas cosas serias con cherca, “relajo”.

Explicó que los audios que envió al periodista Wilquin Paniagua, del que dijo es más político que comunicador y de un partido contrario al suyo, “era una forma de darle cuerda”

“Asumimos nuestra culpa de hablar cosas que no deberíamos hablar nunca. Decir cosas que no deberían y trataremos que no vuelva a ocurrir”, dijo Cholitín en un vídeo enviado a esta redacción.

Cholitín dijo del oficial Alcántara, que en mensajes anteriores había dicho que tenía un “cementero arriba”, porque “había matado a más de 15 o 20 personas”, ahora dice que es un militar serio, de carrera y que lamenta que los audios tergiversados del chat interno del ayuntamiento, pueda afectar su carrera.

“Lamentamos mucho la situación y que un militar de carrera, serio, este envuelto en esta situación y esperamos que no tenga repercusiones para su carrera.

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Panorama

Según MP, a mujeres les exigían tener sexo hasta con 15 hombres en un día

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La presunta organización criminal que está siendo acusada por la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT), bajo la Operación Cattleya, iniciaba sus operaciones en el exterior y culminaba beneficiándose en el país a raíz de la explotación sexual de decenas de mujeres.

Dentro del expediente que solicita medidas de coerción en contra de los imputados, el Ministerio Pública explicó como operaba esta organización criminal.

Hasta 15 hombres en 24 horas era la cuota de las mujeres explotadas en varios centros de prostitución de Santo Domingo y la región este, según el expediente que presentó el Ministerio Público ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de Instrucción.

Esa cuota diaria era para que ellas pudieran saldar la deuda por 3 mil o 4 mil dólares que alegadamente contraían al llegar al país, procedentes de Venezuela y Colombia.

Todo inició, según el Ministerio Público, en el mes de diciembre de 2021, cuando comienza la recepción, trasporte y acogida de mujeres colombianas y venezolanas con estatus de “vulnerabilidad”.

Las mujeres, que según detalla el expediente, eran “pobres o con necesidades” eran abordadas por una persona del entramado criminal que les ofrecía mejores condiciones de vida en la República Dominicana, laborando como “camareras” en bares o restaurantes.

Tras tener el visto bueno de ellas, el entramado les costeaba la emisión del pasaporte, boleto aéreo, hospedaje y alimentos, pero una vez llegaban a República Dominicana les exigían saldar esa “deuda” que ascendía entre 3,000 a 4,000 dólares.

Al no tener como pagar, el entramado exigía a las mujeres mantener relaciones sexuales con clientes para así saldar la deuda contraída y, en caso de que se negaran, eran amenazadas con hacerle daño a sus familiares, deportarlas u otros ataques psicológicos.

No obstante, la “deuda” se mantenía permanentemente en aumento, alegando gastos de hospedaje y alimentación, siendo todo el dinero que cobraba el entramado destinado a “cubrir la deuda”.

Precio” y clientes
Las víctimas del entramado eran ofrecidas a clientes a un precio por hora de entre RD$5,000 a 7,000 en la zona de Santo Domingo, y entre 100 a 150 dólares en Punta Cana.

En lo que respecta a los clientes, estos eran captados por la organización, a quienes les mostraban catálogos generados con imágenes de las mujeres que eran exhibidas.

Las víctimas se hospedaban y recibían a sus clientes en Santo Domingo, o en Bávaro, Punta Cana.

No obstante, también personal de la organización trasladaba a las víctimas a sus destinos.

Otro detalle que ofrece el expediente, es que las mujeres no tenían libertad de acción, ni “tiempo libre”.

Se debían quedar en sus lugares de hospedaje y estar disponibles para un cliente las solicitará.

De igual manera, las mujeres víctimas supuestamente era. obligadas a consumir sustancias controladas, cuyo costo también se sumaba a la “deuda”,

FUENTE: Listin Diario

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