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Autoridades investigan al diputado del PRD Héctor Féliz Féliz en operación Falcón

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La directora general de Persecución del Ministerio Público, procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, declaró este miércoles que el diputado Héctor Darío Feliz Feliz trató de transportar a un extraditable del caso de la Operación Falcón, con lo que pretendía impedir, según ella, que fuera arrestado.

El diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) por Oviedo, Pedernales, trasladaba dentro de su vehículo la madrugada de este miércoles al hombre requerido por la justicia, reseña Diario Libre.

El legislador no fue detenido por su investidura que goza de inmunidad.

«Feliz Feliz se encuentra bajo investigación», dijo Yeni Berenice.

Berenice Reynoso reveló que durante la operación Falcón se han incautado “exorbitantes cantidades de dinero en dólares, vehículos de alta gama y propiedades lujosas como estaciones de combustibles”.

La procuradora recalcó que en estos operativos hay personas que son extraditables y otras que no, y que se ha trabajado en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Agencia de Drogas de Estados Unidos (DEA) en la investigación del caso.

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Zapete, Febles, Salazar y Álvarez se querellan contra otros comunicadores por supuesta difamación e injuria

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Los periodistas Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y la productora de televisión Mariasela Álvarez presentaron querellas penales ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional por presunta difamación e injuria en medios digitales contra cuatro comunicadores.

La información fue ofrecida por un equipo legal representante de los querellantes y que está integrado por los abogados Edwin Acosta, Patricia Santana Nina, Dangela Ramírez Guzmán y Carlos Alberto Polanco Rodríguez.

Las querellas han sido dirigidas contra cuatro ciudadanos que ejercen oficio de comunicación en redes sociales y medios digitales.

Se trata de Juan Aníbal Arrendel Núñez, Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casals García y Aquiles Jiménez Fernández, a quienes los querellantes atribuyen la difusión reiterada de señalamientos difamatorios e injuriosos.

«Las expresiones de Arrendel, de la Cruz, Casals y Jiménez han traspasado los límites del ejercicio legítimo de la libertad de expresión para convertirse en ataques personales con consecuencias reputacionales graves», afirmaron los abogados en una declaración de prensa.

El documento señala que, aunque cada querella responde a circunstancias particulares, todas coinciden en un mismo propósito: «sanear el espacio público, promover un debate respetuoso y aportar a una cultura democrática donde las diferencias se tramiten con argumentos, no con agravios».

Los firmantes reiteraron su compromiso con el Estado de derecho y el uso correcto de los mecanismos institucionales para dirimir conflictos. «No puede confundirse la libertad con la impunidad», expresaron en su comunicado, enviado a esta redacción.

El pronunciamiento concluye con un llamado a la convivencia democrática, al respeto mutuo y al uso responsable de las libertades públicas como herramientas de construcción colectiva, no de destrucción personal.

Los abogados aseguran que estas acciones no buscan limitar el debate público ni restringir la crítica, sino proteger a la ciudadanía frente al uso abusivo de plataformas comunicacionales para difamar, injuriar y desinformar sin fundamento, afectando el honor y la dignidad de personas que ejercen funciones públicas.

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Procuraduría crea unidad para cobro de multas de tránsito y pide se cobre mora por las penalidades no pagadas

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Más del 70 % de los multados por contravenciones de tránsitos incumplen con el pago y, la falta de consecuencias, contribuye a que el país siga registrando una alta cantidad de accidentes de tránsito, asegura la procuradora Yeni Berenice Reynoso al encabezar el primer encuentro extraordinario con fiscales y personal administrativo.

La procuradora general de la República destacó que el Ministerio Público dedicará mayores esfuerzos al cobro de las multas de tránsito, como una forma de que conductores temerarios tomen una mayor conciencia del régimen de consecuencias y, de esa forma, incidir en la reducción de los accidentes de tránsito que acarrean muertes y dolor a toda la sociedad.

El Ministerio Público informó que hay casos en los que una sola persona registra más de 300 multas sin pagar que, lamentablemente prescriben en el marco jurídico actual, por lo que se hace necesario fortalecer la ley para que sean un crédito para el Estado y que su impago en plazo razonable genere mora sin prescripción.

La magistrada Yeni Berenice Reynoso recordó que menos del 30 % de las multas de tránsito se cobran a nivel nacional, lo cual constituye un incentivo para que algunos desaprensivos sigan sin esforzarse en cumplir con las normas de tránsito, las cuales, además de reglamentar y organizar el desplazamiento, tienen el objetivo de llevar seguridad a las calles y, por lo tanto, reducir el número de muerte asociadas a los accidentes.

Además de la creación de una unidad especial para el tema de las multas, otro de los múltiples puntos que trató Reynoso se relaciona con la ejecución de la garantía económica que pesan sobre procesados declarados en rebeldía.

“Cuando se pide a un tribunal la declaratoria de rebeldía de un procesado, inmediatamente debemos completar el procedimiento pidiendo la ejecución de la garantía económica”, indicó.

Yeni Berenice convocó el sábado en la mañana a la primera reunión extraordinaria del Ministerio Público, la cual encabezó junto a los demás miembros del Consejo Superior del órgano persecutor.

En el encuentro, la procuradora compartió los lineamientos generales de la planificación estratégica que “nos permitirá definir la ruta en busca de materializar la visión holística orientada a resultados de excelencia, en beneficio de toda la sociedad”.

Al encuentro, celebrado en el edificio que aloja a la Procuraduría General de la República, fueron convocados, además de los integrantes del Consejo Superior del Ministerio.

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