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Ministro de Agricultura dice país se encamina hacia la erradicación de la fiebre porcina africana
El ministro de Agricultura, Limber Cruz, informó que la fiebre porcina africana está controlada en el país y que se encamina hacia su erradicación.
Cruz, quien también preside la Comisión Oficial para la Erradicación de la Fiebre Porcina Africana, indicó que este logro se ha podido obtener por la cooperación de diferentes sectores nacionales e internacionales, así como el uso de tecnología de punta para detectar la enfermedad, de acuerdo a un comunicado de la institución.
La nota destaca que los equipos donados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos permiten el análisis y extracción de muestras sin contaminación, obteniendo los resultados en menos de 48 horas, lo que permite una intervención oportuna de los focos de contagio detectados.
La Comisión informó que los resultados de los análisis de laboratorio realizados en 415 posibles focos de contagio la pasada semana indican que en el 87% de los casos no se detectó la enfermedad.
La nota precisa que hasta el momento las regiones Sur, Norcentral y Este están libres de PPA.
Agrega que hasta el momento más de 2,000 porcicultores de 22 provincias del país recuperaron su inversión, tras recibir RD$395 millones como compensación por el sacrificio de 65,760 cerdos como parte de las acciones para erradicar el virus de la fiebre porcina africana.
Dichos pagos se realizaron a través del Banco Agrícola en el período que comprende del 1 de agosto hasta el 18 de septiembre, precisa la nota.
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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos
La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso
A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.
La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.
Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación
La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.
El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.
Impulsarán alternativas biodegradables
Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.
La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.
También modifica el financiamiento del sistema de residuos
La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.
Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.
Aportes según el nivel de ingresos
La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.
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