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Dictan 18 meses de prisión contra dos hermanos vinculados al caso Falcón

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La sanción fue impuesta contra Alberto de Jesús Polanco (El Prieto) y Alberto Enmanuel de Jesús Polanco (Many). (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVAREZ)

El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra dos hermanos acusados de formar parte de la red de lavado de activos provenientes del narcotráfico desmantelada en la Operación Falcón.

El magistrado Cirilo Salomón impuso la sanción contra Alberto de Jesús Polanco (El Prieto) y Alberto Enmanuel de Jesús Polanco (Many).

indica Diario Libre que ambos encartados, según el Ministerio Público, forman parte de la estructura criminal que lideraba el prófugo Erick Randhiel Mosquea Polanco (Rodolfo Beltrán, El Sony 7, El Chiquito, El Hombre y/o Chite).

Deberán cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, de Santiago, informó la Procuraduría General en una nota de prensa.

Los hermanos Polanco están acusados de asociación de malhechores, tráfico de drogas y patrocinio, así como lavado de activos provenientes del narcotráfico y violación a la Ley para el Control y Regulación de Armas, en perjuicio del Estado dominicano.

Por el caso también se encuentran imputados los padres de los encartados, Rafael Alberto De Jesús y Delfina Asunción Polanco, quienes forman parte del grupo de 23 que son procesados y que esperan medidas de coerción en una audiencia que se reanudará el próximo lunes.

Según la acusación, ese núcleo familiar fungía de administrador de Inversiones Inmobiliaria De Jesús, S.R.L. y de Inversiones El Prieto, propiedad de Erick Randhiel Mosquea Polanco, así como de Farmacia Fireli, entre otros negocios de la red criminal.

El Ministerio Público estuvo representado por Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quien aseguró que esa sanción fue impuesta gracias a la cantidad y fortaleza de las evidencias aportadas.

“Hemos estado en tres audiencias de la Operación Falcón: la de esta mañana que se aplazó para el lunes, y en la tarde se conocieron dos, a la primera se le aplicó como medida de coerción el arresto domiciliario, que fue como lo solicitó el Ministerio Público al juez, y en esta audiencia que termina se le ha impuesto a los imputados prisión preventiva, que ha sido también lo que ha solicitado el Ministerio Público”, dijo Camacho.

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) resaltó que las medidas de coerción “reflejan el trabajo del Ministerio Público y la profundidad de su investigación”.

“Hemos establecido siempre, que vamos a llevar los procesos (a los tribunales) solo cuando están blindados, y ese blindaje lo da la cantidad y la fortaleza de las evidencias que aportamos, y es la razón por la que el tribunal ha acogido la solicitud que ha hecho el Ministerio Público”, añadió.

Al salir de la sala de audiencia, los hermanos calificaron la medida como abusivas.

Mientras que la defensa de los imputados, Francisco Javier Azcona, indicó que estudiará el dispositivo cuando le sea entregado para determinar si apela la decisión del magistrado Salomón.

Entiende que sus clientes no representan peligro de fuga, ya que ambos se presentaron voluntariamente a la Fiscalía de Santiago cuando de enteraron que había una investigación en su contra.

La audiencia empezó a las 4:30 de la tarde y se extendió hasta las 7:57 de la noche.

Coerción a otro
El juez Cirilo Salomón Sánchez también impuso medida de coerción a otro de los imputados en el caso. Se trata de Enerio Rafael Sandoval Valdez, acusado de pertenecer a la organización de lavado de activos y narcotráfico desmantelada en la Operación Falcón. A Sandoval Valdez le fue impuesta prisión domiciliaria, a solicitud del Ministerio Público, que este viernes varió su petición, ya que inicialmente era de 18 meses de prisión preventiva.

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Según el Gobierno, la ciudadanía aprueba que se exija tarjeta de vacuna

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La reunión con directores ins­titucionales y ministros con­vocada por el presidente Luis Abinader, de la cual los miembros del Gabinete del Poder Ejecutivo argumentaron no conocer la agenda, re­sultó ser un consejo de mi­nistros que tuvo una dura­ción de poco más de una hora.

Según las declaraciones del vocero de la Presiden­cia, Homero Figueroa, se trataron varios temas en­tre ellos la recepción de la población a las medi­das especiales que tomó el Gobierno, incluida la que obliga a presentar la tarje­ta de vacunación contra el coronavirus Covid-19 con al menos de dos dosis.

“Evaluamos el gran éxi­to y acogida que han te­nido las últimas medidas del Ministerio de Salud con respecto a la presenta­ción de la tarjeta de vacu­nación. Hemos tenido de vuelta un récord de ciuda­danos vacunándose. Ayer tuvimos unos 71,000 y si seguimos con ese ritmo, tal vez en varias semanas podremos rebasar el reza­go que teníamos hace dos meses”, expresó Figueroa en declaraciones recogidas por el periodista Javier Flores, del Listín Diario.

Al ser cuestionado so­bre el rechazo de varios sectores de la sociedad ha­cia esas medidas tras con­siderarlas “obligatorias”, Figueroa explicó que las mediciones que tiene el Gobierno indican que un gran porcentaje de la po­blación se ha mostrado a favor de las nuevas medi­das.

“La mayoría de la po­blación ha aceptado como buenas y válidas estas medi­das y la muestra del apoyo es la cantidad de gente que ha decidido ir a vacunar­se en los últimos días. Esta­mos respetando la libertad individual, pero el beneficio colectivo del pueblo domi­nicano pide a todos que nos vacunemos para conseguir la inmunidad”, explicó el encargado de Comunicacio­nes del Poder Ejecutivo.

A inicios de esta semana, el ministro de Salud Públi­ca, Daniel Rivera, informó que desde el próximo lunes la institución contará con inspectores que estarán de manera “aleatoria” en va­rias instalaciones públicas, privadas de uso público y de transporte, para “moni­torear” el cumplimiento de las nuevas medidas especia­les que aplicará el gobierno.

A partir de esa fecha, las personas mayores de 12 años deberán presentar un documento de identidad y su tarjeta de vacunación con por lo menos dos dosis de la vacuna contra el Co­vid-19, ambos en original y en copia legible (física o di­gital) a la autoridad pública o privada correspondiente, para asistir de manera pre­sencial a lugares de trabajo con espacios cerrados y de uso colectivo; para asistir de manera presencial a los centros de estudios de to­dos los niveles, sean públi­cos o privados; si desea uti­lizar medios de transporte, sea urbano o interurbano.

Lo mismo para ingresar bares, discotecas, colma­dos, restaurantes, clubes, centros comerciales, casi­nos, tiendas u otros centros de diversión.

El miércoles, Rivera acla­ró que también se aceptará en esos lugares a personas con una sola dosis si no han pasado 30 días de la inocu­lación.

Auditorías internas
En el encuentro se informó que la Contraloría General de la República está “lista, preparada y en capacidad” para realizar las auditorías internas de todas las institu­ciones gubernamentales y les solicitó a los incumben­tes de cada una de las enti­dades a habilitar un “espa­cio físico” para recibir los auditores.

“Este es un proceso trans­cendental importantísi­mo de control interno pa­ra poder poner a todos los ministerios y directores en capacidad de recibir las au­ditorías externas de la Cá­mara de Cuentas”, agregó Figueroa. También se tra­tó en dicha reunión la re­estructuración del departa­mento de comunicaciones.

La reunión de Abinader
y los miembros de su gabi­nete se produjo justo cuan­do el país se encuentra ba­jo el “aviso” de una posible reforma fiscal que ha cau­sado rechazo en gran parte de la población y del sector empresarial han propuesto que lo que se haga sea un “pacto fiscal”.

El gobierno ya envió el proyecto de Presupuesto de 2021 por más de un billón de pesos en el que se redu­cen las asignaciones a 12 ministerios.

De visita en el Palacio
Los representantes de la Asociación de Industriales de la República Dominica­na (AIRD) visitaron el Pa­lacio Nacional ayer, pero no ha trascendido el tema que trataron, tampoco si se reunieron con el presi­dente Luis Abinader.

Circe Almanzar y Celso Marranzini permanecie­ron por más de una hora con funcionarios del go­bierno, próximo al despa­cho del Presidente.

Evitaron conversar con la prensa y abandonaron la casa de gobierno utilizan­do la escalinata ubicada en el pasillo contiguo al despacho del presidente Abinader.

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Estos son los bienes incautados a Víctor Díaz Rúa, tras la sentencia de Odebrecht

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El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a ocho y cinco años de prisión a Ángel Rondón Rijo y a Víctor José Díaz Rúa, al declararlos culpables de corrupción en el caso por los US$92 millones de sobornos que distribuyó Odebrecht en República Dominicana para agenciarse la adjudicación de contratos de obras pagadas con fondos de los contribuyentes.

Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo condenaron además a Rondón Rijo y Díaz Rúa al pago de multas de 200 salarios mínimos y dispuso el decomiso de una serie de bienes que acumularon producto del enriquecimiento ilícito.

Entre los bienes incautados a Díaz Rúa figura una propiedad en Casa de Campo, en La Romana; el yate “Balbie” y un apartamento ubicado en la torre Caney en Bella Vista, Distrito Nacional.

Otras propiedades incautadas
La sociedad Albox, la sociedad Radio-Difusora Sky Land y la sociedad Inversiones Monttoba. De igual forma le fueron incautadas varias cuentas de ahorros en dólares del Banco de Reservas.

Condena
El exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, fue condenado por el caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en República Dominicana, cuya sentencia calificó como un «disparate».

A Díaz Rúa lo encontraron culpable de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Tanto el Ministerio Público como Díaz Rúa revelaron que apelarán. La lectura de la sentencia será el 25 de noviembre. A partir de entonces, las partes podrán recurrir a los tribunales.

FUENTE: Diario Libre

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