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Dictan 18 meses de prisión contra dos hermanos vinculados al caso Falcón

El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra dos hermanos acusados de formar parte de la red de lavado de activos provenientes del narcotráfico desmantelada en la Operación Falcón.
El magistrado Cirilo Salomón impuso la sanción contra Alberto de Jesús Polanco (El Prieto) y Alberto Enmanuel de Jesús Polanco (Many).
indica Diario Libre que ambos encartados, según el Ministerio Público, forman parte de la estructura criminal que lideraba el prófugo Erick Randhiel Mosquea Polanco (Rodolfo Beltrán, El Sony 7, El Chiquito, El Hombre y/o Chite).
Deberán cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, de Santiago, informó la Procuraduría General en una nota de prensa.
Los hermanos Polanco están acusados de asociación de malhechores, tráfico de drogas y patrocinio, así como lavado de activos provenientes del narcotráfico y violación a la Ley para el Control y Regulación de Armas, en perjuicio del Estado dominicano.
Por el caso también se encuentran imputados los padres de los encartados, Rafael Alberto De Jesús y Delfina Asunción Polanco, quienes forman parte del grupo de 23 que son procesados y que esperan medidas de coerción en una audiencia que se reanudará el próximo lunes.
Según la acusación, ese núcleo familiar fungía de administrador de Inversiones Inmobiliaria De Jesús, S.R.L. y de Inversiones El Prieto, propiedad de Erick Randhiel Mosquea Polanco, así como de Farmacia Fireli, entre otros negocios de la red criminal.
El Ministerio Público estuvo representado por Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quien aseguró que esa sanción fue impuesta gracias a la cantidad y fortaleza de las evidencias aportadas.
“Hemos estado en tres audiencias de la Operación Falcón: la de esta mañana que se aplazó para el lunes, y en la tarde se conocieron dos, a la primera se le aplicó como medida de coerción el arresto domiciliario, que fue como lo solicitó el Ministerio Público al juez, y en esta audiencia que termina se le ha impuesto a los imputados prisión preventiva, que ha sido también lo que ha solicitado el Ministerio Público”, dijo Camacho.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) resaltó que las medidas de coerción “reflejan el trabajo del Ministerio Público y la profundidad de su investigación”.
“Hemos establecido siempre, que vamos a llevar los procesos (a los tribunales) solo cuando están blindados, y ese blindaje lo da la cantidad y la fortaleza de las evidencias que aportamos, y es la razón por la que el tribunal ha acogido la solicitud que ha hecho el Ministerio Público”, añadió.
Al salir de la sala de audiencia, los hermanos calificaron la medida como abusivas.
Mientras que la defensa de los imputados, Francisco Javier Azcona, indicó que estudiará el dispositivo cuando le sea entregado para determinar si apela la decisión del magistrado Salomón.
Entiende que sus clientes no representan peligro de fuga, ya que ambos se presentaron voluntariamente a la Fiscalía de Santiago cuando de enteraron que había una investigación en su contra.
La audiencia empezó a las 4:30 de la tarde y se extendió hasta las 7:57 de la noche.
Coerción a otro
El juez Cirilo Salomón Sánchez también impuso medida de coerción a otro de los imputados en el caso. Se trata de Enerio Rafael Sandoval Valdez, acusado de pertenecer a la organización de lavado de activos y narcotráfico desmantelada en la Operación Falcón. A Sandoval Valdez le fue impuesta prisión domiciliaria, a solicitud del Ministerio Público, que este viernes varió su petición, ya que inicialmente era de 18 meses de prisión preventiva.

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Dictan tres meses de prisión preventiva a supuesta cirujana venezolana

El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva en contra la pseudo cirujana venezolana Karla María Moya Boada, acusada por el Ministerio de Salud Pública de ejercer ilegalmente en el país.
El magistrado Rigoberto Sena dispuso que la imputada cumpla la medida impuesta en la cárcel de Najayo – Mujeres. En la audiencia, el Ministerio Público había planteado al tribunal que la medida más idónea era la prisión prevenida, debido a que la imputada representa peligro de fuga.
Reseña el Listín Diario que a la salida del tribunal la imputada, bajo estricta medida de seguridad, rehusó hablar con los medios de comunicación en momento en que era conducida por el apoderado de la instancia a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
A principios del mes de junio, el Ministerio de Salud Pública apoderó al MP de la querella contra Moya Boada, a los fines de realizar una amplia investigación sobre el ejercicio ilegal de la falsa “doctora estética”.
Los inspectores de la Dirección de Habilitación de Salud Pública también procedieron al cierre del “Ki Centro Médico Integral del Caribe”, por violación a la Ley General de Salud 42-01.
Las autoridades actuaron tras un reportaje de investigación de la periodista Nuria Piera, en el que se muestra que Moya Boada no está avalada para ejercer cirugía estética.
La imputada fue arrestada por orden judicial en su contra, que fue ejecutada por agentes de la Dirección General de Migración, cuando ésta intentó salir del país por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
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Gobierno flexibilizaría medidas en la frontera cuando asegure aguas del río Masacre

El presidente Luis Abinader mantiene el cierre de la frontera y solo contempla flexibilizar las medidas tomadas contra Haití cuando culminen los trabajos de reactivación del canal La Vigía, obra hídrica que permitirá a la República Dominicana garantizar la irrigación de los cultivos de los agricultores de Dajabón que serían afectados con la construcción de un canal en el lado haitiano.
La información la sirvió el mandatario durante La Semanal con La Prensa, un encuentro con representantes de los medios de comunicación que realiza todos los lunes.
En la rueda de prensa, Abinader indicó que la reactivación de La Vigía le tomará al gobierno dos o tres semanas. Destacó que el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indri) comenzó la semana pasada con la limpieza del canal, que dejó de operar desde el año 2007 por conflictos con haitianos.
Esta obra, según la ponencia del mandatario, será la «salvadora» del caudal del río Masacre ante la «desafiante» intención de Haití de construir un canal de manera «inconsulta y violatoria» de los acuerdos con su país vecino.
Aunque la misma supone la desviación de las aguas del Masacre, el presidente recalcó que la construcción de la misma fue consensuada con el Gobierno haitiano en su momento en 1966.
La frontera lleva 10 días cerrada, impactando negativamente la economía de ambos países. Aunque flexibilice las medidas en unas semanas, Abinader advirtió que la frontera «nunca va a ser la misma».
«Después de tener en funcionamiento el canal de La Vigía, salvando el caudal del río, veremos la posibilidad de flexibilizar las medidas en ese sentido. La frontera no será la misma a partir de ahora y a partir de muchos hechos que vendrán en ese país», enfatizó.
Ariel Henry: no hay marcha atrás
Contrario a lo que había expresado el presidente dominicano Luis Abinader sobre la posición de Henry Ariel respecto al canal, de que la obra era una «iniciativa privada», el primer ministro sorprendió el pasado viernes apoyando la captación de agua sobre el polémico río e incluso hizo hincapié en que la República Dominicana respete el Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje de 1929 y la declaración conjunta de 2021 durante a la 78va Asamblea General de las Naciones Unidas.
Este lunes, Henry reiteró que la obra no retrocederá y planteó al Gobierno dominicano la vía diplomática para resolver las diferencias. República Dominicana también recalcó que está abierta al diálogo, pero solo si la obra es detenida, aspecto al que los haitianos no han querido ceder avanzando la obra en más de un 90 %.
Haití está unido en la construcción del polémico canal, las bandas haitianas, políticos de oposición, artistas, productores agropecuarios y finalmente el gobierno de Ariel Henry, quien fue nombrado interinamente en Haití para convocar a elecciones tras el asesinato de Jovenel Moise hace dos años.
FUENTE: Diario Libre
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