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Garantía de un millón de pesos e impedimento de salida a mujer que conducía en vía contraria
El Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional impuso una garantía económica de un millón de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país sin autorización judicial contra Leslie del Carmen Valerio Jiménez, acusada de conducir en vía contraria por la avenida 27 de Febrero y causar heridas a tres personas.
La jueza Lissa Veras Rivas, de la Sala IV de esta jurisdicción, dispuso las medidas luego de acoger el pedimento hecho por el Ministerio Público.
El expediente instrumentado por la Fiscalía del Centro Asistencial al Automovilista del Distrito Nacional reseña que la imputada cometió el delito a las 2:30 de la madrugada, cuando transitaba a alta velocidad y en vía contraria por la avenida 27 de Febrero a la altura del paso a desnivel de la avenida Núñez de Cáceres, acto que fue divulgado a través de redes sociales.
La fiscal Yesenny Vargas, directora del Centro Asistencial del Automovilista del Distrito Nacional, relató que, como consecuencia del manejo temerario de Valerio Jiménez, resultaron heridos Carlos Erick Morales Brache y Mariel Vásquez Olivo, quienes fueron socorridos por miembros del Sistema Nacional de Emergencia 9-1-1.
La tercera víctima es Carlos Ariel Zabala, quien conducía el vehículo que fue impactado por el carro de Morales Brache al momento de dar un giro para evitar un choque frontal con el de la victimaria.
A este hecho el órgano acusador otorgó la calificación jurídica de violación a los artículos 220, 268, 287.2, 291 y 303 de la Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Dichos artículos tipifican y castigan las conductas de conducir de forma temeraria a alta velocidad, provocar accidente que cause lesiones o muerte y no prestar ayuda a las víctimas, huyendo de la escena.
FUENTE: El Caribe
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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos
La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso
A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.
La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.
Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación
La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.
El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.
Impulsarán alternativas biodegradables
Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.
La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.
También modifica el financiamiento del sistema de residuos
La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.
Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.
Aportes según el nivel de ingresos
La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.
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