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MP acusa a coronel Mariñez de alterar escena del crimen cometido por policías contra pareja cristiana

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La pareja de esposos Joel Díaz y Elisa Muñoz, acribillados por una patrulla policial en Villa Altagracia.

El coronel César Maríñez Lora habría ordenado hacerle dos disparos a una camioneta de la Policía Nacional para simular un supuesto “intercambio de disparos” y justificar el asesinato de la pareja de esposos Joel Díaz y Elisa Muñoz Marte, ocurrida la noche del 30 de marzo de 2021.

La Fiscalía de Villa Altagracia acusa al coronel Maríñez Lora de destruir la escena del crimen en el caso de la pareja de evangélicos, asesinados por un equipo policial bajo su mando en el kilómetro 45 de la Autopista Duarte, en el municipio Villa Altagracia.

Indica Listin Diario que las investigaciones de los fiscales establecen que el coronel destruyó parte de la escena del crimen para decir que el asesinato había sido el resultado de un intercambio de disparos y de una confusión de los agentes actuantes.

Las acusaciones contra el coronel incluyen haber ordenado a una parte de sus agentes llevar la camioneta de la Policía Nacional usada en el operativo hasta orillas del río La Represa, en el kilómetro 40 de la Autopista Duarte, para hacerle dos disparos y así simular el supuesto intercambio de disparos.

Los fiscales señalan que el coronel comandó los trabajos del equipo policial y que estuvo presente todo el tiempo en el lugar del asesinato, y que sin embargo mintió a las autoridades intentando excluirse del proceso.

“El coronel Marínez eligió quiénes eran los policías que se iban a procesar por el hecho, poniendo a disposición del Ministerio Público solo a los acusados Victorino Reyes Navarro, Domingo Perdomo Reyes, Norquis Rodríguez, Ángel de los Santos, Juan Samuel Ogando Solís y Anthony Castro, excluyéndose él del proceso y excluyendo a los acusados Guillermo Rosario Melo y Emil Alexander Rincón Martes”, dice la acusación contra el grupo, copia de la cual conoció este diario.

A los acusados que eligió para ser sometidos a la justicia le habría ordenado decir que él no se encontraba en la escena del crimen al momento del asesinato y que ellos habían “repelido una acción recibida de un carro Hyundai blanco que había pasado y que por error, en esas circunstancias, había resultado impactado 33 veces el carro de las víctimas”.

Una ficha clave en el proceso judicial lo será el testimonio del mayor Heriberto Muñoz, quien se desempeñaba como subcomandante policial en Villa Altagracia, el segundo al mando tras el coronel Maríñez.

Fue a esta persona a la que el coronel le dio las instrucciones para hacerle los disparos a la camioneta de la Policía Nacional y así poder simular el supuesto intercambio de disparos, según el testimonio del mayor de la Policía, citado en la acusación contra el grupo.

La Fiscalía de Villa Altagracia depositó acusación formal contra nueve personas el pasado viernes 4 de febrero, donde solicita la fijación de la audiencia preliminar, paso previo a llevar a los implicados a juicio de fondo.

Los acusados en el caso son el coronel César Maríñez Lora y los agentes policiales Guillermo Rosario Melo, Emil Alexander Rincón Martes, Victorino Reyes Navarro, Domingo Perdomo Reyes, Norquis Rodríguez Jiménez, Ángel de los Santos, Anthony Castro Pérez y Juan Samuel Ogando Solís.

Todos guardan prisión preventiva por el caso.

Elisa Muñoz Marte, de 32 años de edad y Joel Eusebio Díaz Ferrer, de 35 años, fueron asesinados cuando regresaban a Santo Domingo de un culto evangélico celebrado en Villa Altagracia. Con ellos viajaban Carlos José Pérez Báez y Claudio Alberto Ramírez Lamais, quien resultó con heridas de bala.

El asesinato
Alrededor de las 10:50 de la noche del martes 30 de marzo de 2021 (martes santo) las cuatro víctimas se trasladaban en un vehículo marca Kia, modelo K5, color blanco, por la Autopista Duarte y a nivel del kilómetro 45 fueron atacados a tiros por el equipo policial sin mediar palabra alguna.

Elisa, Joel, Carlos José y Claudio Alberto regresaban a Santo Domingo tras participar en un evento religioso en el paraje Los Ganchos, del municipio Villa Altagracia.

El documento de acusación contra los nueve agentes policiales indica que el coronel Maríñez Lora tras escuchar a través de la radio de comunicación de la Policía Nacional que ocupantes de un carro blanco, marca Hyundai, “habían cometido varios atracos en el municipio Bonao y que se desplazaban en dirección a Santo Domingo, se dirigió al kilómetro 45, junto a los acusados Reyes Navarro, De los Santos, Rosario Melo (quien no estaba de servicio) y Rincón Martes”.

La acusación indica que unos minutos después llegaron al lugar dos unidades motorizadas compuestas por Domingo Perdomo Reyes, Norquis Rodríguez, Juan Samuel Ogando Solís y Anthony Castro.

Los fiscales cuentan con vídeos de la zona donde se improvisó el retén para probar la participación de todos los agentes policiales.

“Los procesados improvisaron un retén y obstaculizaron la vía a los fines de detener los vehículos que se desplazaban en sentido norte-sur. En esas circunstancias, al momento de notar la llegada del Kia color blanco de los esposos, realizaron ráfagas de disparos con armas de varios calibres y desde distintas direcciones, sin una requisa previa del automóvil y sus ocupantes”, indica la acusación.

Los policías dispararon con un fusil M-16, marca Colt, asignado al coronel Maríñez, también con una metralleta marta Tauros, 9 milímetros y seis pistolas marcas Taurus.

El asesinato de esa pareja de esposos produjo la molestia del presidente de la República, Luis Abinader, quien en declaraciones desde el Palacio Nacional dijo que su administración no toleraría este tipo de comportamientos, que nadie estaba por encima de la Ley.

Dijo que en República Dominicana no cabía ya la impunidad.

“He dado instrucciones inmediatas al ministro de Interior para la cancelación inmediata a los agentes y que preste todo el apoyo a la familia de las víctimas”, dijo el presidente de la República, indignado, la tarde del miércoles 31 de marzo de 2021.

Sus palabras:
“Aun con el dolor en el alma y la indignación que siento, les puedo asegurar que no voy a tolerar de ninguna manera que nadie esté por encima de la ley, ni que pueda usarla a su antojo.

Esta triste noticia me reafirma aún más en mi compromiso irrenunciable de una reforma policial que sea integral, que se rija por protocolos éticos, y que la lleve a ser un cuerpo que cuide y proteja a todos los ciudadanos dominicanos.

Una actuación policial desproporcionada y fuera de los márgenes de la ley daña la convivencia pacífica y erosiona la credibilidad de nuestras instituciones”.

El asesinato de la pareja de esposo llevó al presidente de la República a crear una comisión especial multidisciplinaria, compuesta por 21 personas, para trabajar en la reforma a la Policía Nacional.

La decisión está contenida en el decreto 211-21.

En el acto de juramentación de la comisión especial, el presidente dijo que él ni se cansa, ni lo iban a cansar en su propósito de cambiar a la Policía dominicana.

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Alcalde habría autorizado a hacendado a emplear 250 haitianos en finca

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La autorización se da en momentos en que el Gobierno a través de la Dirección de Migración realiza esfuerzos para la repatriación masiva de haitianos ilegales en el país.

Gran sorpresa ha causado la revelación de una comunicación del alcalde de Villa Isabela, Ruddy Leandro Gómez, mediante la cual este emite una autorización para que 250 obreros haitianos trabajen en la finca del hacendado Persio Alejandro Polanco Reyes.

De acuerdo al documento dado a conocer por el periodista Simón Peña, Ruddy Leandro Gómez Popoters, autoriza al empresario Polanco Reyes, “para realizar trabajo con 250 haitianos por 3 días a partir de la fecha, para la recogida de ajies picantes en La Cieneja, Estero Hondo, Municipio de Villa Isabela, Puerto Plata, República Dominicana” en una comunicación con fecha 23 de octubre.

Reseña Listín Díario que la autorización se da en momentos en que el Gobierno a través de la Dirección de Migración realiza esfuerzos para la repatriación masiva de haitianos ilegales en el país.

El documento ha causado sorpresa porque los alcaldes no están supuestos a emitir este tipo de permisos ya que la permanencia o no de extranjeros está normada por la ley de migración y corresponde a la Dirección General de Migración su cumplimiento.

El alcalde Gómez habría increpado al periodista Simón Peña por la publicación del documento, ante quien alegó que no eran 250 trabajadores, sino una cantidad menor pero no especificó cuántos, y alegó que se trataba de un error según explicó Peña a este corresponsal.

Ruddy Leandro Gómez agota su segundo período en la alcaldía de Villa Isabela, fue postulado en la alianza del PRSC y el PRM.

El Listín estuvo tratando de contactar a al alcalde Gómez para consultarle sobre la autorización pero no fue posible localizarlo.

Siguen repatriaciones

Ante los operativos migratorios que se llevan a cabo en todo el país, del 1 al 23 de octubre la Dirección General de Migración ha repatriado 11,329 haitianos indocumentados y deportado a 19, 592 para un total de 30, 921 extranjeros reconducidos.

Al menos 10,105 haitianos han retornado demanera voluntaria hacia Haití ha contabilizado la dirección de Migración desde el 1 al 23 de presente mes para un total de 41,026 entre repatriados, deportados y retornados.

Desde el mes de enero al 23 de octubre de 2024 La Dirección General de Migración a deportado 131,741 y repatriado a 81,384 para un total de 213,125 reconducidos a su país, mientras que 173,800 han retornado demanera voluntaria.

De enero al 23 de octubre migración a contabilizado 386,925 haitianos entre deportados, repatriados y retorno voluntario.

Cesfront

Los operativos migratorios que realiza el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre CESFRONT del 1 al 24 de octubre han detenidos 4,078 entre ellos 2,588 hombres, 1,296 mujeres, 167 niños y 27 niñas informó la entidad.

Ejército

En operaciones realizadas en Azua, Puerto Plata, Valverde, Independencia y San Juan de la Maguana, el Ejército detuvo a 37 nacionales haitianos en estatus migratorio irregular.

En el municipio Padre las Casas, en Azua, fueron detenidos Ronny Aquino Moreta y Luis Uridi, quienes transportaban a bordo de un vehículo Marca Honda, Modelo Cívic, a 4 nacionales haitianos indocumentados.

En el distrito municipal El Mamey, de Los Hidalgos en Puerto Plata, miembros del Ejército detuvieron a 11 haitianos, quienes se trasladaron a pie desde las zonas montañosas de Dajabón hasta esta demarcación.

Mientras que en el sector de Cana Chapetón en la provincia de Valverde, fue detenido un carro marca Toyota, cuyo conductor emprendió la huida y dejó el vehículo abandonado con la cantidad de 14 nacionales haitianos quienes no portaban la debida documentación, el grupo estaba compuesto por 11 hombres y 03 mujeres.

Como parte de estas acciones, un hombre identificado como Gabriel Tila, fue sometido a la justicia por trasladar a 4 extranjeros en estatus migratorio irregular, en los Pinos del Edén, provincia Independencia .

Asimismo, el Ejército de República Dominicana también sometió a la acción de la justicia al dominicano Daviser Taveras Javier, detenido por una patrulla militar cuando trasladabas 4 indocumentados por el puesto de chequeo Guanito, en San Juan de la Maguana.

Con estos y otros operativos suman 751 los haitianos en estatus migratorio irregular detenidos en los últimos días por miembros de las brigadas del Ejército en diferentes operativos en provincias de la región fronteriza.

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Consultor jurídico Poder Ejecutivo advirtió de los “conflictos de intereses” en doble función de Carlos Pimentel

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El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, advirtió sobre los posibles conflictos de intereses que generaría la designación de una misma persona como director de Alianzas Público-Privadas (Dgapp) y de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

A través de un carta de fecha tres de octubre, revelada por el abogado y comunicador Federico Jovine, columnista diario de este periódico, el consultor le señaló a Carlos Pimentel que una persona al ocupar ambas direcciones podría generar “conflictos de intereses” debido a las funciones que tienen las entidades.

En su misiva, Peralta explica que de conformidad con el numeral cinco del artículo 15 de la Ley 47-20, de Alianzas Público Privadas, el director general de Contrataciones Públicas tiene voz y voto en el Consejo Nacional de Alanzas Público-Privadas exclusivamente en lo que respecta al diseño y estructuración de los procesos competitivos de selección de adjudicatario, mientras que el director ejecutivo de la Dgapp tiene solo voz, pero sin voto.

“Si una sola persona ocupa ambos cargos, podría influir en las decisiones del Consejo, afectando la objetividad en la toma de decisiones, ya que estaría participando en los procesos de votación que luego debe ejecutar como director de la Dgapp”, señala Peralta.

El funcionario detalla que la Ley núm. 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas, establece que la DGCP es responsable de supervisar y regular los procesos de contratación pública en toda la administración estatal, incluyendo aquellos relacionados con los procesos de compras de Dgapp.

“Designar a una misma persona como director de ambas entidades significa que esa persona estaría supervisando los mismos procesos de compras y contrataciones que ejecuta, lo que claramente pudiera comprometer su imparcialidad e independencia necesarias para procesos de adjudicación y ejecución de contratos”, manifiesta el comunicado.

Peralta resalta que la Ley 247-12, Orgánica de la Administración Pública, indica en su artículo nueve que debe haber una “separación de funciones” entre los órganos que supervisan y aquellos que operan.

“El hecho de que una persona supervise (como director de la DGCP) y ejecute (como director la Dgapp) podría crear una situación que vulnere el principio del de rendición de cuentas y debilitar la confianza en la transparencia del sistema”, exclama.

Desde que la tarde del jueves se emitiera el decreto de la designación de Pimentel como director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público – Privadas, que establecía que Pimentel se mantendría como titular honorifico de la Dirección General de Contrataciones Públicas, múltiples sectores han señalado que este seria “juez y parte” en los procesos de adjudicación de los proyectos conjuntos entre el Estado y empresas privadas.

Justo este viernes, Pimentel emitió un comunicado defendiendo la legalidad de la designación y dijo que estará designando un oficial de cumplimiento regulatorio en Compras y Contrataciones en la dirección de Alianzas Público-Privadas para no dar lugar a malas interpretaciones.

FUENTE: Listín Diario

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