En medio del proceso judicial que enfrenta el empresario Antonio Espaillat por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, esta tarde se presentaron en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva su esposa, Montserrat Namnum, así como sus dos hijos.

La llegada se produce mientras el Ministerio Público continúa avanzando en la solicitud de medidas de coerción contra Espaillat, acusado, junto a su hermana Maribel Espaillat, de incurrir en una grave negligencia al no intervenir oportunamente ante los riesgos estructurales del establecimiento, cuyo derrumbe dejó 236 personas muertas y más de 180 heridas.

Tanto Monserrat como sus hijos evitaron dar declaraciones a la prensa al momento de su ingreso al recinto judicial.

Tampoco ofrecieron declaraciones al marcharse.

Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, está preso desde la noche del jueves. Esto, tras ser interrogado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

La Fiscalía le imputa los delitos de homicidio involuntario y obstrucción de la justicia, específicamente por intimidación a testigos clave en el proceso judicial.

El empresario está vinculado al colapso del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que dejó 236 muertos y más de 180 heridos.

Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público solicite medidas de coerción en su contra.

Junto a Antonio Espaillat, también hay orden de arresto contra Maribel Espaillat. Sin embargo, la dama no fue llevada al Palacio de Justicia, sino a un centro de salud privada de la Capital. Aún se desconocen los motivos de su internamiento.

El Ministerio Público tiene previsto solicitar prisión preventiva y declaratoria de caso complejo. Esto último por la gran cantidad de víctimas que tuvo la tragedia.

De acuerdo con la orden de arresto, los imputados incurrieron en “una inmensa irresponsabilidad y negligencia” al omitir intervenciones estructurales urgentes y necesarias para evitar el colapso del techo del local. Esto, pese a contar con informes que advertían de su deterioro.

El Ministerio Público además señala que los Espaillat intentaron intimidar o manipular a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., que manejaba la discoteca Jet Set Club. Esto para evitar que atestiguaran en su contra.

Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre la medida de coerción que sería solicitada contra Antonio Espaillat.

Con información de CDN y Deultimominuto.net

La esposa del expelotero de Grandes Ligas, Octavio Dotel, se querelló formalmente contra los propietarios de la discoteca Jet Set y reclama el pago de una indemnización de 300 millones de pesos.

Massiel Javier Almonte, quien previamente había presentado una denuncia, depositó la querella con constitución en actor civil, a través de sus abogados Ingrid Hidalgo Martínez, José Antonio Valdez Fernández y Manuel Antonio García en la Fiscalía del Distrito Nacional.

En la instancia, se solicita que se impongan medidas de coerción personal y real contra Antonio Espaillat, Ana Grecia López, Maribel Espaillat y Evelyn Espaillat.

Asimismo, se pide que se admita la querella en representación de sus hijos menores y que se imponga una garantía económica de 75 millones de pesos en efectivo a cada uno de los querellados, reseña el Listín Diario.

También se solicita que se autorice a Massiel a inscribir hipoteca judicial provisional sobre los imputados, así como sobre la entidad Inversiones E y L, y a trabar embargo retentivo sobre los montos y valores que se encuentren dentro de los mismos, equivalentes a 600 millones de pesos.

Mientras tanto, el número de acciones legales contra los propietarios de la discoteca Jet Set ha ascendido a 82, tras el trágico derrumbe que dejó 235 muertos y más de 180 heridos. El suceso ocurrió mientras el merenguero Rubby Pérez amenizaba la tradicional fiesta de los lunes del Jet Set. Rubby Pérez se encuentra entre las víctimas mortales del incidente.

En las instancias, los demandantes alegan que reclamarán indemnizaciones millonarias ante los tribunales, además de solicitar al Ministerio Público que pida prisión preventiva como medida de coerción contra los propietarios de la discoteca.

Algunas de las demandas también incluyen al Estado dominicano y al Ayuntamiento del Distrito Nacional, por el supuesto incumplimiento de sus obligaciones legales en materia de seguridad y supervisión de dicho establecimiento.