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Panorama

Padre de ‘Pototo’ dice fue excesiva condena de 20 años a su hijo por asalto a Mariasela

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El padre de Pototo, el asaltante de la presentadora Mariacela Alvares y su hija, Cristóbal Santo, dijo que aunque está de acuerdo con que su hijo pague por los hechos cometidos, dicha condena no debe ser impuesta tomando el status social de la víctima y sus influencias.

«Como sociedad y seres humanos les pido excusa Mariasela y a los jueces, pero no creo que sea el precio que debe pagar porque él no ha matado ni le ha dado un tiro a nadie”, dijo tras calificar de exagerada la condena a su pariente.

En una transmisión en directo de CDN desde la calle respaldo 40 de Cristo Rey, familiares y vecinos de  Ramón Orlando Santos Ramírez  “Pototo”.  condenado a 20 años por el asalto a la conductora de televisión Mariasela Álvarez, calificaron de exagerada la condena a su pariente.

“Muchos que han matado dos o tres gente y le echan tres, cuatro o cinco años y andan en la calle, entonces cual es el motivo que es lo tan grande que ha hecho si no le han dado un tiro a nadie!!!”, exclamó Cristóbal Santo.

Pidió excusa a la sociedad, al tiempo que llamó  a la justicia y a la Mariasela a tomar en cuenta sus argumentos y bajar la pena de sus hijo

«Yo soy un padre igual que ellos también, pero ha sido un exceso  el no merece que le echen 20 años, deben castigarlos pero no así», dijo.

Explicaron que Pototo trabajaba lavando vehículos y como motoconcho en esa comunidad.

¿Quién es Pototo?

Ramón Orlando Santos Ramírez, alias Pototo, tiene 30 años y era residente en Cristo Rey. Durante su audiencia por el caso de Mariasela Álvarez, el Ministerio Público no consignó expedientes delictivos anteriores que lo refirieran, por lo que se presume que no tenía antecedentes penales.

No obstante, fuentes de la policía citadas por la abogada de la comunicadora, Laura Acosta, aseguran que Pototo fue investigado por otros delitos.

Ahora, Pototo guardará un año de medida de coerción por asalto agravado contra la comunicadora Mariasela Álvarez, su hija Rebeca Fernández. Asimismo, por el productor televisivo Augusto Guerrero, Sheila Paulino y una hija menor de edad.

Santo Ramírez cumplirá la imposición en la Cárcel del 15 de Azual. Esto, luego de que el Ministerio Público aportó ante el tribunal de la Oficina de Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional diversos elementos de prueba. Estos, según el juez Alejandro Vargas, son suficientes para imponer la medida.

El expediente establece que el encartado cometió los actos delictivos en hechos separados que tuvieron lugar en los sectores Serrallés y Arroyo Hondo; del Distrito Nacional, el pasado 12 de septiembre.

Aproximadamente a las 12:20 del mediodía, en Serrallés, Santos Ramírez emboscó a punta de pistola a la comunicadora y a su hija.

Luego despojó a esta última de su cartera, realizó dos disparos al aire y huyó del lugar.

Una hora más tarde, el hoy detenido realizó otro atraco en contra de Sheila Paulino, su hija menor de edad y el productor de televisión Augusto Guerrero, en Arroyo Hondo; donde logró despojar de sus pertenencias a la adolescente.

En el momento del arresto, las autoridades le ocuparon los teléfonos celulares que les había sustraído el día anterior a algunas de las víctimas.

«Ajustada a derecho»

El Ministerio Público señaló que las acciones del imputado Santos Ramírez se inscriben dentro de los tipos penales de asalto agravado y porte ilegal de arma de fuego.

Delitos previstos y sancionados en los artículos 379 y 386-2 del Código Penal Dominicano. Así como en los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Ante la polémica relacionada con los años de condena a Pototo, la abogada de Mariasela Álvarez, Laura Acosta, sale al paso asegurando que dicha condena está ajustada a derecho. Justifica que los 20 años de condena a Pototo corresponden a la tentativa de homicidio contra el camionero.

Asimismo, defiende que no existen privilegios derivados de la condición de figura pública de la comunicadora.

«Se aplico la ley y las evidencias de las videocámara de seguridad y la pruebas de balística fueron determinantes para sentenciarlo»

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Acis recula y anula acuerdo para legalizar a haitianos

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La Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (Acis), informó que no llevará a cabo el acuerdo firmado entre la entidad y el Consulado de Haití en la Ciudad Corazón sobre regularizar a trabajadores provenientes del vecino país.

La desición fue tomada a causa de que la entidad se regirá de las soluciones consensuadas por las autoridades dominicanas.

El presidente de la Acis, sostuvo que el acuerdo firmado el pasado 1 de junio junto al destituido cónsul haitiano James Jacques buscaba la regularización de la mano de obra que labora en sectores productivos de Santiago.

En una carta enviada al Consulado de Haití en Santiago, la Acis sostiene que “no existen ya las razones que dieron origen al acuerdo con este honorable Consulado General de Haití en Santiago de los Caballeros, y en ese sentido a partir de la fecha el mismo queda sin efecto y sin valor jurídico alguno”.

Expresa  que han determinado que existe la voluntad en varias autoridades del Gobierno, y “hemos logrado que ellas ponderen a futuro un mecanismo que les permita a las empresas contratar a empleados extranjeros cumpliendo cabalmente con la legislación de la República Dominicana”. 

Agrega que “a lo largo de su historia la Acis ha sido una entidad respetuosa del marco legal e institucional y lo firmado se enmarca dentro del orden del respeto a las instituciones”.

Sostiene que cuando se firmó el acuerdo el Cónsul de Haití en Santiago se encontraba en sus plenas facultades y su ejecución era de fácil implementación; sin embargo esta situación hoy no es la misma, debido a que en estos momentos el Gobierno de Haití tendrá a bien confirmar o designar nuevas autoridades.

Asimismo, señaló que el factor de tener trabajadores con documentación regularizada facilitaría el trabajo de las autoridades del control migratorio, ya que podrían repatriar a quienes no tengan su documentación legalizada.

El empresario indicó que buscaba que el consulado haitiano ayudara a lograr la documentación de sus compatriotas, que ya están insertados en sectores productivos como los del banano, cacao y otros rubros y que al viajar a su país en busca de documentos son fichados en la frontera.

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Se desvinculan de supuesta red que trafica pasaportes haitianos

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Como empresarios jóvenes que han hecho una gran inversión en República Dominicana se definieron los propietarios del negocio que el viernes fue intervenido por la Direccion General de Migración (DGM) en busca de evidencias de una supuesta red que trafica con pasaportes haitianos.

En rueda de prensa, los empresarios Kari Saintoiry y Jonathan Solano, dueños del restaurante gastronómico y cultural haitiano «L’aromate Creole», dijeron que no tienen nada que ver con la supuesta red que alegadamente operaba un tráfico de pasaportes haitianos y que fueron ocupados a una persona en el negocio al momento de la intervención de la (DGM).

Señalaron que llevan ocho años operando con todas las reglas de la ley, por lo que se sintieron desconsiderados por los agentes de la DGM a quienes acusan de no importarles que los presentes mostraran documentos incluyendo al copropietario Jonathan Solano, quien es dominico-haitiano y tenía su cédula de identidad dominicana y que «los apresaron».

Me llevaron a inmigración pero soy dominicano, tengo derecho, mi padre es dominicano, me metieron en el camión y me trataron como una basura. Mi esposa tuvo que ir a llevarme mi pasaporte llorando para que me creyeran, y me dijeron que ahora tengo que andar hasta con mi acta de nacimiento», se lamenta Solano.

Indicaron que al igual que otros extranjeros crean negocios para mantener la cultura de sus países y sobre todo para crear fuentes de empleos.

Kari Saintoiry y Jonathan Solano afirman que decidieron crear el restaurante al igual que otros dos negocios más de los cuales son propietarios.

«L’aromate Creole» está ubicado frente a la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa), donde estudian una gran cantidad de nacionales haitianos, los cuales son la mayoría de la clientela del negocio. Posee 52 empleados, cuyas familias dependen del salario que reciben en ese local.

«Nosotros representamos la comunidad haitiana y somos comerciantes, así como hay restaurantes chinos, italianos etcétera (…) Aquí, nuestros clientes son estudiantes, aquí no vienen delincuentes, ni haitianos sin documentos. Tenemos ocho años aquí y nunca habíamos tenido problemas», explicó Kari Saintoiry

Denunció que los agentes de migración «se metieron a la fuerza» en el restaurante en el que, afirma, «había hasta ciudadanos americanos y con pasaportes en manos se los llevaron».

Acusaron a unas supuestas vecinas, dueñas de otros establecimientos que están frente al restaurante haitiano, de haber hecho la denuncia a la DGM por supuesta envidia y racismo.

FUENTE: Diario Libre

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