Panorama
Quico Tabar se pronuncia ante el llamado a protesta de agrupaciones de bancas
El Administrador General de la Lotería Nacional, Teófilo Quico Tabar Manzur, se pronunció este lunes ante el llamado a protesta por agrupaciones de bancas de apuestas, en supuesto rechazo a la regularización de ese sector.
Mediante un comunicado de prensa, Tabar Manzur dijo no poner en dudas de que haya sectores que sí deseen regularizarse, pero que hay otros que no “porque quieren seguir en el desorden”.
“Al acercarse la fecha límite para presentar la declaración jurada, promueven protestas frente al Palacio Nacional, porque el propósito de algunos es continuar dentro del desorden en que lo encontró este Gobierno, con miles de bancas y puntos de venta ilegales, pago de sobre precios, venta de números por vía de dispositivos móviles y otros aspectos similares”, precisó.
Añadió que, a pesar de eso, se está trabajando juntamente con otros organismos en la solución de la venta por dispositivos móviles, así como la situación de bancas que no están funcionando, pero permanecen como activas en la DGII y en casinos.
Indicó, que ha realizado “innumerables” reuniones tanto con los concesionarios, Fenabanca, bancas deportivas, casinos y con los programadores de manera individual y conjunta, además de hacer juntas con el Consejo Consultivo de la Lotería como el Consejo de Seguimiento para que se pongan de acuerdo, “pero la situación entre ellos es difícil, incluso para escoger los delegados ante el Consejo de Seguimiento”.
Comunicado íntegro:
Todos recordarán la situación en que fui llamado a ocupar la Administración de la Lotería nacional de forma transitoria, hace precisamente un año.
Al llegar expresé que desde tiempo atrás se habían violentado principios fundamentales y realizado contratos y acuerdos con particulares, enajenado derechos del Estado, que no llenaban todos los rigores de ley.
Y que gobiernos y administraciones anteriores en cierto modo permitieron o propiciaron la situación de desorden imperante. El Consejo Consultivo de la Lotería, con presencia de 10 prestantes ciudadanos, entre ellos Obispos y destacados profesionales, en un documento propuso al presidente una serie de aspectos con el fin de reglamentar las bancas.
De ahí surgió el Decreto para la regularización del sector, y se me solicitó ocupar transitoriamente la dirección de Casinos y juegos de Azar. A tal efecto, Hacienda emitió una resolución para la regularización, estableciendo una dispensa durante ese período, buscando que el sector de bancas se regularice y pasen de ilegales a regularizados. Cumpliendo con el pago de los impuestos, y aquellos que no cumplieran con las reglamentaciones establecidas, se ajusten a ellas. También les expuse tanto al presidente como al ministerio de Hacienda, la necesidad de provocar cambios en la estructura de la dirección de casinos.
Una Dirección de tercer nivel en la estructura de dicho Ministerio, pero que, a mi criterio juega roles que no le corresponden. Para ello deposité un proyecto de Decreto que puede coadyuvar a resolver los problemas de dilación en los trámites, crear mayor transparencia y más eficiencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Igualmente les he planteado la necesidad de homologar los diferentes contratos entre el Estado y los concesionarios, para evitar inequidad, y resolver conflictos con otras entidades ligadas al juego, producto de contratos deficientes o cuestionables.
Realizamos innumerables reuniones tanto con los Concesionarios, Fenabanca, bancas deportivas, casinos y con los programadores de manera individual y conjunta. Las últimas se realizaron hace apenas tres días.
Tanto el Consejo Consultivo de la Lotería como el Consejo de Seguimiento han realizado innumerables esfuerzos para que dicho sector se ponga de acuerdo. Pero la situación entre ellos es difícil, incluso para escoger los delegados ante el Consejo de Seguimiento.
No pongo en dudas que haya sectores que desean regularizarse, pero hay otros que se consideran con fuerza y poder que no la quieren. Ellos mismos se han acusado frente a miembros del Consejo de haber aportado sumas millonarias para lograr sentencias a favor de determinados sectores. Se ponen el ropaje de víctimas, reclamándole al gobierno cumplimiento, cuando ellos mismos se auto incriminan diciendo que están ilegales, no cumplen con las distancias, venden números usando dispositivos móviles y ganan dinero sin pagar los tributos.
A pesar de ellos se está trabajando juntamente con otros organismos en la solución de la venta por dispositivos móviles y sobre pagos. Igualmente hicimos gestiones para la solución a la situación de bancas que no están funcionando, pero permanecen como activas en la DGII y en Casinos, sobre lo cual se llegó a una solución satisfactoria.
Pero he llegado a la conclusión de que, en cada ocasión, recurren a evasivas para no declarar lo que tienen, ni quiénes son los dueños reales. Su incoherencia es tal, que solicitan cosas y al complacerlos, sus mismos voceros las acusan de inconstitucionales.
Tanto el presidente, los Consejos Consultivo y de seguimiento, como quien les habla tratamos de brindarle la oportunidad al sector de bancas de reivindicarse frente a la sociedad. Para que cambien la mala imagen que tienen.
Convertirse en ciudadanos cumplidores, ejemplares y legales. No puedo negar que muchos así lo entienden de manera individual, pero lamentablemente como grupo o sector, se resisten a actuar contrarios a su naturaleza.
Ahora, al acercarse la fecha límite para presentar la declaración jurada, promueven protestas frente al palacio nacional. Porque el propósito de algunos es continuar dentro del desorden en que lo encontró este gobierno. Con miles de bancas y puntos de venta ilegales, pago de sobre precios, venta de números por vía de dispositivos móviles y otros aspectos similares.
Cosa que viene arrastrándose de viejo y que precisamente este gobierno quiere regularizar. Soy consciente de todo lo que implica este sector, así como de los hilos que los unen y mueven. Políticos y empresariales.
Y a pesar de los métodos que entiendo deben aplicarse, he tratado de ser más prudente de lo que algunos pudieran entender. He propiciado encuentros entre ellos tratando de evitar situaciones de conflicto.
Porque se trata de lucha de intereses. Pero llegué a la conclusión, y ellos saben por qué lo digo, que lo que algunos desean, manejados como marionetas, es enfrentamiento y aprovechar la coyuntura, no sé con qué fines. He tratado de actuar como los médicos veteranos ante los pacientes. Ordenando análisis y diferentes estudios.
Pero al ver que la enfermedad había hecho metástasis, diagnostico qué métodos, no para complacerlos, sino para tratar de salvarlos. Porque están enfermos.
Le propuse al presidente, que él personalmente convoque a los representantes de los diferentes sectores de bancas, en conjunto, para que en un plazo prudente le presenten una solución acordada y notariada entre las partes.
Y producto de ello, que determinen si entienden prudente la utilización de otros métodos diferentes a los que he planteado. Igualmente les propongo a los banqueros que planean protestar frente al Palacio Nacional, que no se dejen manejar como marionetas con fines inconfesables y realicen dichas protestas frente a mi casa o en los lugares donde laboro. El presidente ha demostrado que quiere paz, tranquilidad y solucionen a los problemas.
Luis Abinader sabe que como presidente y como amigo siempre podrá contar conmigo. Pero ante la situación presente, y conociendo los hilos que se mueven, entiendo que lo más conveniente es procurar otras opiniones.

Panorama
La JAC aclara que aún está en proceso de evaluación la reanudación de vuelos comerciales hacia Venezuela

El presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC), Héctor Porcella, aclaró este sábado que la República Dominicana aún se encuentra en proceso de análisis para decidir sobre una eventual reanudación de los vuelos comerciales hacia la República Bolivariana de Venezuela.República Dominicana Souvenir shop
La declaración del funcionario se produce luego de que las autoridades venezolanas publicaran un comunicado oficial anunciando la supuesta reanudación de las operaciones aéreas entre ambos países, sin que haya concluido el proceso correspondiente en la República Dominicana.
“El gobierno dominicano, a través de la Junta de Aviación Civil, evaluará con responsabilidad y en estricto apego al interés nacional cualquier solicitud de restablecimiento de rutas aéreas, como es el caso de Venezuela. Hasta tanto se emita una decisión oficial, se mantienen suspendidas las operaciones aéreas entre ambos países”, precisó Porcella.
El presidente de la JAC reiteró que cualquier decisión en este ámbito será informada oportunamente por las vías institucionales correspondientes y a través de los canales oficiales del Estado dominicano.
La suspensión de los vuelos entre República Dominicana y Venezuela ha estado vigente desde 2021, en el marco de medidas adoptadas por motivos de seguridad y alineadas con recomendaciones de organismos internacionales.
Panorama
Condenan a la Policía Nacional a pagar RD$ 3.6 MM a viuda

El Tribunal Constitucional (TC) condenó a la Dirección de la Policía Nacional a pagar 3,610,000 pesos a Dulce María Lora Solís como sanción por el incumplimiento de una sentencia anterior que obligó a la institución a erogar otro monto de 2,631,383.04 pesos, lo que suma una deuda de 6,241,383.04.
El conflicto se origina en la negativa de la Policía de pagar a José Antonio Feliciano Castillo el monto de la pensión correspondiente al rango de general de brigada, al cual fue ascendido al momento de su retiro, en el año 2007.
Feliciano llevó su reclamo al Tribunal Superior Administrativo (TSA), que lo rechazó en 2019. Luego escaló al TC, pero falleció en el 2020 sin conseguir un fallo.
Detalla el Diario Libre que la Alta Corte finalmente emitió un dictamen favorable en el 2022, que obligó a la PN a pagarle como general y no como coronel, y a entregar el monto retroactivo dejado de percibir desde el 2007 hasta el 2019, lo cual sumó 2,631,383 pesos.
Adicionalmente, el TC impuso el pago de un astreinte de 5 mil pesos por cada día de incumplimiento de esa resolución.
Su viuda, Dulce María Lora Solís, heredó esos derechos y ha tratado en vano de conseguir el dinero.
El Tribunal Constitucional publicó la sentencia TC/0364/25 el 11 de junio de 2025, en la cual acogió su solicitud de liquidación del astreinte y conminó al cuerpo del orden a entregar 5 mil pesos multiplicado por 722 días, lo que totaliza 3,610,000 pesos.
Este es solo una de decenas de decisiones del TC desacatadas por la Policía, entidad que se destaca como la más reticente a cumplir las disposiciones de ese órgano.
Un balance hecho por el propio TC en marzo pasado señalaba 24 veredictos ignorados por esa entidad.
Estas violaciones no reciben ningún tipo de sanción, pues frecuentemente el TC castiga con el pago de astreinte que caen en el mismo paquete de sentencias incumplidas.
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