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Inspectoría MP pide suspensión de fiscal SFM solicitó cambiar coerción a acusado de matar a su pareja

El inspector del MP también solicitó la suspensión del procurador de la corte Antonio de Jesús Báez Tapia, de Montecristi

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La Inspectoría General del Ministerio Público solicitó al Consejo Superior del órgano persecutor la suspensión de sus funciones del fiscalizador Engels Luis Polanco Henríquez de la provincia Duarte y del procurador de corte Antonio de Jesús Báez Tapia de Montecristi por incurrir en “faltas graves” y “muy graves”.

El procurador adjunto Juan Medina de los Santos, inspector general, presentó la solicitud a la procuradora general Miriam Germán Brito y a los demás miembros del Consejo Superior del Ministerio Público.

“Engels Luis Polanco Henríquez ha ejercido sus funciones indebidamente al incumplir las obligaciones o los deberes propios de su cargo e incurrir en faltas graves y muy graves por la realización de actos que afectan gravemente la institución del Ministerio Público”, explica la instancia relacionada con el caso de una mujer asesinada de 351 cuchilladas.

La petición se hace luego de que este solicitara la variación de la medida de coerción de prisión preventiva por garantía económica para Eusebio Rosario Hernández (Eddy), acusado de matar a cuchilladas a Carmen Paulino Gabriel (Rafelina) en un hecho ocurrido en junio de 2021 en San Francisco de Macorís.

La Inspectoría General del Ministerio indica que la postura del fiscalizador se «aleja aún más de la lógica cuando se toma en cuenta que el propio Polanco Henríquez, el pasado 22 de febrero, se opuso a la variación de la referida medida de coerción de prisión preventiva que cumple Rosario Hernández (Eddy), imputado, junto a un hijo menor de edad, del crimen.

Señala que, precisamente el 22 de febrero, el fiscalizador argumentaba sobre la falta de presupuestos que presentaba la defensa de Rosario Hernández y sostenía que se mantenían las circunstancias que dieron lugar a la imposición de la prisión preventiva contra el imputado.

Sin embargo, el 18 de este mes, el mismo fiscalizador varió su criterio “ante el conocimiento de una revisión de medida de coerción oficiosa, en la que tampoco se presentaron presupuestos que garantizaran la presencia de dicho imputado a los demás actos del proceso”.

El inspector Medina de los Santos señala además, en una nota enviada por Procuraduría General, que el caso no se acogía al artículo 241 del Código Procesal Penal, sobre el cese de la prisión preventiva. Sobre ese particular, indicó que el plazo de 12 meses para la prisión preventiva no había llegado a su término, sino que se cumplía el 07 de junio, “por lo que no se justifica que sea el fiscal que solicite la variación de la medida de coerción, por el vencimiento de un plazo que todavía no había vencido, máxime en un caso con una gravedad tal como el que nos ocupa”.

Caso Montecristi
En cuanto al procurador de corte de Montecristi, Antonio de Jesús Báez Tapia, el inspector Medina de los Santos solicitó el pasado 16 de mayo la suspensión de dicho representante del Ministerio Público, por ejercer sus funciones indebidamente, “al incumplir las obligaciones o los deberes propios de su cargo e incurrir en faltas graves y muy graves por la realización de actos que afectan gravemente la institución”.

Plantea que Báez Tapia incurrió en una violación a la Ley Orgánica del Ministerio Público (número 133-11), por “no observar las prohibiciones o incompatibilidades constitucionales o legales cuando el hecho o la omisión tengan consecuencias de gravedad para los ciudadanos o el Estado”, por haber descuidado el expediente y el proceso seguido contra la exfiscalizadora Carmen Lisset Núñez Peña.

Báez Tapia retiró los cargos además contra el mayor Víctor Ignacio Encarnación Cuevas, el capitán Juan de Dios Heredia Martínez y el cabo Adán Mauricio Rodríguez Pichardo, de la Policía Nacional y adscritos a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), así como contra el cabo de la fuerza aérea Juan Antonio Arias Peguero.

La exfiscalizadora y los cuatro agentes antinarcóticos son procesados por implantar drogas en el allanamiento a una peluquería ubicada en Villa Vásquez, en agosto de 2019, un hecho que quedó registrado en un video conocido por casi toda la población.

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Fallece ciudadana estadounidense detenida en centro migratorio de Haina

Estaba detenida desde abril, pero Migración logró obtener su identidad y nacionalidad el pasado miércoles

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La Dirección General de Migración (DGM) informó el fallecimiento de una ciudadana estadounidense, quien se encontraba detenida en el Centro de Retención de Haina en proceso de deportación.

De acuerdo con la DGM, la extranjera fue detenida a finales de abril en la región este del país por miembros de la Policía Turística, quienes la remitieron a la DGM con el propósito de validar su identidad, ya que no portaba documentación personal.

«Al desconocerse su identidad y nacionalidad, la Dirección de Inteligencia Migratoria realizó las indagatorias correspondientes, contactando diversas embajadas acreditadas en la República Dominicana».

La entidad explica que fue el pasado miércoles que, a través de herramientas tecnológicas de reconocimiento facial, fue identificada la dama y se le notificó a la Embajada de los Estados Unidos en el país. Sin embargo, este lunes fue hallada sin signos vitales,

“De acuerdo con las evaluaciones iniciales hechas por el médico legista y el DICRIM, el cuerpo no presenta signos de violencia. El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se realiza la autopsia correspondiente para determinar la causa exacta del deceso”, dijo Migración.

Al Centro de Retención de Haina es donde las autoridades dominicanas llevan a todos los extranjeros detenidos para fines de deportación.

El Vacacional de Haina acoge a migrantes ilegales en proceso de repatriación.

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Ministerio Público rescata a más de 40 mujeres en operación contra redes de trata

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El Ministerio Público informó el rescate de más de 40 mujeres durante la Operación Begonias, puesta en marcha este sábado con allanamientos en la provincia Santo Domingo.

La intervención es el resultado de una extensa investigación iniciada hace varios meses, para desarticular redes transnacionales dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual.

La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) adelantaron que los fiscales presentarán cargos criminales contra ocho imputados (cuatro hombres y cuatro mujeres) colombianos y dominicanos.

La operación, en conjunto con la Fiscalía de Santo Domingo Este, cuenta con el apoyo de la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) y el Departamento de Trata de Personas de la Policía Nacional.

También participaron fiscales de la fuerza de Tarea de la Dirección General de Persecución, así como miembros del Departamento de Investigaciones de la PETT y la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público.

La investigación contra las redes contó con el apoyo de Anti Trafficking Bureau (ATB).

Un equipo de diez fiscales, más de 85 agentes de la Policía Nacional y varios técnicos de investigación y especialistas en atención a víctimas se movilizaron desde tempranas horas del sábado.

Durante la operación, los equipos de fiscales ocuparon dinero en efectivo, seis vehículos, equipos electrónicos, cuadernos de anotaciones y diferentes drogas narcóticas.

De igual forma, se incautaron los inmuebles que eran utilizados como espacios de operación de la red, incluyendo una edificación de varios niveles.

La procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la PETT, resaltó la importancia de la nueva operación contra las redes de trata de personas.

“Estás operaciones, que son antecedidas de un amplio trabajo de investigación, responden a las acciones impulsadas por la gestión de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso contra el crimen transnacional”, dijo Bejarán Álvarez.

Explicó que los imputados arrestados como parte de la Operación Begonias captaban en Colombia y movilizaban al país a las jóvenes que explotaban sexualmente.

Los imputados ofertaban trabajo a las víctimas como bartender o camareras de hoteles. Después de traerlas retenían sus documentos y las amenazaban con hacerles daño a sus familiares en Colombia, al tiempo de presionarlas por una supuesta deuda de 3,500 a 4,000 dólares que le hacían pagar si querían aceptar la promesa de que podrían liberarlas

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