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Panorama

Prensa enfrentaría demandas penales si aprueban proyecto de ley

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Los periodistas que publiquen imágenes, vídeos o  informen sobre las acciones  de los políticos, funcionarios o cualquier otra persona sin  autorización previa, enfrentarían demandas penales y civiles y las condenas  quedarían a discrecionalidad de un juez, según el proyecto de ley orgánica que regularía el derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen, que fue aprobado el pasado martes en segunda lectura por el Senado de la República.

Indica el periódico El Nacional que dicho proyecto considera a los comunicadores como «intrusos», en caso de que hagan pública la ocurrencia de un hecho sin el permiso correspondiente de los involucrados.

Los que «atenten» contra el honor y el buen hombre de funcionarios y personalidades serían perseguidos por los jueces de los juzgados de primera instancia en función a la naturaleza de su competencia y la vía elegida por el agraviado.

El artículo 1 de dicho proyecto dice que «los derechos a la intimidad, al honor, al bueno nombre y  a la propia imagen, establecidos como derechos fundamentales al tenor de la Constitución de la República, serán delimitados y protegidos frente a todo género de intromisiones ilegítimas, de acuerdo con lo establecido en esta ley orgánica».

La pieza deja a la interpretación y la discrecionalidad de un juez la aplicación de esta norma en caso de que supuestamente haya sido violada.

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La pieza, autoría de la senadora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia Baoruco, establece que es  «intromisión ilegítima» si se informara de los hechos publicando noticias, imágenes y grabaciones sin autorización previa de los afectados, por lo que podrían enfrentar  condenas penales y civiles, además de demandas civiles por daños y perjuicios, así como afrontar indemnizaciones.

El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Vidal Potentini,  considera la iniciativa como una mordaza para la libertad de expresión y un intento de la legisladora de hacer un traje a la medida para los políticos, creando las condiciones que  garanticen su impunidad e  inmunidad.

Un tercero solo podrá hacer  uso de la imagen de una persona con el consentimiento informado previo y expreso del titular del derecho, salvo que la imagen captada en un lugar o evento público y sea utilizada para la presentación de una información noticiosa, artística o estrictamente personal», dice el artículo 10 de la pieza.

El párrafo 1 de dicho artículo dice: «Si una persona fuese fotografiada o grabada en un lugar o evento público y se pretendiese usar su imagen sin consentimiento previo, con un fin distinto a la difusión de una información noticiosa ligada al lugar o evento de ocurrencia,  se considerará conculcado su derecho a la propia imagen».

El artículo 11 de dicho proyecto establece que «la protección a los derechos la intimidad, al honor, buen nombre y propia imagen puede ventilarse por la vía civil, penal o constitucional de conformidad a las normas que rigen los procedimientos de cada materia.

Los juzgados de primera instancia en función de la naturaleza de su competencia y la vía elegida por el agraviado, conocerán de tales acciones».

Privilegios
El artículo 9 del  proyecto exonera de culpa a los legisladores que podrán opinar de cuanto tema consideren  en el ejercicio de sus funciones, como lo establece la Constitución de la República.

Tampoco las apreciaciones de los jueces en el contenido de sus decisiones serían consideradas como falta en la pieza.

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Acis recula y anula acuerdo para legalizar a haitianos

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La Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (Acis), informó que no llevará a cabo el acuerdo firmado entre la entidad y el Consulado de Haití en la Ciudad Corazón sobre regularizar a trabajadores provenientes del vecino país.

La desición fue tomada a causa de que la entidad se regirá de las soluciones consensuadas por las autoridades dominicanas.

El presidente de la Acis, sostuvo que el acuerdo firmado el pasado 1 de junio junto al destituido cónsul haitiano James Jacques buscaba la regularización de la mano de obra que labora en sectores productivos de Santiago.

En una carta enviada al Consulado de Haití en Santiago, la Acis sostiene que “no existen ya las razones que dieron origen al acuerdo con este honorable Consulado General de Haití en Santiago de los Caballeros, y en ese sentido a partir de la fecha el mismo queda sin efecto y sin valor jurídico alguno”.

Expresa  que han determinado que existe la voluntad en varias autoridades del Gobierno, y “hemos logrado que ellas ponderen a futuro un mecanismo que les permita a las empresas contratar a empleados extranjeros cumpliendo cabalmente con la legislación de la República Dominicana”. 

Agrega que “a lo largo de su historia la Acis ha sido una entidad respetuosa del marco legal e institucional y lo firmado se enmarca dentro del orden del respeto a las instituciones”.

Sostiene que cuando se firmó el acuerdo el Cónsul de Haití en Santiago se encontraba en sus plenas facultades y su ejecución era de fácil implementación; sin embargo esta situación hoy no es la misma, debido a que en estos momentos el Gobierno de Haití tendrá a bien confirmar o designar nuevas autoridades.

Asimismo, señaló que el factor de tener trabajadores con documentación regularizada facilitaría el trabajo de las autoridades del control migratorio, ya que podrían repatriar a quienes no tengan su documentación legalizada.

El empresario indicó que buscaba que el consulado haitiano ayudara a lograr la documentación de sus compatriotas, que ya están insertados en sectores productivos como los del banano, cacao y otros rubros y que al viajar a su país en busca de documentos son fichados en la frontera.

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Se desvinculan de supuesta red que trafica pasaportes haitianos

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Como empresarios jóvenes que han hecho una gran inversión en República Dominicana se definieron los propietarios del negocio que el viernes fue intervenido por la Direccion General de Migración (DGM) en busca de evidencias de una supuesta red que trafica con pasaportes haitianos.

En rueda de prensa, los empresarios Kari Saintoiry y Jonathan Solano, dueños del restaurante gastronómico y cultural haitiano «L’aromate Creole», dijeron que no tienen nada que ver con la supuesta red que alegadamente operaba un tráfico de pasaportes haitianos y que fueron ocupados a una persona en el negocio al momento de la intervención de la (DGM).

Señalaron que llevan ocho años operando con todas las reglas de la ley, por lo que se sintieron desconsiderados por los agentes de la DGM a quienes acusan de no importarles que los presentes mostraran documentos incluyendo al copropietario Jonathan Solano, quien es dominico-haitiano y tenía su cédula de identidad dominicana y que «los apresaron».

Me llevaron a inmigración pero soy dominicano, tengo derecho, mi padre es dominicano, me metieron en el camión y me trataron como una basura. Mi esposa tuvo que ir a llevarme mi pasaporte llorando para que me creyeran, y me dijeron que ahora tengo que andar hasta con mi acta de nacimiento», se lamenta Solano.

Indicaron que al igual que otros extranjeros crean negocios para mantener la cultura de sus países y sobre todo para crear fuentes de empleos.

Kari Saintoiry y Jonathan Solano afirman que decidieron crear el restaurante al igual que otros dos negocios más de los cuales son propietarios.

«L’aromate Creole» está ubicado frente a la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa), donde estudian una gran cantidad de nacionales haitianos, los cuales son la mayoría de la clientela del negocio. Posee 52 empleados, cuyas familias dependen del salario que reciben en ese local.

«Nosotros representamos la comunidad haitiana y somos comerciantes, así como hay restaurantes chinos, italianos etcétera (…) Aquí, nuestros clientes son estudiantes, aquí no vienen delincuentes, ni haitianos sin documentos. Tenemos ocho años aquí y nunca habíamos tenido problemas», explicó Kari Saintoiry

Denunció que los agentes de migración «se metieron a la fuerza» en el restaurante en el que, afirma, «había hasta ciudadanos americanos y con pasaportes en manos se los llevaron».

Acusaron a unas supuestas vecinas, dueñas de otros establecimientos que están frente al restaurante haitiano, de haber hecho la denuncia a la DGM por supuesta envidia y racismo.

FUENTE: Diario Libre

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