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Wilson Camacho dice hoy no hubo allanamiento, sino proceso de incatuación a bienes de Jean Alain

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El Ministerio Público incautó este viernes, amparado en una orden judicial, tres bienes propiedad del exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, como parte de la investigación que desarrolla el Ministerio Público en contra del entramado de corrupción administrativa desmantelado con la Operación Medusa.

Así lo informó el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), al ser abordado por periodistas que preguntaron sobre informaciones “erradas” que puso a circular el imputado, a través del consejo de defensa y vía redes sociales, y en las que aseguraba que el Ministerio Público habría actuado contra una oficina de trabajo del equipo legal que lo representa.

“Lo qué sucedió en el día de hoy fue un proceso de incautación, se incautaron tres bienes en el Distrito Nacional”, indicó Camacho con respecto a las dos oficinas y un bien inmueble ocupados.

“Todos con autorización judicial, pero estas no han sido las únicas incautaciones que se han hecho en este proceso en relación a esa persona investigada, hace unas dos semanas se hicieron otras incautaciones en La Romana, cuatro incautaciones de bienes, al menos, entre ellos una villa y un solar”, añadió.

El procurador adjunto reiteró “ustedes pueden tener la seguridad de que nosotros dedicaremos el tiempo que tenemos disponible para que cada peso que ha sido distraído del erario sea recuperado y en eso estamos”.

El titular de la Pepca insistió en que este viernes se incautaron tres bienes: dos oficinas y un bien inmueble. “No se allanaron, se incautaron, eso significa que esos bienes irán al proceso para que un juez decida sobre el decomiso de esos bienes, que a juicio del Ministerio Público han sido adquiridos con dinero sustraído de los fondos públicos”.

“Y repito, cada peso que haya sido sustraído del erario será recuperado por este Ministerio Público”, añadió.

Respecto a los cuestionamientos difundidos por redes sociales y a través de grupos de WhatsApp por los abogados de Rodríguez Sánchez, el procurador adjunto sostuvo que solo buscan crear “confusión y manipulación”.

“Porque no se ha hecho un allanamiento, lo que se ha hecho es una incautación, incautación que se ha ejecutado con la debida autorización judicial que el Ministerio Público solicitó a las autoridades judiciales”, sostuvo.

Camacho resaltó que, con la Operación Medusa, los fiscales investigadores han planteado que se trata de un proceso en el que “hemos identificado un esquema de corrupción sin precedentes en República Dominicana, algo simple y llanamente escandaloso”.

Añadió que el dinero sustraído del erario ha sido utilizado para adquirir bienes particulares, razón por la que el Ministerio Público “va a utilizar, y está utilizando, cada segundo disponible para recuperar esos bienes” que pertenecen a todos los dominicanos.

Entre los últimos bienes ocupados como parte de la Operación Medusa figuran, en La Romana, una villa turística en Bahía Chavón, con una extensión de 2,192.45 metros cuadrados, y un solar de 3,366 metros cuadrados en Vista Lagos, además de un depósito y un puesto de amarre en La Marina de Casa de Campo.

En el Distrito Nacional se ocupó un piso de oficinas en la Torre Solazar, ubicada en la avenida Gustavo Mejía Ricart, número 54, con un área de 652 metros cuadrados y varios parqueos. El inmueble fue adquirido por la sociedad comercial Jurinvest Abogados, propiedad de Rodríguez Sánchez, el 12 de octubre de 2020 a un costo de US$800,000.

Además, en la misma avenida se le ocupó un local de 175.31 metros cuadrados, en el Edificio Galerías Residenciales, Ensanche Julieta Morales, y un apartamento de 235 metros cuadrados, ubicado en el Condominio Torre Gabriela XIX.

El martes de esta semana la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó una solicitud de puesta en libertad interpuesta por el exprocurador Rodríguez Sánchez.

Los jueces Isis Muñiz Almonte, Luis Omar Jiménez Rosa y Rosalba Gariz, tomaron la decisión atendiendo a que el Ministerio Público depositó al tribunal la evidencia de las actuaciones de miembros del Consejo de Defensa del imputado enfocadas en intimidar y amedrentar a testigos.

El expediente del Caso Medusa establece que el exprocurador Rodríguez Sánchez y los demás imputados integraban una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República en el período 2016-2020 y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.

Rodríguez Sánchez, Forteza Ibarra y el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y el ex subdirector Alfredo Alexander Solano Augusto cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

La ingeniera Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que la ex subdirectora Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.

El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.

Igualmente, involucra a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez, quien fue arrestado en España el pasado año y se solicitó su entrega a República Dominicana.

El órgano persecutor de la corrupción administrativa les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, entre otras normas.

Vía N Digital

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Según documento James Jacques no es cónsul de Haití en Santiago desde el 6 de junio

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Tras el incidente registrado la noche de este viernes donde unidades de la Dirección General de Migración (DGM), realizaron un operativo en un establecimiento comercial donde se encontraba James Jacques, «cónsul de Haití» en Santiago de los Caballeros, un documento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Haití señala que el diplomático ya no posee ese cargo.

El documento fue enviado a la Embajada de la República Dominicana en Haití y tiene fecha de haber sido emitido en pasado 6 de junio de 2022, en Puerto Principe y señala que el “ex cónsul” Jacque “no tiene el título ni la capacidad para suscribir un convenio con las entidades administrativas dominicanas”.

La mañana de este sábado trascendió que las unidades de la DGM habían apresado al ex cónsul, pero luego el director general de Migración, Enrique García, informó a medios como Diario Libre que “en ningún momento” James Jacques fue detenido por agentes de esa institución durante un operativo realizado anoche en un establecimiento de esa localidad.

A través del comunicado DG/0120-22, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Haití le comunicó a la Embajada de la República Dominicana en Haití, que James Jacques era el ex cónsul y que solo espera la llegada de la persona que los sustituiría.

Aquí el comunicado integro:
“El Ministerio de Relaciones Exteriores saluda atentamente a la Embajada de la República Dominicana en Haití y tiene el honor de llamar su atención sobre el hecho de que el ex cónsul James Jacques del Consulado de Haití en Santiago, no tiene el título ni la capacidad para suscribir un convenio con las entidades administrativas dominicanas.

El Sr. Jacques ha sido llamado y está esperando la llegada de su sucesor para regresar a casa.

El Ministerio de Relaciones Exteriores aprovecha esta oportunidad para renovar a la Embajada de la República Dominicana en Haití el testimonio de su alta consideración.

Puerto Principe, 6 de junio de 2022

Ministerio de Asuntos Extranjeros de la República de Haití

Embajada de la República Dominicana en Haití.

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Migración niega haber apresado o maltratado a cónsul haitiano en Santiago

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La Dirección General de Migración negó este sábado que agentes de su institución hayan apresado, maltratado o desconsiderado al cónsul de Haití en la provincia de Santiago, James Jacques.

A través de un comunicado, la entidad dijo que lo sucedido con el diplomático fue que miembros Migración, de la Policía Nacional y de la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA), desmantelaron durante un operativo en la noche del viernes una banda que traficaba con pasaportes haitianos y visas desde un centro de diversión en la provincia de Santiago.

Migración señaló que en el operativo fueron detenidos 21 nacionales haitianos indocumentados.

Igualmente fueron confiscados unos 15 pasaporte haitianos, así como las sumas en efectivo de 56,500.00 pesos dominicanos, 890 dólares y 4,100 gourdes haitianos.

Asimismo, la entidad comunicó que “se actuó en respuesta a decenas de quejas de vecinos y ciudadanos que denunciaban ruidos y escándalos que se producían a altas horas de la noche en el bar restaurante y discoteca, llamado Laromate Creole”.

La institución indicó que durante el operativo se presentó el cónsul general de Haití en Santiago, James Jacques, exigiendo que se le entregara al señor Jolivain Nelson, a quien se le habían ocupado los 15 pasaportes y el dinero en el operativo.

Las autoridades añadieron al informe que al no tener éxito en sus intenciones, el cónsul pidió al personal de Migración acompañarlos, a los fines de gestionar los documentos de algunos de los detenidos, alegando que los mismos estaban “resguardados en sus viviendas”.

Luego se trasladó junto al grupo hacia el Centro de Acogida de Migración Santiago, “donde estuvo por unas dos horas mientras diligenciaba los documentos a los haitianos que estaban indocumentados”.

Según la institución, el diplomático haitiano nunca fue apresado ni maltratado por el personal de la Dirección General de Migración, puesto que no se encontraba en el lugar, sino que llegó a intervenir por los que habían sido detenidos.

Esta aclaratoria fue realizada por la entidad al desmentir las declaraciones realizadas por el cónsul haitiano en Santiago, quien este sábado realizó una rueda de prensa denunciando que fue sometido a “un abuso y a una desconsideración por parte de las autoridades dominicanas”.

En tal sentido, el organismo resaltó que el operativo fue hecho dentro del marco de la ley de Migración, y respetando los Derechos Humanos.

Migración reiteró en su comunicación que “no dará marcha atrás en el cumplimiento del deber de salvaguardar la soberanía nacional y velar que los extranjeros se manejen dentro de un marco de respeto a la ley y expulsar del territorio nacional todo aquel que se encuentre en estado de ilegalidad”.

Vía Listín Diario

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