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Wilson Camacho dice hoy no hubo allanamiento, sino proceso de incatuación a bienes de Jean Alain

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El Ministerio Público incautó este viernes, amparado en una orden judicial, tres bienes propiedad del exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, como parte de la investigación que desarrolla el Ministerio Público en contra del entramado de corrupción administrativa desmantelado con la Operación Medusa.

Así lo informó el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), al ser abordado por periodistas que preguntaron sobre informaciones “erradas” que puso a circular el imputado, a través del consejo de defensa y vía redes sociales, y en las que aseguraba que el Ministerio Público habría actuado contra una oficina de trabajo del equipo legal que lo representa.

“Lo qué sucedió en el día de hoy fue un proceso de incautación, se incautaron tres bienes en el Distrito Nacional”, indicó Camacho con respecto a las dos oficinas y un bien inmueble ocupados.

“Todos con autorización judicial, pero estas no han sido las únicas incautaciones que se han hecho en este proceso en relación a esa persona investigada, hace unas dos semanas se hicieron otras incautaciones en La Romana, cuatro incautaciones de bienes, al menos, entre ellos una villa y un solar”, añadió.

El procurador adjunto reiteró “ustedes pueden tener la seguridad de que nosotros dedicaremos el tiempo que tenemos disponible para que cada peso que ha sido distraído del erario sea recuperado y en eso estamos”.

El titular de la Pepca insistió en que este viernes se incautaron tres bienes: dos oficinas y un bien inmueble. “No se allanaron, se incautaron, eso significa que esos bienes irán al proceso para que un juez decida sobre el decomiso de esos bienes, que a juicio del Ministerio Público han sido adquiridos con dinero sustraído de los fondos públicos”.

“Y repito, cada peso que haya sido sustraído del erario será recuperado por este Ministerio Público”, añadió.

Respecto a los cuestionamientos difundidos por redes sociales y a través de grupos de WhatsApp por los abogados de Rodríguez Sánchez, el procurador adjunto sostuvo que solo buscan crear “confusión y manipulación”.

“Porque no se ha hecho un allanamiento, lo que se ha hecho es una incautación, incautación que se ha ejecutado con la debida autorización judicial que el Ministerio Público solicitó a las autoridades judiciales”, sostuvo.

Camacho resaltó que, con la Operación Medusa, los fiscales investigadores han planteado que se trata de un proceso en el que “hemos identificado un esquema de corrupción sin precedentes en República Dominicana, algo simple y llanamente escandaloso”.

Añadió que el dinero sustraído del erario ha sido utilizado para adquirir bienes particulares, razón por la que el Ministerio Público “va a utilizar, y está utilizando, cada segundo disponible para recuperar esos bienes” que pertenecen a todos los dominicanos.

Entre los últimos bienes ocupados como parte de la Operación Medusa figuran, en La Romana, una villa turística en Bahía Chavón, con una extensión de 2,192.45 metros cuadrados, y un solar de 3,366 metros cuadrados en Vista Lagos, además de un depósito y un puesto de amarre en La Marina de Casa de Campo.

En el Distrito Nacional se ocupó un piso de oficinas en la Torre Solazar, ubicada en la avenida Gustavo Mejía Ricart, número 54, con un área de 652 metros cuadrados y varios parqueos. El inmueble fue adquirido por la sociedad comercial Jurinvest Abogados, propiedad de Rodríguez Sánchez, el 12 de octubre de 2020 a un costo de US$800,000.

Además, en la misma avenida se le ocupó un local de 175.31 metros cuadrados, en el Edificio Galerías Residenciales, Ensanche Julieta Morales, y un apartamento de 235 metros cuadrados, ubicado en el Condominio Torre Gabriela XIX.

El martes de esta semana la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó una solicitud de puesta en libertad interpuesta por el exprocurador Rodríguez Sánchez.

Los jueces Isis Muñiz Almonte, Luis Omar Jiménez Rosa y Rosalba Gariz, tomaron la decisión atendiendo a que el Ministerio Público depositó al tribunal la evidencia de las actuaciones de miembros del Consejo de Defensa del imputado enfocadas en intimidar y amedrentar a testigos.

El expediente del Caso Medusa establece que el exprocurador Rodríguez Sánchez y los demás imputados integraban una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República en el período 2016-2020 y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.

Rodríguez Sánchez, Forteza Ibarra y el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y el ex subdirector Alfredo Alexander Solano Augusto cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

La ingeniera Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que la ex subdirectora Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.

El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.

Igualmente, involucra a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez, quien fue arrestado en España el pasado año y se solicitó su entrega a República Dominicana.

El órgano persecutor de la corrupción administrativa les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, entre otras normas.

Vía N Digital

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¿Cómo afectaría a República Dominicana el conflicto en Irán?

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República Dominicana se encuentra a miles de kilómetros de distancia del Medio Oriente, sin embargo, con una guerra entre Irán e Israel, el país sufriría una alza de combustible, aumento en los precios de la comida y la luz, menos turistas, posibles problemas con las remesas y el comercio entre otras dificultades.

El conflicto entre Irán e Israel se viene arrastrando desde hace décadas, pero recientemente , cuando Israel lanzó un ataque sorpresa contra infraestructura militar y nuclear iraní, se han desatado especulaciones de guerra.

Este ataque destruyó varias bases aéreas y dañó instalaciones nucleares clave.

En respuesta, Irán lanzó misiles balísticos contra ciudades israelíes y amenazó con atacar bases militares de Estados Unidos, Reino Unido y Francia.

Una potencial guerra a gran escala en esta región estratégica podría generar un efecto dominó que resonaría con fuerza en la economía y la vida cotidiana de los dominicanos, principalmente a través del petróleo y el turismo, reseña el sitio de Noticias SIN.

El Impacto Económico: Un Efecto Dominó Inevitable
Irán es un jugador importante en el mercado global de petróleo. Una guerra en la región del Golfo Pérsico, especialmente si se ve afectado el Estrecho de Ormuz, provocaría un disparo en los precios del petróleo a nivel mundial.

La República Dominicana importa el 100 % del petróleo que consume, por lo que cualquier alteración en los precios internacionales afecta de forma inmediata la economía local.

Un conflicto entre Irán e Israel podría generar: Aumento de precios del combustible como gasolina, gasoil y GLP, mayor costo de la electricidad debido a la dependencia de generación térmica. Encarecería el transporte público y provocaría un alza general en productos básicos.

Además, el aumento de los precios del combustible impactaría directamente el costo de los boletos aéreos, haciendo que los viajes internacionales sean menos accesibles y atractivos.

Henri Hebrard, economista, advierte que “una subida de más de 10 dólares en el barril de petróleo podría desestabilizar el presupuesto nacional y forzar nuevos subsidios”.

Una factura petrolera más abultada aumentaría la demanda de dólares para las importaciones, generando una depreciación del peso dominicano frente a la divisa estadounidense.

Esto, a su vez, encarecería aún más las importaciones.

Más allá del petróleo, un conflicto global generaría inestabilidad en las cadenas de suministro marítimas.

Podría haber disrupciones en el transporte marítimo y aéreo, lo que afectaría la importación de productos en República Dominicana.

Desde alimentos hasta tecnología, la disponibilidad de ciertos bienes podría verse afectada, aumentando los costos para los consumidores.

Impacto sobre el turismo y el comercio
Aunque el turismo dominicano no depende de visitantes del Medio Oriente, un conflicto global reduciría el flujo turístico, ya que provocaría costos operativos más altos para hoteles, aerolíneas y agencias de viaje, además de retrasos en importaciones. Siendo que el transporte marítimo se ve afectado por el conflicto en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Asi mismo, República Dominicana pende en gran medida del turismo y las remesas enviadas por su diáspora en Estados Unidos. Si la guerra afecta la economía estadounidense o genera una crisis financiera, los ingresos por turismo y remesas podrían reducirse, impactando el crecimiento económico del país.

También se vería un aumento del desempleo indirecto, causado por la baja en inversión y turismo, que pone en peligro la estabilidad social y económica de la vida de cada domininicano.

El turismo es el motor económico de la República Dominicana, y representa una parte significativa del Producto Interno Bruto (PIB), así que este sector es inherentemente sensible a la percepción de seguridad y a la economía global.

¿Qué dicen los profesionales?
Economistas dominicanos como Eduardo Klinger, Antonio Ciriaco Cruz, y Haivanjoe Cortiñas han expresado consistentemente su preocupación por la vulnerabilidad de la economía dominicana a los choques externos, especialmente los relacionados con el petróleo.

Subrayan la necesidad de fortalecer la resiliencia económica y diversificar la matriz energética del país para enfrentar escenarios adversos como el que podría generar una guerra en el Medio Oriente.

¿Qué puede hacer el país ante esta amenza?
En la parte política fiscal y monetaria, sería beneficioso implementar medidas para contener la inflación, como la revisión de tasas de interés por parte del Banco Central. Evaluar la implementación de subsidios focalizados para bienes esenciales o combustibles.

Fortalecer la producción local, como incentivar la producción nacional de alimentos y bienes de consumo para reducir la dependencia de las importaciones y asegurar la estabilidad de los precios internos.

Y mantener una postura activa en foros internacionales, abogando por la paz y la estabilidad global.

Lo que parece un conflicto lejano, como una guerra entre Irán e Israel sería un evento global, con efectos directos e indirectos sobre la vida cotidiana de los dominicanos.

El país debe estar preparado no solo para reaccionar, sino para anticiparse.

En un mundo interconectado, la prevención es tan importante como la reacción.

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A menos de un mes de la tragedia del Jet Set la familia Espaillat firmó el primer acuerdo económico con víctimas

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Mediante un comunicado, los abogados de la familia Espaillat informaron el jueves que se han firmado 40 «acuerdos de compensación económica y apoyo humano» con las personas heridas y los familiares de las víctimas mortales del colapso del techo en la discoteca Jet Set.

En dicho documento se detallan los nombres de las víctimas y de los allegados de los fallecidos que, hasta la fecha de la publicación, han suscrito acuerdos con la empresa Inversiones E y L, S. R. L., propietaria del Jet Set. Sin embargo, no se especificó el monto acordado con ninguna de las partes.

2 de mayo: primeros acuerdos
El primero en concretar un acuerdo fue Simeón Mueses. La firma tuvo lugar el 2 de mayo, 25 días después del colapso, reseña el periódico Listín Diario.

Mueses fue el primer afectado en firmar acuerdo con el fin de “cubrir y solventar gastos médicos, personales y cualquier daño o perjuicio sufrido como consecuencia del colapso de la infraestructura”, según establece el documento suministrado por los abogados de los Espaillat.

Ese mismo día, también suscribieron acuerdos tres personas más que resultaron heridas: Epifania López Sánchez, Aura Rosario Soriano y Winelys Medina Marte.

28 de mayo: Acuerdos con orquesta
Posteriormente, el 28 de mayo (27 días después de esas primeras firmas) se procedió con los acuerdos de compensación de los músicos que integraban la orquesta del merenguero Rubby Pérez, quien falleció en la tragedia.

En total, 15 músicos firmaron: Aníbal Arodi Albuerme Rosa, Deivis Alberti Antigua Paulino, Esdras Hernández Segura, Jean Carlos Ubiera Payano, Jordy Ramírez Matos, Juan Luis Gómez Espinal, Junior Radhaméz Sánchez Pérez, Manuel de Jesús Tatis, Martín José Encarnación Pineda, Misael Abreu Cruz, Máximo Leonardo Núñez Díaz, Raúl Andrés Castro Valerio, Teosaris Miguel Báez Polanco, Teófilo Blas Dimil Reyes Céspedes y Félix Fernando Soto Rodríguez.

Ese mismo día también firmó Zulinka Yadhira Pérez Lizardo, hija del artista Rubby Pérez, quien confirmó haber recibido de parte de la empresa Inversiones E & L, S. R. L. una ayuda económica orientada a «cubrir gastos médicos, personales y cualquier otro tipo de daño derivado del incidente».

El 30 de mayo se sumaron las firmas de todos los familiares directos de César Mariñez Mariñez, quien perdió la vida en el colapso. Entre ellos figuran su madre, Francisca Mariñez Rosario; su padre, Elpidio Mariñez Ramírez; sus hijos, Jhonelyn Manuel Mariñez Mojica y Jianny Cesarina Mariñez Mojica; así como su pareja, Juana Francisca Mojica.

César Mariñez Mariñez, víctima mortal del Jet Setfuente externa

Ese mismo día también firmó un acuerdo de compensación Yira Hernández Martínez, otra de las sobrevivientes del derrumbe.

El 4 de junio se registró una única firma, correspondiente a Ángel Alberto Franco Fuentes, otro de los sobrevivientes del colapso.

Junio
Dos días más tarde, el 6 de junio, se formalizaron ocho nuevas firmas de sobrevivientes. Entre ellos: Miguel Antonio Brito Valentín, Kirssy Guillermina Pérez Cruz de Álvarez, Ramón de Jesús Álvarez Guerrero, Johanna Franceli Pérez Hernández, Luis Alberto Saavedra Alvarado, Luis Javier Saavedra Martín, Yanitza Carolina Marín de Saavedra y Fredzaid del Carmen Tovar Santana.

Acuerdos con familiares de fallecidos
El 12 de junio, Ronny Darinel Taveras Minaya, hijo de Daniel Taveras Polanco, uno de los empleados fallecidos en el colapso del Jet Set, integró su firma.

Ese mismo día también se sumó al acuerdo Kelvin Sterling Peralta Delgado, actuando en representación de sus cuatro hermanos, todos hijos de Francis Lilibeth Delgado López, otra de las víctimas fatales del accidente.

Además, se unió la familia completa de Johnny Humberto García Abreu, fallecido en el suceso. Firmaron sus hijas, Jhoana García Reyes y Rosa Irania García Reyes; su esposa, Neury Elizabeth Lora Morel; y Neufris Yovannis Pérez Volquez, quien figura como representante legal de la familia y de la hija menor del fallecido.

El 12 de junio constituye la última fecha de firmas incluidas en el documento presentado por los abogados de los hermanos Espaillat, a quienes se les impuso como medida de coerción una compensación económica o fianza de 50 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica.

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