Al presentar ayer sus conclusiones en el juicio por el asesinato del abogado Yuniol Ramírez Ferreras y los actos de corrupción registrados en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) durante la gestión de Manuel Rivas, el Ministerio Público solicitó que los procesados sean condenados a penas de 30, 20 y 5 años de prisión.

La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que el Ministerio Público presentó sus conclusiones en el día de hoy, al cabo de un proceso a través del cual ha demostrado ante el tribunal la responsabilidad penal de todos los imputados.

“En ese sentido, solicitamos las condenas siguientes: para el imputado Manuel Rivas, 20 años de reclusión; Faustino Rosario, 20 años; Argenis Contreras, 30 años; Víctor Ravelo Campos, 20 años; José Antonio Mercado Blanco, 20 años; Jorge Luis Abreu, cinco años; Heidy Carolina Peña, cinco años, y Lilian Francisca Suárez Jáquez, cinco años”, dijo a periodistas que la abordaron luego de concluida la audiencia.

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El Ministerio Público también pidió que le sean impuestas multas y el decomiso de los bienes obtenidos fruto del delito.

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conoce el expediente contra Argenis Contreras, señalado como el principal autor material del secuestro y asesinato del abogado y catedrático universitario Ramírez Ferreras, así como de José Mercado (El Grande), Víctor Ravelo Campos (El Herrero), Jorge Abreu, Heidy Peña y Lilian Francisca Suárez Jáquez.

También, contra el exdirector de la OMSA, Manuel Rivas, y el exgerente financiero de esa institución, Faustino Rosario Díaz, quienes enfrentan cargos por corrupción administrativa en esa institución.

Las juezas Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo aplazaron la audiencia para continuar este sábado 3 de septiembre, a partir de las 10:00 de la mañana.

El Ministerio Público inició el miércoles 11 de mayo la lectura de la acusación que contiene los cargos y las pruebas del caso, concluyendo en el proceso con la presentación de más de 60 pruebas que demostraron la vinculación de los acusados con el crimen y los actos de corrupción en la OMSA.

El crimen, ocurrido en octubre de 2017, está vinculado con los actos de corrupción administrativa ocurridos en la entidad gubernamental de transporte que era dirigida por Rivas desde agosto de 2012.

Ramírez Ferreras, quien presidía la Convergencia Nacional de Abogados (CONA), fue hallado muerto con un block de concreto atado a su cuello mediante una cadena, en un arroyo de Hato Nuevo, en Santo Domingo Oeste.

Luego del hecho, Argenis Contreras huyó hacia Estados Unidos, en donde fue capturado y tres años después entregado al país tras los esfuerzos de la actual gestión del Ministerio Público.