El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a Elizabeth Silverio Silien, conocida como la “neurocientífica”, quien está acusada de ursurpar funciones en el área de la salud en el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, donde se atendían niños con Trastornos del Espectro Autista (TEA).

La jueza Fátima Veloz dispuso que la privación de libertad preventiva sea cumplida en la cárcel Najayo Mujeres, de San Cristóbal.

Tanto la defensa legal de los padres de los niños atendidos en el centro y del Ministerio de Salud Pública, que se querellaron, como víctimas, estuvieron satisfechos con la resolución.

Mientras, que la defensa legal de Silverio Silien anunciaron que recurriràn el fallo.

La jueza declaró el caso complejo.

El abogado de las víctimas, Felix Porte, dijo que la jueza acogió su petición de prisión preventiva porque valoró documentaciones que aportaron de que la acusada hizo diagnósticos médicos sin ser médico.

El abogado Mario Radhamés Matías Parris, encargado de litigios de Salud Pública, dijo que la magistrada pudo constatar que hay peligro de fuga, que se trata de un caso grave, y que afecta la salud de niños.

José Ignacio Encarnación, padre de un menor inscrito en el centro, valoró la medida de coerción como la correcta y consideró que «empezamos con buen pie».

SOLICITUD DE MEDIDA DE COERCIÓN
El Ministerio Público depositó la solicitud de medida de corrección el viernes, ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

La Fiscalía del Distrito Nacional había solicitado prisión domiciliaria, presentación periódica e impedimento de salida del país contra Silverio Silien.

La solicitud de medida de coerción fue presentada por Magalys Sánchez Guzmán y Laura Vargas Toledo, ministerios públicos ante el Departamento de Investigación y Litigación Estratégica.

Fue arrestada el pasado miércoles luego de que se ejecutara en su contra una orden judicial, emitida por la jueza Kenya Romero, coordinadora de la Oficina de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.

En la audiencia, el Ministerio de Salud Pública estuvo representada por los abogados Pablo Miguel José Viloria y Mario Radhamés Matías Parris.

Como víctimas está el Estado dominicano, a través de Salud Pública, así como Corflor Luna Rodríguez, Samanta Moquete Duval, José Ignacio Encarnación, Yokasta Cuevas, Yeimi Durán, Germanie Russel, Misee Abreu, Brenda Mejía, Pamela Sánchez, Basília Ortíz, y Flor Alcántara.

Silverio estuvo representada por los abogados Rafael Helena Regalado, Manuel Minaya y Ramón Bonifacio.

FUENTE: Listin Diario