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Hombre golpeó Digesett denuncia trato vejatorio de la PN tras arresto
El ciudadano que agredió al agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) en la avenida Abraham Lincoln, denunció que tras su arresto supuestamente recibió un trato vejatorio por parte de la Policía Nacional.
Ante el apresamiento por el incidente ocurrido el pasado miércoles a las 11:00 de la mañana, el señor Julio César Llorente López envió a través de sus abogados un escrito formal de hábeas corpus, donde piden al poder judicial ordenar su libertad.
Reseña Diario Libre que de acuerdo con el documento elaborado por los abogados María Álvarez De Maio y Marcos Rivera Torres, quienes llevan el caso, el arresto de Llorente López se realizó de manera ilegal, y «haber incurrido la autoridad en agresiones consideradas tratos vejatorios en contra del mismo con posterioridad al referido arresto ilegal».
El escrito también agrega que el señor Llorente López fue agredido por miembros de la Policía Nacional luego de ser arrestado en el destacamento de Villas Agrícolas, acción que supuestamente fue certificada por la médica legista Evelin Mendoza.
El ciudadano fue detenido por agentes de la Policía Nacional el jueves mientras se encontraba llegando a su residencia en la calle Del Carmen, del Ensanche Naco, Distrito Nacional.
Según sus abogados, fue apresado sin una orden judicial.
El incidente ocurrió el miércoles y quedó captado en un video donde se observa al ciudadano agredir al agente de la Digesett, la cual reacciona alejándose de su agresor.
Una agente trató de contrarrestar la acción hacia su compañero.
El ciudadano, que tiene acento cubano, justificó su accionar diciendo que le estaban fotografiando sus documentos de identidad.
El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, informó que solicitarán la cancelación definitiva de la licencia de conducir al ciudadano.
¿Qué es el hábeas corpus?
Es un procedimiento jurídico mediante el cual cualquier ciudadano puede comparecer inmediatamente ante el juez para que este determine sobre la legalidad del arresto.
Código Procesal Penal
Artículo 71.- Acción de hábeas corpus. Toda persona privada de su libertad o amenazada de serlo, de manera ilegal, arbitraria o irrazonable, tiene derecho a una acción de hábens corpus ante un juez o tribunal competente, por sí misma o por quien actúa en su nombre, de conformidad con la ley , para que conozca y decida, de forma sencilla, efectiva, rápida y sumaria, la legalidad de la privación o amenaza de su libertad
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Hijo de Selinee Méndez sobrevive a grave accidente en Punta Cana
La presentadora de televisión y diputada por la circunscripción No. 1 del Distrito Nacional Selinée Méndez compartió en sus redes sociales que su hijo, Adolfo Ariel, sobrevivió a un grave accidente automovilístico ocurrido el pasado fin de semana en Punta Cana que involucró a otros jóvenes.
«Hoy elevo mi gratitud a Dios Padre por haber protegido la vida de mi hijo Adolfo Ariel y permitirnos regresar a casa con él… Su misericordia nos sostiene y su bondad nos concede la bendición de abrazarnos nuevamente como familia», escribió la también exreina de belleza.
Méndez también expresó su gratitud hacia las personas que auxiliaron a su hijo y a sus amigos en el lugar del accidente, así como a los centros médicos y doctores que le brindaron atención.
Méndez expresó además sus condolencias a la familia de Claudio José, quien lamentablemente perdió la vida en el accidente.
«Con el corazón enlutado, expreso mis condolencias más sinceras… Les acompaño en su dolor, deseándoles consuelo y fortaleza ante tan irreparable pérdida», manifestó.
Méndez concluyó su mensaje afirmando que valora más que nunca la vida y la importancia de la familia.
La publicación acumula decenas de comentarios de amigos y colegas de Méndez, quienes le han expresado palabras de aliento.
Más
Selinée Méndez es madre de dos niñas, Maia y Valeria, fruto de su matrimonio de 11 años con el productor de espectáculos René Brea, y del joven Ariel Adolfo, de una relación anterior.
Con información de Diario Libre
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Condenan a la Procuraduría al pago de RD$10.9 millones a Affe Gutiérrez, acusado falsamente de homicidio
La Procuraduría General de la República (PGR) fue condenada al pago de RD$10,912,792.00 a favor del exagente policial Affe Gutiérrez Gil, esposo de la comunidad Sarah Pepén, quien permaneció más de dos años en prisión preventiva pese a no existir pruebas en su contra.
La decisión, ratificada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), confirma que el Estado dominicano a través de la PGR actuó con arbitrariedad y violó los derechos fundamentales del ciudadano.
Según una nota informativa, la sentencia de la Tercera Sala de la Suprema, con ponencia del magistrado Rafael Vásquez Goico, rechazó el recurso de casación interpuesto por la Procuraduría y mantuvo íntegramente la resolución de la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que ordenó la compensación por daños morales, físicos y profesionales.
Una indemnización sin precedentes en el país
La defensa de Gutiérrez, compuesta por los abogados Carlos Moreno, Manuela Ramírez y Zaida Carrasco, calificó el fallo como “un precedente histórico” en materia de responsabilidad patrimonial del Estado.
“Es la indemnización más alta registrada en República Dominicana por prisión preventiva injusta. Representa un hito en la lucha por el respeto al debido proceso y a la dignidad humana”, afirmaron.
El propio Gutiérrez valoró el fallo como una reparación moral más que económica:
“Esta sentencia no devuelve los años perdidos ni el dolor vivido, pero demuestra que la verdad resiste el tiempo. Aún espero una disculpa pública por parte de las autoridades que me destruyeron la vida.”
Persecución, abuso y una década de sufrimiento
El caso se originó en 2008, poco después del matrimonio de Gutiérrez con la periodista Sarah Pepén.
Según los registros judiciales, fue expulsado de la Policía Nacional y sometido a la justicia bajo acusaciones infundadas de homicidio.
Un año después, fue enviado a prisión preventiva, donde permaneció por más de dos años pese a la falta de evidencias.
Posteriormente, un testigo confesó haber recibido dinero para incriminarlo falsamente, destapando un entramado de corrupción y retaliación institucional.
Durante ese tiempo, Gutiérrez fue condenado dos veces a 30 años de cárcel, sentencias que más tarde fueron anuladas por la Corte de Apelación, la cual determinó que se trató de procesos viciados.
En mayo de 2017, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional lo descargó definitivamente.
El Estado obligado a reparar el daño
Tras su absolución, en 2020, Gutiérrez interpuso una demanda contra la PGR ante el TSA, reclamando RD$100 millones por los daños sufridos.
El tribunal determinó que el Estado actuó con “arbitrariedad, abuso de poder y desprecio por las garantías constitucionales”, y ordenó el pago de RD$10.9 millones como compensación.
Los peritajes médicos y psicológicos incluidos en el expediente confirmaron que Gutiérrez sufre estrés postraumático, ansiedad severa y secuelas físicas permanentes, producto del trato degradante recibido durante su reclusión.
Suprema Corte confirma y sienta precedente
La Suprema Corte de Justicia ratificó que el recurso de la PGR carecía de fundamento legal, y subrayó que el uso indebido de la prisión preventiva constituye una violación directa a la dignidad humana y al Estado de derecho.
El fallo, emitido el 29 de agosto de 2025, reafirma que las instituciones del Estado deben responder por los daños ocasionados por sus funcionarios, y consolida la doctrina de que la libertad personal no puede sacrificarse por el abuso del poder.
Para Gutiérrez, el veredicto es más que una compensación: es una reivindicación moral tras más de una década de lucha judicial.
“Sobreviví a intentos de asesinato, a la humillación y al abandono. Pero nunca perdí la fe en la justicia, y hoy el país tiene una prueba de que sí puede haber reparación”, declaró.
Vía El Nuevo Diario
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