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Detienen propietarios de Vidal Plast por explosión en San Cristóbal

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Foto del Listín Diario

En la madrugada de ayer miércoles, las autoridades de la provincia San Cristóbal detuvieron a Maribel Sandoval y Edward Vidal, esposos y propietarios de la empresa de reciclaje de plásticos Vidal Plast.

También se apresó a Carolina Vidal, hija de ambos. Esta acción se llevó a cabo mediante un allanamiento en su residencia como parte de la investigación sobre la explosión del pasado lunes 14 de agosto, que provocó la muerte de 34 personas y más de 50 heridos.

Reseña Diario Libre que los tres detenidos se encuentran bajo custodia en las instalaciones de la Dirección Regional de la Policía Nacional de San Cristóbal.

El operativo de allanamiento fue llevado a cabo por agentes policiales y estuvo supervisado por el fiscal José Guerrero.

Reporte preliminar
Según el informe preliminar sobre las investigaciones en torno al caso, en la empresa se producía una emanación de gases de combustibles en un lugar sin ventilación, lo que provocó la explosión.

De acuerdo con el informe del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, los monitores de atmósfera utilizados tras el evento no detectaron la presencia de gases inflamables como el metano y el etileno, ya que, según afirman, estos fueron consumidos por el fuego y no hay su rastro.

«En el área donde la empresa almacenaba y realizaba reciclaje de plásticos se encontraron elementos que apuntan a la emanación de gases de combustibles que se pueden generar por el calentamiento de dichos materiales, los cuales, al estar encerrados y no poder ventilarse, crean una significativa acumulación en el tiempo y pueden provocar un incendio o una explosión como la sucedida», registra el informe que no menciona por su nombre a la empresa.

No había caldera
Mientras que el hermano de Edward, Cristian Vidal, pide a las autoridades que no lo tomen de «chivo expiatorio» para buscar un culpable en el caso.

Cristian Vidal, afirmó que en la recicladora de su hermano no había ninguna caldera, como menciona el informe preliminar de los bomberos, alegando que la familia lleva más de 40 años trabajando con la recicladora, ayudando al medio ambiente y que demuelen el plástico con un molino, no con caldera.

Visiblemente consternado, aseguró que su hermano está sufriendo y que es inocente de los cargos que le imputan las autoridades.

Allanamiento
El abogado de los propietarios de la empresa Vidal Plast entiende que era innecesario el allanamiento a sus defendidos, que tuvo lugar en la madrugada.

Norberto Rondón calificó de «montaje» y de «circo» las acciones tomadas por las autoridades del Ministerio Público y de la Policía. Además, responsabilizó a la alcaldía de San Cristóbal de lo ocurrido, señalando que estaba a cargo del lugar cuando ocurrió la explosión.

Alcalde apoya el informe
El alcalde de San Cristóbal, José Montás, defendió y validó el informe del Cuerpo de Bomberos de ese municipio en el que detalla las posibles causas de la explosión que dejó 34 muertos, más de 50 heridos, varios comercios destruidos y una población consternada.

«Respaldamos en todo su contenido el informe que ha hecho el Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, porque sabemos que es un informe apegado a los principios, a los hechos que se produjeron el pasado 14 de febrero (quiso decir 14 de agosto)».

Montás fue consultado sobre las declaraciones de la defensa de Vidal Plast, la empresa donde se según los informes se originó el siniestro, y cuyos dueños están presos.

Horas antes, el abogado Norberto Rondón dijo que el inmueble ya estaba en manos de la Alcaldía, porque los empleados de sus clientes se habían marchado veinte minutos antes de la tragedia.

En ese sentido, Montás expresó que desde noviembre del 2021 se comenzó a pedir los locales para preparar el terreno donde se construiría un parqueo municipal, cuyo primer picazo sería al día siguiente de la explosión.

Sin embargo, afirma que Vidal Plast era el único que no había entregado el local. Dijo desconocer las razones, aunque aclaró que no se oponían, sino que fueron lentos en retirarse del lugar.

«Yo pienso que ustedes (los periodistas) tienen que preguntarles a ellos por qué permanecían ahí», expresó Montás.

Y agregó que el impasse no está centrado en determinar en quién salió y quién no salió del lugar, sino que en el lugar ocurrió una explosión que dejó 34 muertos.

Ante la posibilidad de una demanda de Vidal Plast contra la Alcaldía de San Cristóbal, Montás respondió que ninguno de los locales estaba regulado. Por lo tanto, «si hay quien tiene que demandar a alguien somos nosotros».

19 cadáveres no han sido identificados
Al menos 19 cadáveres de las víctimas de la explosión, ocurrida en San Cristóbal el pasado día 14 de este mes, no han podido ser identificadas.

El dato fue ofrecido por el director del Instituto Nacional de Patología Forense, Santos Jiménez, quien dijo que hasta ahora se ha identificado a quince de los 34 levantamientos hechos por las autoridades forenses. Los cadáveres identificados han sido entregados a sus familiares.

Se han recibido 22 solicitudes de comparación por ADN y trabajan en su procesamiento.

Entre los que restan por establecer sus identidades hay segmentos corporales con diferentes niveles de deterioro, por lo que conllevan mayor nivel de complejidad. Completar el proceso podría tardar varios meses.

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Hijo de Selinee Méndez sobrevive a grave accidente en Punta Cana

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Selinée Méndez junto a su hijo Adolfo Ariel. Foto de archivo.

La presentadora de televisión y diputada por la circunscripción No. 1 del Distrito Nacional Selinée Méndez compartió en sus redes sociales que su hijo, Adolfo Ariel, sobrevivió a un grave accidente automovilístico ocurrido el pasado fin de semana en Punta Cana que involucró a otros jóvenes.

«Hoy elevo mi gratitud a Dios Padre por haber protegido la vida de mi hijo Adolfo Ariel y permitirnos regresar a casa con él… Su misericordia nos sostiene y su bondad nos concede la bendición de abrazarnos nuevamente como familia», escribió la también exreina de belleza.

Méndez también expresó su gratitud hacia las personas que auxiliaron a su hijo y a sus amigos en el lugar del accidente, así como a los centros médicos y doctores que le brindaron atención.

Méndez expresó además sus condolencias a la familia de Claudio José, quien lamentablemente perdió la vida en el accidente.

«Con el corazón enlutado, expreso mis condolencias más sinceras… Les acompaño en su dolor, deseándoles consuelo y fortaleza ante tan irreparable pérdida», manifestó.

Méndez concluyó su mensaje afirmando que valora más que nunca la vida y la importancia de la familia.

La publicación acumula decenas de comentarios de amigos y colegas de Méndez, quienes le han expresado palabras de aliento.

Más
Selinée Méndez es madre de dos niñas, Maia y Valeria, fruto de su matrimonio de 11 años con el productor de espectáculos René Brea, y del joven Ariel Adolfo, de una relación anterior.

Con información de Diario Libre

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Condenan a la Procuraduría al pago de RD$10.9 millones a Affe Gutiérrez, acusado falsamente de homicidio

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La Procuraduría General de la República (PGR) fue condenada al pago de RD$10,912,792.00 a favor del exagente policial Affe Gutiérrez Gil, esposo de la comunidad Sarah Pepén, quien permaneció más de dos años en prisión preventiva pese a no existir pruebas en su contra.

La decisión, ratificada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), confirma que el Estado dominicano a través de la PGR actuó con arbitrariedad y violó los derechos fundamentales del ciudadano.

Según una nota informativa, la sentencia de la Tercera Sala de la Suprema, con ponencia del magistrado Rafael Vásquez Goico, rechazó el recurso de casación interpuesto por la Procuraduría y mantuvo íntegramente la resolución de la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que ordenó la compensación por daños morales, físicos y profesionales.

Una indemnización sin precedentes en el país
La defensa de Gutiérrez, compuesta por los abogados Carlos Moreno, Manuela Ramírez y Zaida Carrasco, calificó el fallo como “un precedente histórico” en materia de responsabilidad patrimonial del Estado.

“Es la indemnización más alta registrada en República Dominicana por prisión preventiva injusta. Representa un hito en la lucha por el respeto al debido proceso y a la dignidad humana”, afirmaron.

El propio Gutiérrez valoró el fallo como una reparación moral más que económica:

“Esta sentencia no devuelve los años perdidos ni el dolor vivido, pero demuestra que la verdad resiste el tiempo. Aún espero una disculpa pública por parte de las autoridades que me destruyeron la vida.”

Persecución, abuso y una década de sufrimiento
El caso se originó en 2008, poco después del matrimonio de Gutiérrez con la periodista Sarah Pepén.

Según los registros judiciales, fue expulsado de la Policía Nacional y sometido a la justicia bajo acusaciones infundadas de homicidio.

Un año después, fue enviado a prisión preventiva, donde permaneció por más de dos años pese a la falta de evidencias.

Posteriormente, un testigo confesó haber recibido dinero para incriminarlo falsamente, destapando un entramado de corrupción y retaliación institucional.

Durante ese tiempo, Gutiérrez fue condenado dos veces a 30 años de cárcel, sentencias que más tarde fueron anuladas por la Corte de Apelación, la cual determinó que se trató de procesos viciados.

En mayo de 2017, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional lo descargó definitivamente.

El Estado obligado a reparar el daño
Tras su absolución, en 2020, Gutiérrez interpuso una demanda contra la PGR ante el TSA, reclamando RD$100 millones por los daños sufridos.

El tribunal determinó que el Estado actuó con “arbitrariedad, abuso de poder y desprecio por las garantías constitucionales”, y ordenó el pago de RD$10.9 millones como compensación.

Los peritajes médicos y psicológicos incluidos en el expediente confirmaron que Gutiérrez sufre estrés postraumático, ansiedad severa y secuelas físicas permanentes, producto del trato degradante recibido durante su reclusión.

Suprema Corte confirma y sienta precedente
La Suprema Corte de Justicia ratificó que el recurso de la PGR carecía de fundamento legal, y subrayó que el uso indebido de la prisión preventiva constituye una violación directa a la dignidad humana y al Estado de derecho.

El fallo, emitido el 29 de agosto de 2025, reafirma que las instituciones del Estado deben responder por los daños ocasionados por sus funcionarios, y consolida la doctrina de que la libertad personal no puede sacrificarse por el abuso del poder.

Para Gutiérrez, el veredicto es más que una compensación: es una reivindicación moral tras más de una década de lucha judicial.

“Sobreviví a intentos de asesinato, a la humillación y al abandono. Pero nunca perdí la fe en la justicia, y hoy el país tiene una prueba de que sí puede haber reparación”, declaró.

Vía El Nuevo Diario

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