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Gobierno haitiano no tiene poder para detener construcción de canal en río Masacre porque es “privado”
El presidente Luis Abinader manifestó que el Gobierno haitiano está en desacuerdo con la construcción de un canal en el río Dajabón o Masacre pero bajo el contexto actual, en que se encuentra Haití, se declaró sin poder para detener la obra ilegal.
Durante La Semanal con la Prensa, Abinader reveló que el canal es privado y es construido por grupos empresariales y políticos que tienen el interés de llevar el agua hasta sus fincas.
Reseña Diario Libre que el mandatario no reveló los nombres de quienes están detrás de este ilícito, pero indicó que dispuso la prohibición de la entrada de estos a suelo dominicano.
Que la infraestructura hídrica esté siendo construida por un sector privado incontrolable por las autoridades haitianas hace que la solución del problema sea difícil para el gobierno dominicano que desde ya planea la reactivación del canal La Aduana, el diseño de la presa de Don Miguel y Artibonito como medidas técnicas para detener las pretensiones del empresariado haitiano involucrado.
No obstante, Abinader señaló que la construcción aún no ha causado daños a la República Dominicana porque no ha sido conectado al río Masacre y para realizarlo deberían adquirir varias bombas centrífugas.
Indicó que afectaría más al país si llegan a construir bajo el diseño original que contempla un dique. Ese dique desviaría el caudal afectando directamente a los habitantes fronterizos y lesionando el ordenamiento territorial.
“No podemos permitir que incontrolables de un país hagan lo que se les dé la gana”, dijo Abinader ante la posición del Gobierno haitiano, que se declaró sin poder para controlar al grupo de empresarios y políticos detrás de la obra.
A organismos internacionales
El mandatario dijo que contempla denunciar el hecho ante instancias internacionales, aunque indicó que el problema tiene un componente Sui géneris que en otras circunstancias debería ser resuelto por el país donde se comete la violación de derechos territoriales de otro país.
Recalcó que se mantiene en comunicación con el gobierno haitiano dirigido por Ariel Henry. “No tenemos problemas con el gobierno haitiano”, aclaró al tiempo de indicar que el cuerpo consular dominicano se mantendrá en Haití hasta tanto se emitan otras medidas.
Medidas contra construcción de canal
A falta de un interlocutor válido en Haití, la solución del problema ha sido difícil para el Gobierno dominicano que desde hoy anunció la toma de seis de medidas.
· Mantener el cierre total de la frontera por Dajabón y, si el conflicto no se resuelve antes del jueves, cerrar completamente la frontera para el comercio terrestre, marítimo y aéreo.
· Suspensión definitiva de la entrada al país de todos los involucrados en el conflicto.
· Detener la emisión de visados a ciudadanos haitianos hasta nuevo aviso.
· Reactivar la Toma de la Aduana en el río Dajabón, en el inicio del canal La Vigía, como una medida a corto plazo para garantizar el abastecimiento de agua a los productores dominicanos.
· Comenzar el proceso de construcción del proyecto de la presa Don Miguel como una solución definitiva a largo plazo. El diseño de esta obra comenzó el año pasado y se estima que la construcción llevará unos 30 meses, con un costo aproximado de 2,700 millones de pesos. La licitación comenzará de inmediato».
· Solicitar una reunión bilateral de la mesa hídrica binacional para acordar una solución definitiva.
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Diputada aclara está separada de hombre apresado por supuestos vínculos con narcotráfico
La diputada de La Romana por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jacqueline Fernández, informó la noche de este viernes que está separada de Ethian Vásquez, quien está detenido, supuestamente por vínculos con el narcotráfico.
A través de un comunicado de prensa, la legisladora confirmó que tiene conocimiento de la detención de Vásquez, aunque no precisó el lugar donde se encuentra ni las razones.
Fernández explicó que desde hace un tiempo ambos tomaron caminos distintos y que no mantienen ningún tipo de convivencia ni responsabilidades comunes.
“Las circunstancias que involucran al señor Vásquez son exclusivamente de su responsabilidad individual”, señala el documento.
La diputada manifestó su respeto al debido proceso y a las investigaciones a cargo de las autoridades competentes, «quienes son las llamadas a esclarecer los hechos y determinar cualquier consecuencia conforme a la ley».
En el comunicado, Fernández agradeció la comprensión de la ciudadanía y reafirmó su compromiso de continuar trabajando por su comunidad y cumpliendo con las responsabilidades legislativas que le fueron confiadas por los electores de La Romana.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la detención de Vásquez ni de los cargos contra él.
Informaciones extraoficiales indican que estaría detenido por presuntos vínculos con el narcotráfico.
A continuación el comunicado de la diputada Jacqueline Fernández:
La diputada Jacqueline Fernández informa a la ciudadanía y a los medios de comunicación que tiene conocimiento de la detención del señor Ethian Vásquez, quien en el pasado fuera su cónyuge.
La legisladora Fernández aclara responsablemente que, desde hace un tiempo, ambos se encuentran separados de hecho y tomaron cominos distintos, por lo que no mantienen vínculo de convivencia ni responsabilidades comunes en su vida personal.
Reitera que las circunstancias que involucran al señor Vásquez son exclusivamente de su responsabilidad individual y expresa su total respeto al debido proceso, a las investigaciones correspondientes y a las autoridades competentes, quienes son las llamadas a esclarecer los hechos y determinar cualquier consecuencia conforme a la ley.
La diputada agradece a la ciudadanía su comprensión, y afirma que se mantendrá enfocada en continuar trabajando por su comunidad y en la responsabilidad legislativa que los ciudadanos de La Romana le han confiado.
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Dictan tres meses de prisión preventiva a hombre y mujer planificaban captar niñas para abusarlas sexualmente en Santiago
Al acoger la solicitud del Ministerio Público, una jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un hombre y una mujer que planificaban captar niñas para abusarlas sexualmente.
Los imputados Alexander Ramón Peña Henríquez y Luisa Stfrent, de nacionalidad haitiana, son imputados de violar la Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
La medida fue impuesta debido a la amenaza colectiva que representan para la población de niños, niñas y adolescentes, por cuanto planificaban y coordinaban captar menores de edad a los fines del hombre obtener gratificación sexual y sostener relaciones sexuales con estos menores de edad, y la mujer obtener valores económicos.
El escenario que dio lugar al arresto y posterior judicialización de los imputados se originó en un video, difundido a través de plataformas y redes sociales, donde Peña Henríquez ofrecía una cantidad de dinero de entre RD$15,000 a RD$20,000 pesos, para que Stfrent, quien se dedica a captar personas adultas y menores de edad, para ofrecer servicios sexuales a cambio de pagos en las provincias La Vega y Santiago, le ubicara y cediera menores de edad, a fin de abusarlas sexualmente.
En la audiencia de medidas de coerción, las fiscales María Dolores Rojas, Martha González y Wendy Sánchez, presentaron a la jueza Iris Sugelly Borgen Santana, las evidencias de que existe un latente peligro y amenaza contra esta población vulnerable, por cuanto se debía imponer la prisión preventiva, al ser considerada la medida idónea para proteger a las potenciales víctimas y permitir la continuidad del proceso.
Además de imponer la medida solicitada por el órgano acusador, el tribunal también autorizó la extracción de información que pueda resultar de interés para la investigación, del teléfono celular que le fue ocupado a la imputada.
Peña Henríquez, dominicano, y Stfrent, de nacionalidad haitiana, fueron arrestados mediante las órdenes tramitadas ante el tribunal competente 2025-AJ0071635 y 2025-AJ0071634.
De manera provisional, la Fiscalía de Santiago ha imputado contra los procesados la violación a los artículos 1, 3, y 5 de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, principios V, VI y VII y el artículo 14 del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), que tipifican la captación de menores de edad a los fines de gratificación y obtención de favores sexuales y por violación a los derechos de la imagen, intimidad, honor y dignidad de las personas menores de edad, en perjuicio de la sociedad y el Estado dominicano.
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