Panorama
Grupo empresarial llega a RD para defender contrato con Intrant sobre semáforos inteligentes
Un grupo empresarial norteamericano que alegan ser parte de Transcor LP llegó al país para defender el contrato suscrito por su empresa socia Transore Latam con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), para la mejoría del Centro de Control de Tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo, y salió al frente de los cuestionamientos que han surgido con este tema, garantizando su amplia experiencia en la materia y la calidad e innovación tecnológica que está siendo implementada en República Dominicana.
Ray Cuesta, vicepresidente de Soluciones de Tránsito y Tecnología Vial, llegó a República Dominicana junto a los ejecutivos, Joonho J. Lee, un profesional con más de 15 años de experiencia en roles clave dentro del sector federal del gobierno de Estados Unidos y de Jim MacDonald, un exoficial del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos con cinco años de servicio y 22 años como agente especial del FBI, para defender la honra de la compañía, demostrar su capacidad y experiencia, e informar a la sociedad dominicana que esa empresa es líder en la provisión de soluciones tecnológicas avanzadas para sistemas de movilidad y transporte, según se establece en un comunicado de prensa enviado a este medio
Cuesta destacó lo ambicioso del proyecto licitado y ejecutado por Transcore LATAM SRL, “que, a una contención rigurosa del gasto, integrándola con la exigencia de una carga tecnológica de vanguardia, hace que este proyecto de República Dominicana se coloque a la cabeza de los estándares internacionales, propios del siglo XXI”.
Aseguró que es la primera vez que en una solución tecnológica de gestión de tránsito se integran dispositivos de regulación procedentes de diferentes proveedores. Explicó que esto es de suma importancia, ya que “no se tiran a la basura los que funcionan y ya están pagados con dinero público y son propiedad del Estado dominicano”.
Manifestó la profunda decepción del grupo empresarial frente a las decisiones tomadas por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas de la República Dominicana (DGCP), “que afectan directamente a nuestra empresa, a su prestigio internacional, pues actualmente tenemos varios proyectos en marcha de investigación y desarrollo en el campo de la movilidad y tecnología del tránsito”.
También estuvo presente Pedro Padovani, gerente de Transcore Latam, quien según Cuesta se ha visto envuelto en una embarazosa situación personal de forma totalmente injusta, al ser cuestionada su profesionalidad. “Y es precisamente esta capacidad y criterio profesional la merecedora de liderar el proyecto actual, que bien podría tener un alcance internacional, tanto por volumen como por el desafío tecnológico que implica”.
“En Transcor LP nos mantenemos firmes en nuestro compromiso con la legalidad, la transparencia y la mejora continua de los sistemas de Movilidad, tráfico y seguridad vial. Actuaremos decididamente para salvaguardar nuestra integridad y la de nuestros socios frente a cualquier acto que busque socavar los principios por los cuales nos regimos”, expresó Cuesta.
90 años de experiencia
Transcore Latam es representante de la compañía norteamericana ECONOLITE, fundada en 1933, con más de 90 años de experiencia en la fabricación y venta de equipos de control de tráfico, y la gestión de más de 160 mil controladores de tráfico y más de 120,000 intersecciones en territorio estadounidense. Con la experiencia del fabricante Econolite cuenta con el 90% del mercado en Estados Unidos.
Transcore posee la autorización de reventa y distribución de los equipos de Econolite.
El nombre del grupo empresarial, su credibilidad, responsabilidad, capacidad del equipo técnico y de asesores extranjeros avalan y dan garantías de que el sistema que se está implementando en el país es de la más alta calidad e innovación tecnológica.
Equipo de profesionales
Al defender la capacidad y experiencia del equipo Transcore Latam, Cuesta afirmó que cuentan con consejeros de dilatada trayectoria profesional en las áreas de seguridad y tecnología que han trabajado en diversos organismos y entidades en los Estados Unidos.
Citó como ejemplo el caso de Joonho J. Lee, un profesional con más de 15 años de experiencia en roles clave dentro del sector federal del gobierno de Estados Unidos. Se destacó especialmente por estar al frente del Programa de Nacional de Ciberseguridad Competency Center de la Reserva Federal, y Oficial Jefe de Información para el Regulador del Sector Financiero donde su responsabilidad abarcaba todos los bancos federales.
“Su conocimiento y habilidades son particularmente profundos en áreas como criptografía, protección de datos y tecnología avanzada en detección de vulnerabilidad y correcciones de sistemas. En su actual posición, Lee asegura el óptimo funcionamiento de las tecnologías de vanguardia en nuestro grupo empresarial, apoyando su seguridad y eficiencia operativa”, expresó.
También nombró al consejero Jim MacDonald, un exoficial del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos con cinco años de servicio. Relató que MacDonald estuvo en servicio en el FBI por más de 22 años como agente especial. Se destacó como piloto de vigilancia aérea en el Grupo de Operaciones Especiales y fue comandante en los Juegos Olímpicos de Invierno 2002 en Park City y Deer Valley.
“El perfil de los consejeros da una idea de la dimensión tecnológica del proyecto, con
un alcance de vanguardia, dado lo innovador del mismo, y su implicación en materia de Seguridad Nacional”, concluyó.
Panorama
Pasaporte electrónico sube RD$1,050 frente al anterior de 10 años y cuadruplica costo del básico
La implementación del nuevo pasaporte electrónico en la República Dominicana no solo introduce un cambio tecnológico, sino también un aumento significativo en el costo del documento para los ciudadanos.
El nuevo pasaporte biométrico tendrá un precio de 6,700 pesos por 10 años de vigencia, lo que representa un incremento de 1,050 pesos respecto al pasaporte VIP de 10 años que se expedía hasta ahora, cuyo costo era de 5,650 pesos.
La diferencia también es más marcada cuando se compara con el pasaporte normal, que tenía un valor de 1,650 pesos, o con el pasaporte VIP estándar, que costaba 2,650 pesos.
En esos casos, el nuevo documento cuesta entre dos y cuatro veces más que las modalidades vigentes hasta ayer.
La Dirección General de Pasaportes inició esta semana el proceso de transición hacia el nuevo documento electrónico, que coexistirá temporalmente con el pasaporte mecánico mientras estos se encuentren vigentes.
Citas para el nuevo pasaporte
El cronograma oficial establece que las citas comenzarán a habilitarse a partir del 15 de enero y que la captura de datos biométricos iniciará el 19 de febrero, de forma escalonada, comenzando por los pasaportes vencidos, próximos a vencer y las solicitudes de primera vez.
El aumento de precio coincide con la ampliación de la vigencia del documento a 10 años para adultos y 5 años para menores, así como con la incorporación de más de 130 medidas de seguridad, un chip biométrico integrado y la conexión al Sistema Global de Validación de Pasaportes de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que permite la verificación automática de autenticidad en controles migratorios internacionales.
Vía Diario Libre
Panorama
Oncológico del Cibao dejó vencer medicamentos que les fueron donados, según denuncian
Cientos de medicamentos de alto costo que fueron donados al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), fueron dejados vencer y otros supuestamente vendidos en la farmacia de la institución durante la gestión de la antigua directiva, de acuerdo a la denuncia que realiza el doctor Iván Alexis Mercader, presidente de la entidad.
Desde antibióticos intravenosos hasta medicamentos de alto costo, fueron dejados caducar apilados en grandes cajas dentro de un armario, cuya llave nunca fue encontrada, dijo.
Según explica el doctor Mercader, presidente de la junta directiva del Patronato Cibaeña contra el Cáncer, que administra al IORC, tras tomar posesión de la institución en octubre de 2025, encontraron un armario lleno de medicamentos, que hubo que romper para acceder a él, debido a que la llave “nunca apareció”.
Indica el Listín Diario que el mueble contenía cientos de fármacos de alto costo, que son de alto valor oncológico, donados por familiares de pacientes que ya habían fallecido, debido a que no los necesitaban.
Asimismo, una gran cantidad de muestras médicas que fueron obsequiadas por múltiples laboratorios.
De acuerdo al doctor Mercader, estos insumos eran guardados bajo la premisa de que “no se regalaban porque así los pacientes no los compraban en la farmacia”, por lo que muchos de esos medicamentos donados, fueron incorporados en el inventario de la farmacia para venderlos.
El galeno, calificó como “inhumano”, esta acción propiciada por el antiguo director del Oncológico del Cibao, el ingeniero Héctor Lora, y su pasada directiva.
El Instituto Oncológico del Cibao ha sido objeto en los últimos meses de diversas denuncias y reclamos.
Asimismo, indicó que aunque es difícil precisar la cantidad exacta de pacientes que pudieron verse afectados por no haber recibido estos medicamentos, dado el volumen de usuarios que llega al Oncológico, se podría considerar que entre el 2 o 3 por ciento de ellos, no se beneficiaron porque no podían costearlo.
Proceso de transición
En septiembre 2025, el cirujano oncólogo Juan Vila fue destituido de su cargo de jefe de cirugía oncológica por denunciar irregularidades administrativas en el IORC, lo que desencadenó renuncias y despidos de seis médicos.
Asimismo, se documentó que pacientes estaban recibiendo tratamientos de quimioterapia en salas de emergencia por falta de recursos, agravando las preocupaciones sobre la calidad de los servicios.
El 15 de octubre de 2025, el Ministerio Público juramentó una nueva directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao, encabezada por el doctor Iván Alexis Mercader Mateo, tras una asamblea general extraordinaria de médicos del centro, con apoyo del Colegio Médico Dominicano (CMD).
Esta juramentación se realizó en medio de tensiones por el manejo administrativo previo.
El Instituto estaba bajo escrutinio por múltiples irregularidades administrativas, con señalamientos de privatización de espacios, pagos sin soporte, nepotismo, falta de sistemas contables, compras de vehículos con fondos de la institución y deudas acumuladas con proveedores y médicos. Estos hechos motivaron una querella ante la Procuraduría General de la República.
A finales de octubre, la nueva directiva solicitó ayuda estatal y empresarial para sanear deudas millonarias, identificándose obligaciones por más de 150 millones de pesos con proveedores, deudas atribuidas a la gestión anterior.
Asimismo, iniciaron un proceso de auditoría externa integral para evaluar a fondo el estado financiero y operativo del IORC con miras a esclarecer posibles irregularidades de la gestión pasante.
El pasado 18 de noviembre, un tribunal de la Cámara Civil y Comercial de Santiago dejó sin efecto la oposición a las cuentas bancarias del Instituto, que había impuesto la directiva saliente, encabezada por el ingeniero Héctor Lora, para bloquear el acceso a los fondos, permitiendo que el Patronato pudiera operar financieramente con normalidad.
Días más tarde, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) confirmó que se investigaba el caso, con denuncias contra la antigua directiva por supuesta asociación criminal, desvío de fondos, cobros indebidos a ARS, retenciones de pagos y alteración de facturas de medicamentos de alto costo.
El 22 de diciembre de 2025, a pesar de la orden judicial favorable de noviembre, miembros de la antigua directiva procedieron a un nuevo embargo de las cuentas bancarias del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, intentando impedir el acceso de la nueva directiva a los recursos financieros, utilizando otros nombres como querellantes.
El tribunal dispuso por segunda ocasión el desbloqueo de las cuentas bancarias. Asimismo, el IORC también presentó un recurso judicial para mantener el acceso a sus cuentas tras el nuevo embargo impuesto por exdirectivos.
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