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Estados Unidos sanciona a Jean Alain Rodríguez; familiares también afectados
El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó este lunes al exprocurador de la República Dominicana Jean Alain Rodríguez, a su esposa y sus hijos por las acusaciones que pesan en su contra sobre apropiación de fondos públicos, una acción con motivo al Día Internacional contra la Corrupción, que también abarca a más de una treintena de personas, incluidos exfuncionarios haitianos.
«De conformidad con la Sección 7031(c), el Departamento de Estado está designando públicamente a Rodríguez por su participación en corrupción significativa al apropiarse indebidamente de fondos públicos destinados a proyectos de infraestructura financiados por el Estado e instituciones gubernamentales», reza el documento compartido por la diplomacia estadounidense.
La sanción contra el exprocurador de la República también incluye a sus familiares directos, entre ellos su esposa María Isabel Pérez Sallent y los dos hijos menores de edad del matrimonio, detalla el comunicado.
Ilegibles para ingresar a EEUU
El Departamento de Estado explica que el artículo 7031(c) establece que en los casos en que exista información creíble de que funcionarios de gobiernos extranjeros han estado involucrados en actos significativos de corrupción o en una violación grave de los derechos humanos, esas personas y sus familiares inmediatos generalmente no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos y deben ser designados pública o privadamente.
Rodríguez fue apresado el 29 de junio del 2021 y días después la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional le impuso 18 meses de prisión, la cual fue variada en enero de este año, por arresto domiciliario, uso de grillete electrónico y el pago de una fianza de 50 millones de pesos a través de una aseguradora.
Desde agosto de este año, puede salir dos veces a la semana a su oficina a trabajar, de 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) acusa al exprocurador de encabezar una red que cometió actos fraudulentos a los fines de perjudicar y desfalcar al Estado dominicano, mediante el desvío de fondos que engrosaron su patrimonio y sirvieron para el financiamiento ilícito de campañas políticas. La supuesta red fue desmantelada mediante la Operación Medusa.
Rodríguez está imputado por haber cometido al menos 13 crímenes y delitos, de acuerdo a la acusación presentada en su contra por la Pepca.
Recientemente, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió la «Opinión núm. 46/2023» en la que consideró como arbitraria el arresto del imputado de haber estafado al Estado con más de 6,000 millones de pesos.
El informe fue considerado como «desacertado y lleno de falsedades» por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Exfuncionarios haitianos
Las sanciones de Estados Unidos también incluyeron a varios exfuncionarios haitianos y sus familiares directos por participar en «actividades corruptas que socavaron la integridad del gobierno de Haití».
Entre los sancionados están el ex primer ministro y ministro de Planificación y Cooperación Exterior, Jean-Max Bellerive, y su esposa Myriam Estevez De Bellerive y sus hijas adultas Diana Jennifer Bellerive y Jessica Bellerive.
El exsenador Nenel Cassy y su esposa Katherine Cassy Chery y un hijo menor de edad, así como el también exsenador Hervé Fourcand.
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“Es un animal”: Abinader condena muerte de joven a manos de policía y exige una sanción ejemplar
Montecristi.– El presidente Luis Abinader expresó este sábado su total indignación por la muerte de un joven en el sector Herrera, municipio Santo Domingo Oeste, calificó de «animal» al miembro de la Policía Nacional señalado como responsable del hecho y afirmó que debe recibir una sentencia proporcional a un acto «incalificable», para que un crimen de esa naturaleza no vuelva a repetirse y sirva de ejemplo a todos los llamados a preservar el orden.
El mandatario lamentó que el caso ocurriera en medio de los esfuerzos que realiza el Gobierno para transformar la institución del orden.
«Desgraciadamente, la indignación que tengo actualmente, tengo que hablar de un tema que no tiene que ver con Montecristi, pero es un caso que pasó en Santo Domingo Oeste, en el sector de Herrera, donde fue asesinado un joven de manos de un policía, que no puede llamarse policía porque eso es un animal, es un animal. Hemos hecho un enorme esfuerzo para llevar una reforma a la Policía Nacional y seguiremos trabajando. Una persona de esa categoría, como dije, un animal, daña la imagen de muchos que están trabajando correctamente y lleva, además, el luto a una familia».
El presidente reveló que se comunicó con el padre de la víctima para expresarle personalmente sus condolencias. «Su padre se llama Manuelo Mercado, es incluso un pastor evangélico. Lo llamé esta mañana para darle el pésame. No pude hablar con su madre porque está interna, con todas las razones».
Abinader enfatizó que siente «totalmente indignado» y sostuvo que el responsable debe enfrentar las consecuencias de sus actos.
«Me siento totalmente indignado y tiene que ir a la justicia para que no se repitan nunca esas acciones. Aquí todos tenemos familia, todos sabemos lo que es perder una familia y cuando uno ve el video, como lo vi yo, todavía es más indignante. Fue una acción que no tenía ningún sentido de que pasara y que debió ser un acto completamente normal. Fue totalmente desproporcionado, llevando el luto a una familia honorable».
El jefe de Estado informó que dará seguimiento al proceso judicial y reclamó una respuesta ejemplar por parte de las autoridades.
«Le vamos a dar seguimiento. Ya creo que la persona está en manos del Ministerio Público. Tiene que hacerse justicia de la manera más contundente contra un acto así, que ponga el ejemplo a todos los que están llamados a poner el orden también. La justicia tiene que dar la sentencia proporcional a ese acto incalificable, que solamente, como dije, pudiese ser hecho por un animal: quitarle la vida a un joven sin ningún tipo de razón».
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Con cabeza agachada: PN entrega al MP cabo que mató joven en Herrera
La Policía Nacional informó que entregó al Ministerio Público al cabo José Francisco Moreta Heredia, agente involucrado en la muerte del joven Darlin Mercado Reyes, de 19 años, ocurrida la tarde del viernes 3 de julio en el sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, Santo Domingo Oeste.
La institución condenó lo ocurrido y reiteró que ninguna actuación contraria a la ley, los protocolos institucionales o el respeto a los derechos ciudadanos será tolerada dentro de sus filas.
Como parte de la respuesta inmediata ante este hecho, el agente fue puesto bajo custodia del Ministerio Público para que responda ante la justicia y se determine su responsabilidad conforme al debido proceso.
Asimismo, el director general de la Policía Nacional visitó la residencia de los familiares del joven fallecido, donde expresó sus condolencias y solidaridad con la familia, al tiempo que les reiteró el compromiso de la institución de colaborar plenamente con las investigaciones para garantizar que el caso sea esclarecido y que los responsables enfrenten las consecuencias establecidas por la ley.
Por su parte, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, expresó que “es imperdonable un abuso policial de este nivel que hoy enluta a una familia dominicana. Como madre, no puedo imaginar el dolor de perder un hijo de esta manera. Ningún uniforme puede ser un escudo para la impunidad. El agente involucrado ha sido apresado y puesto a disposición de la justicia para que responda con todo el peso de la ley por el enorme daño causado”.
La Policía Nacional destacó que la actuación inmediata de la institución responde a los principios de la reforma y transformación policial, sustentados en la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto al Estado de derecho, dejando claro que cualquier miembro que incurra en conductas ilícitas deberá responder personalmente por sus actos, sin excepciones.
La institución reafirmó su compromiso con la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía, el fortalecimiento de la confianza pública y la consolidación de una Policía cada vez más profesional, responsable y apegada a la ley.
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