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Fiscales dicen presunta estafa inmobiliaria supera los RD$700 millones
Fue aplazada para el martes nueve de este mes, la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los siete imputados de la Operación Nido, una red acusada de ofertar viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios.
La decisión del juez Rigoberto Sena se basó en que este sábado se presentaron 30 nuevos querellantes, según detalló el Ministerio Público.
La audiencia estaba pautada para las 9:00 de la mañana, pero inició a las doce del medio día.
Los procuradores fiscales Sourelly Jáquez y Andrés Mena, representantes del Ministerio Público, declararon que con los nuevos querellantes aumenta el monto de la estafa, que supera actualmente los 700 millones de pesos.
Mena señaló que el juez Sena aplazó la audiencia para dar la oportunidad de que los nuevos querellantes sean notificadas a la defensa técnica.
Detalló que la estafa cuantificada, de acuerdo a los análisis financieros realizados, suma un monto de 700 millones de pesos, solo con los 144 querellantes registrados, lo que significa que esta cifra aumentará cuando se cuantifiquen los montos de los nuevos afectados.
Reseña Listín Diario que por su lado, el abogado Andrés Toribio, representante del afectado Cruz Perdomo, indicó que dentro de las motivaciones del aplazamiento es que las partes de la defensa puedan documentarse.
Al grupo que integra esta red encabezada por el ingeniero Emmanuel Rivera Ledesma y otros seis imputados, se les acusa de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de diferentes proyectos inmobiliarios.
El Ministerio Público, además, acusa a Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo (hijo), María Gabriela Rivera Pichardo (hija), Escarlet Mercedes Cruz Figueroa (esposa de Rivera Ledesma), Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma (hermana) y Juan Omar Rosario López.
Medida de coerción
La procuradora fiscal del Ministerio Público, Sourelly Jáquez, había solicitado prisión preventiva y la declaración de complejidad del caso.
En la solicitud de medida de coerción contra los siete imputados, el Ministerio Público establece que la estafa realizada por la desmantelada red asciende a más de 700 millones de pesos.
El MP indica en el documento acusatorio, que para lograr su objetivo, la red, utilizó los vehículos societarios Indisarq y SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, a través de las que crearon un esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las más de 300 víctimas a las que ofertaban viviendas a través de nueve proyectos inmobiliarios.
El ingeniero Emmanuel Rivera Ledesma, es propietario de la empresa inmobiliaria IndisArq y fue detenido el tres de este mes luego de realizar dos interrogatorios por un equipo de fiscales de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, que dirige Yeni Berenice Reynoso.
Víctimas de estafa
Algunas víctimas de este fraude inmobiliario, indicaron a la prensa que se enteraron de la venta de estos apartamentos mediante vallas publicitarias y otras plataformas digitales.
En el caso de Fernanda Sena, residente en Santo Domingo Este, detalló a Listín Diario que se vio motivada de adquirir un apartamento en ese proyecto al ver una propaganda física en la avenida España, de ese municipio.
Contó, que su hijo, residente en los Estados Unidos, le ordenó que buscará una vivienda para él comprar un espacio digno donde vivir, luego de sobrevivir a un cáncer.
La adquisición de este apartamento, supuestamente ubicado en la avenida España, se realizó en mayo del 2021, siendo alegadamente el último inmueble disponible de tres habitaciones y dos parqueos, detalló Sena.
Indicó que había depositado un inicial de cinco mil dólares, equivalente a RD$250,000 y habían establecido una cuota de 1,200 dólares mensual, equivalente a RD$69,600
Otro afectado, identificado como Félix Almánzar, compró el apartamento en planos en 2020. El objetivo de este era mudar a sus padres mayores de edad a un lugar más cómodo.
Apartó el inmueble ubicado en el sector La Isabelita, en Santo Domingo Este, con un total de RD$250,000 y en total invirtió unos 70 mil dólares, equivalente a unos 4 millones de pesos.
Contó que la Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos (Indisarq), empresa involucrada, incrementó el costo del inmueble bruscamente, desde 4.6 millones hasta 10 millones de pesos.
Almanzar, expresó que tiene la esperanza de que la justicia dominicana actúe y pueda recuperar el dinero invertido.
Dijo sentirse “dolido” porque no habían visto resultados hasta la fecha, a pesar de las constantes denuncias realizadas.
El joven espera que con este caso se marque un “precedente”sobre esta estafa millonaria.
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DIGESETT investiga a agente por presunta negativa de encender cámara corporal
La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) informó este jueves que investiga a uno de sus agentes, luego de que presuntamente se negara a encender la cámara corporal durante una intervención.
El caso surgió tras la difusión de un video en redes sociales en el que se observa el momento de tensión ante la solicitud de documentos del agente a un conductor y la persistencia del ciudadano en que el agente encendiera el dispositivo, petición a la que el agente no accedió.
La institución informó que el agente fue citado y se encuentra bajo investigación de los organismos de control correspondientes, conforme a los procedimientos establecidos.
Las cámaras corporales son utilizadas como herramientas para documentar las actuaciones de los agentes y facilitar la revisión de situaciones que puedan generar controversias durante las intervenciones.
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Imponen dos meses de prisión preventiva a «Nino Dólar»
La Cuarta Sala del Tribunal Especial de Tránsito del Distrito Nacional impuso dos meses de prisión preventiva en contra de Carlos José Troche Rodríguez, conocido como «Nino Dólar», acusado de provocar la muerte de dos personas y ocasionar lesiones a una tercera en un accidente de tránsito registrado el pasado 15 de agosto en la avenida Abraham Lincoln.
El tribunal dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en la cárcel de Cotuí, tras acoger la solicitud presentada por los fiscales del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios).
A Troche Rodríguez se le acusa de violar el artículo 112, párrafo I, de la Ley 74-25, que modifica el Código Penal dominicano y tipifica el homicidio agravado, referente a los atentados culposos contra la vida.
El imputado enfrenta cargos por la muerte de Wilmer Ernesto Rodríguez Silverio y de su hija, Wilkaren Massiel Rodríguez Batista, así como por las lesiones sufridas por Arianna Michelle Ciprián.
La solicitud de medida de coerción había sido presentada inicialmente ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional; sin embargo, el juez Rigoberto Sena declinó el proceso a favor del tribunal de tránsito, por tratarse de un hecho vinculado a un accidente vial.
De acuerdo con la acusación, el imputado violó la luz roja de un semáforo mientras conducía una yipeta, impactando contra una motocicleta en la que se desplazaban las víctimas.
La investigación establece, además, que, tras producirse la colisión, el conductor no se detuvo y continuó la marcha del vehículo, arrastrando a las víctimas por la vía y pasándoles por encima al emprender la huida del lugar.
El caso permanece bajo investigación por parte del director técnico de la Fiscalía del Distrito Nacional, Kelvyn Colón, y los fiscales Vladimir Viloria, encargado del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios); y Yesenis Hernández Cabreja.
FUENTE: Listín Diario
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