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Panorama

Ministerio Público defiende acuerdos de culpabilidad de imputados

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El Ministerio Público informó este domingo que, ante la contundencia de las pruebas, un total de 52 oficinas de abogados han representado a imputados de delitos de criminalidad organizada que firman con el órgano acusador acuerdos para aceptar su culpabilidad y que, en todos los casos concluidos, sin excepción, han sido judicializados ante los tribunales.

Al ofrecer la información, el Ministerio Público garantizó que en ninguno de esos acuerdos han participado personas que estén en su nómina.

Indicó que, desde 2020 el Ministerio Público, que encabeza la procuradora general Miriam Germán Brito, ha sido extremadamente cuidadoso y transparente con los acuerdos, razón por la que todos se han llevado hasta los tribunales y en ningún caso se ha aceptado intermediario alguno.

Dijo que cada abogado que ha firmado un acuerdo en representación de su asistido ha sido testigo de que se le advierte que el documento debe sustentarse sobre la verdad, ser voluntario y que no se lo debe a nadie, sino al resultado de una actitud de cooperación frente a la contundencia de las investigaciones y a la aplicación estricta de la norma procesal penal vigente.

De acuerdo a El Día, en un comunicado difundido hoy, el Ministerio Público reconoce el derecho ciudadano de cuestionar las acciones de un órgano constitucional, un ejercicio válido y necesario en un Estado de derecho.

Sin embargo, calificó de deshonesto y poco profesional cuestionar al Ministerio Público, de manera deliberada y aviesamente, máxime cuando las mentiras quedan evidenciadas con solo leer las acusaciones, acuerdos y demás actuaciones procesales que ha depositado el Ministerio Público ante los tribunales.

Sostuvo que pretender que el Ministerio Público le atribuya a miembros del nivel medio de una estructura criminal toda la responsabilidad cuando las evidencias establecen de forma clara que la mayor parte de los recursos fue a parar a los principales acusados que desempeñaban funciones de primer orden en el Estado, es pedirle al órgano acusador que tome las decisiones más fáciles y que se sume como cómplice a la impunidad frente a la corrupción de la que un sector privilegiado estuvo disfrutado históricamente.

“Es necesario que estén claros que por más campañas nacionales o internacionales que pongan en marcha, por más lobistas o voces afines que contraten, no vamos a detenernos ni a intimidarnos”, afirma el documento enviado a la prensa.

Dijo que estas campañas tienen todas las características de no ser financiadas con recursos de patrimonio lícito, lo que obliga al Ministerio Público a tomar medidas cautelares para evitar que se sigan utilizando recursos para obstruir los procesos.

«Han llegado al extremo de querer fabular respeto a una persona contratada por el Ministerio Público a través de un proceso de evaluación y reclutamiento agotado mediante una firma consultora externa de gestión humana, subrayó.

Enfatizó que esa exempleada, que no labora hace meses en la institución, por demás nunca tuvo nada que ver con las áreas de persecución.

Estableció que, el Ministerio Público no ha firmado ni un solo acuerdo con la oficina en la que laboró la persona en cuestión antes, durante o después de ser contratada. De modo que, además de constituirse en delito tipificado y sancionado por la Ley 53-07 esta fábula es deshonesta y nada profesional.

«Escudarse en un micrófono para atribuir al Ministerio Público pactos con empresas con las que no ha firmado ningún acuerdo y mezclar líneas de investigación de un caso judicializado con otros en etapa de investigación, lo menos que evidencia es un nulo esfuerzo profesional al informar a la ciudadanía y un gran interés en mantenerse ajeno a comunicar de manera objetiva», agregó.

Aclaró que los acuerdos de culpabilidad se realizan en todas las materias, siempre amparados en la normativa procesal penal.

Señaló que la Suprema Corte de Justicia, la comunidad jurídica y la cooperación jurídica internacional han reclamado de manera permanente que se apliquen las soluciones alternas al proceso penal, una práctica que no es novedosa en el sistema acusatorio. Sobre todo, en materia de criminalidad organizada, en la que suelen ser de vital importancia para desmantelar las cabezas de las organizaciones criminales.

El órgano especificó que para comprobar la veracidad de esta aseveración es suficiente con ver los acuerdos que se realizan en Italia desde los tiempos del juez Falcone, en Colombia, Estados Unidos, Chile, Costa Rica y cientos de países que tienen un sistema acusatorio.

«El Ministerio Público no contrata opinadores para que mientan en su favor, ni manipula la verdad por intereses particulares. Sus acusaciones son públicas en la etapa procesal correspondiente y están disponibles en los tribunales para cualquier ciudadano que las quiera leer», agregó.

De hecho, el Ministerio Público adelantó que procederá a subir todas las acusaciones y actos procesales a su portal https://transparencia.pgr.gob.do para una mayor edificación de la sociedad. Así, quien quiera podrá determinar, con base a pruebas, quién miente, por ejemplo, atribuyendo cantidades de dinero exorbitantes a imputados de nivel medio cuando quien hace los alegatos públicos sabe que las pruebas demuestran que la mayor parte de esos recursos engrosaban las cuentas bancarias de exfuncionarios públicos a los que representa y que hoy pagan las campañas millonarias para atacar la acusación con mentiras, en lugar de defenderse en los tribunales del arsenal de pruebas depositadas por el Ministerio Público.

Acotó que aplicar soluciones alternas es una práctica propia de los sistemas acusatorios como el dominicano.

Explicó que la normativa procesal penal dominicana tiene varios procedimientos especiales enfocados en buscar soluciones alternas, entre los que destacan: procedimiento penal abreviado pleno, parcial, conciliación mediación, criterio de oportunidad para delitos ordinarios, criterios de oportunidad para delitos propios de crimen organizado, suspensión condicional del procedimiento, entre otros.

«Sin sorpresa hemos visto cómo algunos abogados atacan los criterios de oportunidad cuando se otorgan en contra de testigos de sus clientes, pero han sido sus defensores cuando lo solicitan para otros de sus clientes; es decir, que la misma figura jurídica es buena o mala según les beneficie», añadió.

Finalmente, el MP reiteró el compromiso de perseguir todos los delitos, sin importar quienes los cometan, como lo han venido haciendo y como lo comprueban los distintos procesos que han puesto en marcha, porque así como la ley no distingue entre seres humanos, no lo puede hacer ni lo hará este Ministerio Público.

Panorama

Violencia en el tránsito: salir a la calle es un deporte extremo en RD

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En cuestión de días, varios episodios de violencia registrados en las calles dominicanas han vuelto a generar preocupación.

Lo que comenzó como diferencias cotidianas terminó con personas agredidas y armas de fuego desenfundadas, evidenciando el nivel de tensión con el que muchas personas enfrentan conflictos diarios.

Uno de los hechos ocurrió en las inmediaciones del peaje de la autopista Las Américas.

De acuerdo con la Policía Nacional, un conductor fue captado en video presuntamente amenazando con un arma de fuego a otro hombre tras un conflicto relacionado con el paso de los vehículos en el peaje.

«Si te metes te doy un tiro», advertía al otro conductor.

La institución informó que investiga el incidente para establecer responsabilidades y reiteró el llamado a la prudencia, la tolerancia y la resolución pacífica de las controversias.

Reseña El Dia que otro video, difundido ampliamente en redes sociales, muestra una escena igualmente alarmante.

En esta ocasión, un hombre desciende de un vehículo con un arma de fuego y se dirige hacia otro automóvil en el que viajaban mujeres y niños.

«Angelo no bajes el vidrio… hay niños», se escucha decir con desesperación a una de las ocupantes mientras intenta impedir cualquier confrontación.

«Yo tengo una niña», repite en medio del miedo, consciente de que un momento de ira podía terminar en tragedia.

El hecho provocó múltiples reacciones, no solo por la presencia de menores de edad, sino por la facilidad con la que una discusión entre conductores escaló hasta una amenaza con arma de fuego.

Los recientes episodios de violencia en las vías públicas no son hechos aislados.

En los últimos días también circularon otros dos videos que generaron preocupación.

En uno de ellos, ocurrido en las inmediaciones del peaje de la autopista Las Américas, dos conductores protagonizaron una confrontación en la que uno de ellos presuntamente amenazó al otro con un arma de fuego, hecho que es investigado por la Policía Nacional.

En otro audiovisual, un hombre desciende de su vehículo portando un arma y se dirige hacia otro automóvil donde viajaban mujeres y niños.

«No bajes el vidrio… hay niños», se escucha decir con angustia a una de las ocupantes mientras intenta evitar que la situación escale.

Otro de los casos que más conmocionó al país fue el asesinato de Deivy Carlos Abreu Quezada, conductor de un camión recolector de desechos, quien murió tras ser perseguido por un grupo de motoristas luego de un aparente incidente de tránsito en Santiago.

La investigación del Ministerio Público sostiene que la víctima fue acorralada hasta el parqueo del Palacio de Justicia, donde fue atacada con armas blancas.

Por el caso, siete motoristas enfrentan prisión preventiva, acusados de actuar de manera coordinada para perseguir y dar muerte al chofer.

A ese hecho se suma otro incidente ocurrido en Santo Domingo Oeste.

Una jueza impuso tres meses de prisión preventiva contra Gregrori Gelabert González, alias «Negro Malo», acusado de agredir física y verbalmente a Henry Yubane Arias González, conductor de un autobús del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), durante un altercado ocurrido tras un roce vehicular en el sector El Café de Herrera.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el imputado también agredió a la asistente del conductor, Ybianca Yinet Castillo, y a Wilkins Emergido, quien intentó grabar el incidente con su teléfono celular.

El hecho ocurrió mientras el autobús transportaba estudiantes, tres de los cuales entraron en pánico y descendieron del vehículo al presenciar la agresión.

El altercado, captado por las cámaras de seguridad del autobús, volvió a evidenciar cómo una diferencia cotidiana en la vía pública puede escalar rápidamente hacia la violencia.

Aunque ocurrieron en contextos distintos, todos estos casos tienen un elemento en común: conflictos cotidianos que terminaron convirtiéndose en expresiones de violencia extrema.

¿Qué está pasando con la forma en que los dominicanos enfrentan las diferencias?

Para el presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, Julio Ravelo Astacio, no se debe asumir automáticamente que estos comportamientos responden a un trastorno mental.

«Muchas personas creen que solamente hay agresión o acciones violentas cuando la persona tiene un trastorno mental franco. Pero no es así. La mayor parte de los actos agresivos y violentos, e incluso muchos feminicidios, son cometidos por personas que no tienen un trastorno mental ni han estado nunca en tratamiento psiquiátrico», explica.

El especialista considera que el país atraviesa un momento de creciente irritabilidad y baja tolerancia a la frustración.

«La gente se ha vuelto más irritable de la cuenta. Tolera menos cualquier ofensa, cualquier chiste o cualquier broma. Hoy día cuenta enormemente esa actitud tan agresiva que estamos teniendo frente al otro», afirma.

Ante ese panorama, Ravelo Astacio insiste en la necesidad de fortalecer la inteligencia emocional como una herramienta para enfrentar los conflictos sin recurrir a la violencia.

«Hace falta una inteligencia emocional que ayude a que la persona, cuando tenga que enfrentar un conflicto o una dificultad, analice primero y valore su respuesta. Porque en el asunto de un pleito no hay ganador. Si una persona muere, una familia queda destruida; y quien sobrevive probablemente termine en prisión durante muchos años. En ambos casos, las familias resultan profundamente afectadas», sostiene.

Para el especialista, cada reacción impulsiva puede desencadenar consecuencias irreparables.

La pregunta que queda abierta es cómo detener esa escalada antes de que una diferencia cotidiana vuelva a convertirse en una tragedia.

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Panorama

Envían al área de psiquiatría de Najayo a sargento acusada de matar a su hija en Manoguayabo

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El Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso tres meses de prisión preventiva contra la sargento mayor Glenny Tellería Alberto, acusada de causarle la muerte a su hija de 10 años con una pulidora eléctrica, en un hecho ocurrido el pasado sábado 18 de julio en el sector Batey Bienvenido, Manoguayabo.

La jueza Cecilia Toribio dispuso que la imputada cumpla la medida en el área de psiquiatría del Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo-Mujeres, en San Cristóbal, con el fin de que reciba atención médica especializada.

La decisión fue tomada luego de que el tribunal acogiera la solicitud de los fiscales de la Unidad de Procesamiento de Casos y de Delitos contra las Personas de Santo Domingo Oeste, quienes pidieron prisión preventiva como medida de coerción.

El abogado de la defensa, Yan Carlos Martínez, informó que su representada recibía tratamiento psiquiátrico y supervisión familiar desde 2022, y que se encontraba bajo medicación al momento del hecho.

El defensor pidió comprensión ante lo que calificó como una tragedia familiar y social, y llamó a la ciudadanía a prestar mayor atención a la salud mental.

Valoró además que el tribunal haya dispuesto que la mujer permanezca en un centro con atención médica especializada durante el proceso.

Según el expediente presentado por el Ministerio Público, el hecho ocurrió alrededor de la 1:30 de la tarde en la vivienda familiar de la calle Deni Moreta, cuando la imputada atacó a la menor dentro de su habitación con el equipo, causándole una herida en el cuello que le provocó la muerte.

El hermano de la acusada, Tony Alexander Eusebio Rodríguez Alberto, quien presenció parte de los hechos, relató que al escuchar gritos entró a la habitación y encontró a la mujer sobre la cama agrediendo a la niña, por lo que intervino y trasladó a la menor al Centro Médico Divina Misericordia de Manoguayabo, donde fue recibida sin signos vitales.

Agentes de la Policía Nacional arrestaron posteriormente a la mujer en flagrancia, mientras que el Ministerio Público calificó provisionalmente el hecho como una violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal dominicano.

Entre las pruebas recolectadas por la Policía Científica figuran la pulidora eléctrica utilizada, el acta de levantamiento de cadáver emitida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y testimonios de familiares y agentes actuantes.

Vía Listín Diario/Ramón Cruz Benzán

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