El jurista Miguel Valerio expresó que quienes se oponen a la propuesta de reducir el número de diputados en la reforma constitucional deberían reconsiderar su posición, señalando que la República Dominicana es un país pobre y con recursos muy limitados.
“Esto es un parlamento muy costoso y demasiado grande. Quien no esté a favor de esa reforma evidentemente tiene que revisarse”, expresó.
Explicó que la reducción del número de diputados permitirá una representación más acorde con el tamaño de cada provincia.
En su declaración, Valerio señaló que parlamentos de otros países, con poblaciones mucho mayores que la República Dominicana, son significativamente más pequeños.
Citó el caso de España, que tiene un parlamento de 380 diputados para una población de más de 45 millones de habitantes.
Sostuvo que, en comparación, la República Dominicana, con menos de 12 millones de habitantes, cuenta con una Cámara de Diputados de 190 representantes.
Acorde al jurista, esta discrepancia resalta la necesidad de ajustar nuestro sistema para lograr una representación legislativa más equilibrada y eficiente.
“Los diputados aquí tienen que disminuirse porque son demasiado. Incluso diría más, hasta el tema senatorial en algún momento podría desaparecer”, planteó.
En el marco de la discusión sobre la reforma constitucional para la reducción del número de diputados en la República Dominicana, el jurista subrayó la importancia económica de esta medida.
Valerio planteó que una reducción en el tamaño del parlamento no solo contribuirá a una representación más equitativa, sino que también generará significativos ahorros financieros.
En sus propias palabras, Valerio destacó: “eso es un ahorro importante, este es un país pobre y ese es un parlamento muy caro y nosotros también ahí coincidimos con el Presidente de que es la forma adecuada”.
Respecto a la unificación de las elecciones, el jurista expresó: “No hace sentido hacer unas elecciones en febrero y unas elecciones en mayo. Ni siquiera tiene un sentido lógico. O se dividen como estaban antes con dos años de separación o definitivamente se unifican”.
Valerio también externó su apoyo con la exclusión del procurador general de la República del Consejo Nacional de la Magistratura.
Afirmó que “nunca debió estar. De hecho, criticamos en el 2010 cuando ingresaron a un representante del Ministerio Público en Consejo Nacional de la Magistratura. No son funciones propias de él, es una persona dependiente del Poder Ejecutivo. Y adicionalmente, él es que somete acciones a los jueces, entonces cuando un procurador elige a sus jueces, eso es un problema, entonces ahí estamos totalmente de acuerdo con el Presidente”.
El jurista se refirió, además, a otro de los puntos abordados por el presidente Luis Abinader: la protección de la Constitución para prohibir definitivamente la reelección presidencial.
Valerio destacó que esta medida cumple con una promesa hecha durante la campaña electoral de Abinader, quien se comprometió a “poner un candado” a la Constitución para evitar modificaciones relacionadas con la reelección presidencial.
Refirió que Abinader también habló de un Ministerio Público independiente en las campañas de 2016 y de 2020 y esta iniciativa de reforma constitucional que presentó va en consonancia con esa promesa.
Consideró que el esfuerzo del Presidente de la República para evitar futuras reformas constitucionales relacionadas con la reelección presidencial es loable.
Expresó que la idea de limitar la reelección a un solo período adicional es un principio ideológico valioso.
Sin embargo, añadió que no está completamente de acuerdo con la inclusión de una cláusula pétrea o que no pueda ser reformada posteriormente, ya que esto podría generar problemas futuros.
Aunque reconoció las buenas intenciones de Abinader al querer asegurar que la Constitución no se modifique nuevamente para una reelección presidencial, Valerio manifestó sus reservas sobre la incorporación de esta disposición de manera “petrificada”.
Explicó que “hay que tener mucho cuidado al manejar el tema de petrificar en la Constitución algo que luego podría resultar difícil de modificar”.
En cuanto a la independencia del Ministerio Público, expresó que difiere de la propuesta del primer mandatario.
Aclaró que, aunque está de acuerdo en que el Ministerio Público deje de formar parte del Consejo Nacional de la Magistratura, considera que no es lógico que los jueces elijan al Ministerio Público.
A su consideración es el Presidente de la República quien tiene que designar al Ministerio Público en su mandato constitucional.
