El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), inició con representantes de 121 entidades públicas, privadas y de la sociedad civil, el proceso de consulta nacional de cara a la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Vial 2025-2030, previsto a presentarse en mayo de este año.
 
El espacio de diálogo quedó abierto durante una reunión multisectorial, encabezada por Alba María Ropero, representante Nacional OPS/OMS, Milton Morrison, director ejecutivo del Intrant, en la que participaron representantes que inciden en la seguridad vial en el país: gobierno, sector privado, sector salud, sociedad civil, universidades, juntas de vecinos, medios de comunicación, y transportistas.
 
«Las muertes y lesiones causadas por el tránsito, afectan especialmente a la población económicamente activa, donde aproximadamente dos tercios de las víctimas son usuarios de motocicletas, en su mayoría hombres con edades entre los 15 y 29 años. Los costos económicos representan para el Estado (aproximadamente 2.21 % del PIB) e incrementa los niveles de pobreza», indicó la representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
 
Ropero felicitó al país, especialmente al Intrant por este importante esfuerzo,en desarrollar un proceso participativo y generar los mecanismos para la sensibilización nacional en todos sus niveles, alrededor de un problema de tanta prioridad para el país.
 
De su lado, Milton Morrison aseguró que la participación de los sectores propiciará un entendimiento más profundo para el proceso metodológico de construcción del PENSV 2025-2030, que consiste en dos consultas nacionales: la primera de diseño del Plan y otra de priorización de grandes líneas estratégicas.
 
“Los animamos a traer a estas mesas de trabajo, sus aspiraciones, preocupaciones y expectativas; hagamos de este intercambio un ejercicio enriquecedor, para juntos y juntas salvar vidas y reducir las muertes por accidentes de tránsito”, instó el funcionario.
 
De esta primera reunión llevada a cabo en las instalaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), también participaron el Senador por la provincia Santiago Rodríguez, Antonio Marte; Oscar Almánzar, presidente de FENAMOTO, William Pérez Figuereo, presidente de la CNTU; el magistrado Fernando Quezada, de la Procuraduría General de la República y miembro del CODINTRAN; Rosa Urania Abreu, consultora de la OPS/OMS, representantes del Ministerio de la Presidencia, DIGESETT, MEPYD,MINERD, entre otros.
 
La elaboración del PENSV 2025-2030 cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), y será guiado por Henry Hernández, consultor externo colombiano, quien trabajó por varios años en la OPS/OMS República Dominicana.
 
Consultas
Las consultas se desarrollarán mediante seis mesas temáticas de trabajo, a saber: Institucionalidad; Información; Educación; Fiscalización; Movilidad; y Atención.
 
De igual forma, se llevarán a cabo cuatro regionales, en las regiones: Este, Sur, Cibao Central y Cibao Norte, y tendrán lugar en lo que resta de este mes de febrero de 2025, y en la primera mitad de marzo, con el objetivo de contextualizar el Plan a las particularidades de las grandes regiones del país.
 
Las mesas temáticas serán coordinadas y dirigidas por técnicos de la Organización Panamericana de la Salud y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
 
De igual forma, el proceso incluye consultas específicas, más a profundidad con el sector público, en un segundo momento; con motociclistas en un Foro Nacional, que tendrá lugar a mediados de marzo; y con juntas de vecinos, a fin de contar con las propuestas de todos los sectores posibles.
 
El PENSV 2025-2030 pondrá en el centro a los usuarios vulnerables de las vías. Y, por esa razón, se harán consultas con niños, niñas y adolescentes; jóvenes; padres y madres; y personas con discapacidad.
 
El Pacto Nacional por la Seguridad Vial, rubricado el pasado 18 de noviembre de 2024, por el presidente de la República, Luis Abinader, junto a 121 entidades públicas, privadas y de la sociedad civil, establece un marco de acción para la formulación de este plan, comprometiéndose el país a reducir las muertes y traumatismos debidos al tránsito en mínimo un 50 %, durante este período.