Una nueva sentencia del Tribunal Constitucional ha generado un fuerte impacto en el accionar de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), al establecer que esta institución no tiene la facultad legal de retener vehículos sin la existencia de una orden judicial o un proceso penal en curso.

Durante años, numerosos ciudadanos han denunciado la retención de sus vehículos por parte de agentes de tránsito, incluso en situaciones que no involucraban delitos ni faltas graves.

Esta práctica, según el alto tribunal, constituye una violación al derecho fundamental de propiedad.

La sentencia señala que ninguna institución del Estado puede actuar al margen de la Constitución, y mucho menos afectar los bienes de los ciudadanos sin el debido proceso.

La retención arbitraria de vehículos se considera, en este contexto, un abuso de poder y una medida desproporcionada.

El fallo establece un precedente claro: solo un juez puede autorizar la incautación o retención de un vehículo, salvo en casos muy específicos donde la ley lo permita expresamente y exista una causa penal justificada.

Este pronunciamiento también abre la puerta para que los ciudadanos afectados recurran al recurso de amparo como vía efectiva para recuperar sus vehículos cuando han sido retenidos de manera indebida.

El dictamen del Tribunal refuerza la necesidad de actuar dentro del marco constitucional y representa un llamado de atención a las autoridades para que respeten los límites de sus competencias.

Además, sienta las bases para un cambio en la cultura institucional de tránsito, enfocada en la legalidad y el respeto a los derechos ciudadanos.

La Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó este martes cuatro contratos de préstamos que suman un total de 275 millones de dólares, destinados a financiar proyectos en áreas clave como salud pública, energía eléctrica, saneamiento y gestión de desastres naturales. Estas iniciativas buscan fortalecer la infraestructura y los servicios esenciales del país.República Dominicana gastronomía

Detalles de los préstamos aprobados

Emergencias por desastres naturales y salud pública
Se aprobó una modificación y ampliación de un préstamo existente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), añadiendo 100 millones de dólares al convenio original de 300 millones.

Este fondo contingente está destinado a responder eficazmente a emergencias derivadas de desastres naturales y crisis de salud pública .
Prevención y gestión de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT)

Un préstamo de 50 millones de dólares, también con el BID, financiará proyectos para fortalecer el sistema de salud en la prevención y manejo de enfermedades como la diabetes y las cardiovasculares. La ejecución estará a cargo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) y el Servicio Nacional de Salud (SNS) .

Mejora de redes de distribución eléctrica
La Corporación Andina de Fomento (CAF) otorgará un préstamo de 75 millones de dólares para mejorar las redes de distribución eléctrica. Este proyecto será implementado por las empresas distribuidoras Edesur, Edeeste y Edenorte, con el objetivo de optimizar el suministro eléctrico en diversas regiones del país .

Saneamiento en zonas costeras y turísticas
Un préstamo de 50 millones de dólares, facilitado por el Instituto de Crédito Oficial de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), financiará programas de saneamiento en localidades costeras y turísticas. El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) será el encargado de ejecutar estos proyectos .

Reacciones en el Congreso
Estos préstamos fueron aprobados con el respaldo de los legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados. Sin embargo, los partidos de oposición expresaron su desacuerdo, cuestionando la transparencia y la eficacia en la utilización de los fondos provenientes de endeudamientos anteriores. Los contratos ahora pasarán al Senado para su revisión y eventual aprobación final .

La aprobación de estos préstamos refleja el compromiso del gobierno en abordar desafíos críticos en salud, energía y medio ambiente, buscando mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fortalecer la resiliencia del país ante futuras contingencias.