La Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adopae) expresó su preocupación por ciertos aspectos del Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, el cual se encuentra en proceso de revisión en el Congreso Nacional.

Aunque la ley promete modernizar el marco legal de la comunicación pública, la entidad advierte que ciertas disposiciones podrían poner en peligro la libertad de prensa y abrir puertas a posibles controles políticos sobre los medios.

El proyecto legislativo busca reemplazar la obsoleta ley 6132 de 1962, alineándose con principios constitucionales, tratados internacionales y leyes recientes, como la Ley de Cláusula de Conciencia (Ley 38-24). Sin embargo, Adopae señala que algunas de sus propuestas, de no ser revisadas, podrían generar efectos adversos en el ejercicio del periodismo libre.

«La ley, aunque ambiciosa y necesaria, presenta elementos que podrían facilitar la autocensura, limitar la libertad de expresión e incluso promover un control político sobre los medios», expresó la institución vía una nota de prensa.

La organización hizo hincapié en que, si bien valora avances como el reconocimiento del secreto profesional y la prohibición de la censura previa, algunas disposiciones resultan preocupantes.

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Uno de los puntos más controversiales es el otorgamiento de poder excesivo al Instituto Nacional de las Comunicaciones (Inacom), que, según Adopae, «a pesar de su carácter autónomo, tiene una fuerte influencia del Poder Ejecutivo y del Senado, lo que pone en duda su independencia».

La concentración de atribuciones en esta entidad, sumada a un amplio régimen de sanciones administrativas, podría convertirse en un mecanismo de presión contra los medios que se desmarcan del discurso oficial.

«Nos preocupa que la posibilidad de suspender medios por ‘supuestas infracciones de contenido’ se convierta en una herramienta para silenciar voces críticas», destacó el comunicado de la academia. Además, Adopae cuestionó la obligatoriedad de revelar la identidad de los comunicadores que trabajen bajo seudónimos o anonimato.

«Esta medida podría exponer a los periodistas, especialmente aquellos que trabajan en contextos adversos, y vulnerar la libertad de expresión», añadió el vocero.

La entidad también mostró su inquietud por la ambigüedad de algunos artículos en relación con la protección de la intimidad, la dignidad y la moral pública, pues estos podrían dar lugar a interpretaciones restrictivas que afecten la labor periodística.

«El derecho a la información y el trabajo de los periodistas no debe ser condicionado por interpretaciones subjetivas de la ley», subrayó Adopae.

En cuanto a la reforma, la academia instó a todos los sectores implicados —el Congreso Nacional, gremios periodísticos, universidades y la sociedad civil— a involucrarse activamente en la revisión del proyecto.

«Es crucial que se garanticen mecanismos efectivos de contrapeso institucional, que se asegure el debido proceso en las sanciones y que se refuercen las garantías para el ejercicio libre y plural del periodismo», concluyó el comunicado.

Adopae reitera que el objetivo de cualquier reforma en materia de comunicación debe ser fortalecer el derecho de la ciudadanía a estar informada, sin interferencias ni censura, y no permitir que se convierta en un instrumento de control político.