Panorama
Estas son las modificaciones a proyecto de ley de alquileres
La Cámara de Diputados aprobó este viernes en segunda lectura el proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles, una pieza que fue modificada por los legisladores tras las observaciones de varios sectores sociales que rechazan algunos artículos de la propuesta.
Cuando se aprobó en primera lectura, el 25 de junio, el proyecto de alquileres fue objeto de críticas porque imponía serias reglas contra los propietarios y ataduras en los contratos de renta.
Antes de aprobarlo en segunda lectura, los diputados modificaron el artículo ocho del proyecto y le agregaron un párrafo para especificar que el reajuste del precio de alquiler, para fines de aumento de la tarifa, estará sujeto al acuerdo entre las partes y que, en el caso de las viviendas, el monto no debe exceder el 10 % del monto de la renta.
Otro cambio dispuesto en el proyecto recae sobre el artículo 13, en el que ahora se exige un monto no mayor de tres depósitos del alquiler. En el proyecto original sólo se exigían dos depósitos.
En el mismo artículo se agregó un párrafo para que, en el caso de los inmuebles comerciales, los depósitos sean acordados entre las partes, sin ninguna atadura.
Otra modificación que introdujeron los diputados es que al término del plazo fijado en los contratos de alquiler, los propietarios y los inquilinos podrán acordar otro plazo para su renovación.
Además, especificaron, en el artículo 10, que el incumplimiento de pago del alquiler es una causa para que el contrato de renta finalice y quede cancelado.
Otra modificación que introdujeron los diputados es que al término del plazo fijado en los contratos de alquiler, los propietarios y los inquilinos podrán acordar otro plazo para su renovación.
Además, especificaron, en el artículo 10, que el incumplimiento de pago del alquiler es una causa para que el contrato de renta finalice y quede cancelado.
Los bancos y los depósitos
La iniciativa que se aprobó en primera discusión establecía que los depósitos serían guardados en cualquier banco comercial cercano al inmueble, pero ahora se cambió ese aspecto para que los fondos solo se resguarden en el Banco Agrícola y en el Banco de Reservas -con un acuerdo previo entre las partes- y que, además, las entidades financieras no estén obligadas a conservar contratos de renta, como lo estipulaba el proyecto original.
La pieza conocida en primera lectura obligaba a los propietarios a que, en caso de vender el inmueble, la propiedad se ofrezca primero al inquilino que vive allí, pero ahora se eliminó esa posibilidad.
A favor de los inquilinos
Los diputados también modificaron el numeral cuatro del artículo 24 para precisar que los inquilinos sólo estarán obligados a pagar las reparaciones en las propiedades si los daños ocurrieron por el uso o disfrute del inmueble. En la pieza original no quedaba detallado.
En ese sentido, también se eliminó el artículo 27 del proyecto, que establecía que los daños a las propiedades debían correr por cuenta de los inquilinos o arrendatarios.
Los desalojos
El artículo 45 del proyecto fue cambiado para que las sentencias judiciales vinculadas a los alquileres se hagan siguiendo la Ley 396-19, sobre el uso de la fuerza pública.
En el proyecto original se disponía que los propietarios, abogados o alguaciles que ejecuten desalojos sin el trámite judicial correspondiente, irían a la cárcel hasta por cinco años. Sin embargo, el cambio en el proyecto aclara que cualquier acto de desalojo se hará usando la ley de otorgamiento de la fuerza pública.
Va al Senado
El proyecto de ley de los alquileres, que es autoría de Alfredo Pacheco, ahora va al Senado para el mismo trámite de estudios y una posible aprobación en dos lecturas.
Vía Diario Libre
Panorama
Dictan coerción a joven por amenazar en redes sociales a embajador Bartolomé Pujals
A solicitud del Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso medidas de coerción contra un hombre investigado por amenazar a través de perfiles falsos en redes sociales a Bartolomé Pujals, embajador de la República Dominicana ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
La jueza Cecilia Toribio dispuso que el imputado, identificado como Marvin Dariel Acosta, de 24 años, cumpla con el pago de una garantía económica de RD$25,000 mediante contrato de fianza, además de presentación periódica durante seis meses ante el órgano investigador.
Rastreo digital y amenazas
Acosta fue identificado tras una labor conjunta entre la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), a través de su División de Investigaciones de Delitos Informáticos (DIDI).
Durante las pesquisas, las autoridades documentaron los mensajes hostiles dirigidos al embajador Pujals desde cuentas falsas, entre los que figuran expresiones como: “¡Cuídese, que voy por usted, es su cabeza que quiero!” y “¡Ya le llegó su hora!”.
El joven fue arrestado en su residencia, ubicada en el municipio de Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo, en ejecución de la orden judicial núm. 2026-AJ0083675. Sobre las motivaciones del hecho, el investigado declaró que no conocía personalmente al diplomático.
Calificación jurídica
Previo a la decisión del tribunal, el Ministerio Público había solicitado la imposición de las medidas establecidas en el artículo 226 (numerales 1, 3 y 4), que contemplan garantía económica, sometimiento al cuidado y vigilancia de una persona o institución determinada y presentación periódica.
De manera provisional, el órgano persecutor otorgó al expediente la calificación jurídica de violación al artículo 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que tipifica la suplantación de identidad, así como a los artículos 305 y 306 del Código Penal Dominicano, que sancionan el delito de amenaza.
Panorama
El Gran Santo Domingo perderá 9 diputados para las elecciones de 2028
La provincia de Santo Domingo sería la apuntada a perder más diputados de cara a las próximas elecciones del año 2028, según un borrador de resolución que la Junta Central Electoral (JCE) compartió con los partidos políticos para “fines de consulta”.
Ocho de los 20 diputados que la reforma constitucional del año 2024 mandó a eliminar saldrían de Santo Domingo, en la nueva repartición de los 158 escaños territoriales de la Cámara de Diputados, en el documento que la JCE mandó a los partidos políticos y al cual este medio tuvo acceso.
Aunque aún resta escuchar la posición de los partidos políticos, en caso de aprobarse la resolución Santo Domingo pasaría de 43 a 35 legisladores, siendo la más afectada, pero no la única.
Reseña el Listín Diario que el borrador de la JCE propone disminuir también los diputados del Distrito Nacional (de 18 a 17), Santiago (de 18 a 17), San Cristóbal (de 10 a 9), La Vega (de 7 a 6) y Puerto Plata (de 6 a 5).
Además, también serían afectadas San Pedro de Macorís y La Altagracia, pasando de cinco a cuatro diputados; Azua, de cuatro a tres; Barahona, Sánchez Ramírez, Valverde y María Trinidad Sánchez, de tres a dos.
En términos generales, la mayoría de provincias afectadas perderían solo un diputado, a excepción de Santo Domingo que se le restarían ocho.
La cuenta
La reforma de 2024 dispuso la reducción de 178 a 158 los diputados elegidos por circunscripción territorial y cambió la base del reparto, indicando que ya no se usa el censo, sino el padrón.
Con los cinco diputados nacionales y los siete del exterior, la Cámara quedaría en 170 miembros.
La Primera Disposición Transitoria de la Constitución, citada en el documento, obliga además a usar para 2028 el padrón de las elecciones de mayo de 2024. Ese registro sumaba 8,145,548 electores.
La JCE descontó los 863,785 inscritos en el exterior, que solo votan por sus siete representantes, y trabajó con 7,281,763. Divididos entre 158 escaños, arrojan un factor de 46,087 electores por diputado.
La regla para aplicarlo está en el párrafo tres del primer resuelve: “serán tantos los representantes asignados a cada demarcación como las veces que el cociente se encuentre contenido en la población electoral registrada para cada una”, es decir, los decimales se descartan, no hay redondeo.
A partir de lo que propone la JCE, aquí se ven casos como los de la provincia San Pedro de Macorís, con 229,372 electores, que obtiene un cociente de 4.98, faltando 1,063 votantes inscritos para conservar su quinto diputado.
También está Barahona que marca 2.95 y se queda con dos, situación que pudo haber cambiado de tener 2,518 electores, lo que les pudo haber sumado un tercer legislador.
La otra parte del artículo 81 dispone que los escaños se distribuyan “sin que en ningún caso sean menos de dos representantes por cada provincia”.
Doce provincias no llegan a dos veces el cociente y aun así reciben dos. Pedernales es el extremo: 19,720 electores y un cociente de 0.42.
Los partidos tendrán un “plazo hasta quince 15 días, que vence el veintiséis 26 de noviembre de 2026, a las 4:00 de la tarde”, para presentar por escrito sus “observaciones, reparos o pareceres”, según la comunicación firmada por el secretario general de la JCE, Sonne Beltré Ramírez.
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